Redacción.- Sevilla (España), jueves 28 de julio de 2022. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha publicado este jueves, dentro de la campaña «Vidas Sin Rastro» a la que se han adherido más de un centenar de organizaciones, un documento informativo sobre la gestión de las emigraciones en la frontera sur, destinado a las familias de los inmigrantes ilegales muertos o desaparecidos, intentando alcanzar la costa española.
El objetivo del documento es «contrarrestar la opacidad con la que el Gobierno de España gestiona las emigraciones en la frontera sur y evitar que esta falta de transparencia fomente y se utilice para traficar, con fines lucrativos, con la información en perjuicio de los derechos de las familias».
Así, en este documento se informa sobre qué ocurre con los inmigrantes ilegales desde que son recogidos por Salvamento Marítimo hasta que pueden ser puestas en libertad o internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
También se facilitan teléfonos y correos electrónicos, tanto de las comisarías de Policía Nacional, como de diversas entidades que trabajan en el terreno con las personas migrantes.
La APDHA, aludiendo a los problemas con que se encuentran las familias a la hora de interponer una denuncia por la desaparición, hace hincapié en que los Estados tienen la obligación de activar los mecanismos necesarios para la búsqueda, averiguación y localización tras la denuncia. «Es un principio del derecho internacional y garantía de los derechos humanos que ha de ser respetado en todo momento, es por tanto en una obligación», afirma.
La organización pro inmigración denuncia que los acuerdos de las autoridades con los países de origen, tránsito y destino tienen en el centro, exclusivamente, el control migratorio y no el respeto por los derechos humanos, «ni se implican de forma real» para dar una respuesta adecuada en la «!desaparición» de los inmigrantes ilegales «en movimiento».
Un ejemplo de ello, argumenta, es la respuesta del ministro del Interior del Gobierno de España tras, la tragedia del pasado 24 de junio en la frontera de Melilla y Marruecos, en cuyo suceso murieron al menos 27 inmigrantes ilegales -según dado de las autoridades marroquíes- y 37 muertos -según datos de las ONG-, en su mayoría de origen Sudán (África), y se tiene la constancia de la desaparición de otras 64, -según ONG como Asociación Marroquí de Derechos Humanos» de Nador (Marruecos).
La entidad declara que «es inaudito que la información sobre los protocolos de búsqueda de personas en la frontera sur dependa de la voluntariedad del funcionariado o de las ONG que trabajan en el terreno ante la desidia de la Administración, por lo que se sigue demostrando el sesgo racista y xenófobo de las políticas migratorias y que para quienes gobiernan todas las vidas no valen lo mismo».
Se refiere así la organización al trabajo que muchas organizaciones llevan haciendo para localizar a las personas desaparecidas o fallecidas en los numerosos naufragios que desde 1988 ha costado la vida al menos a más de 12.208 personas.
La campaña «Vidas Sin Rastro» se lanzó el pasado 10 de mayo donde además de un manifiesto apoyado por más de un centenar de organizaciones en el que se exponían las trabas burocráticas y dificultades a las que se enfrentan las familias para localizar a sus seres queridos en la frontera sur española.
El manifiesto de denuncia incluye siete propuestas, basadas en el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, derivados de los pactos y acuerdos internacionales, tales como la creación de una oficina que asegure una atención integral en la denuncia, búsqueda, localización e identificación de personas fallecidas o establecer un protocolo específico de actuación para el banco de ADN, en coordinación y cooperación con los países de origen, por ejemplo.
Por último, se envió una queja al Defensor del Pueblo Español, acompañada de las medidas señaladas para evitar la desprotección institucional e instando a cumplir los pactos y acuerdos internacionales que garanticen los derechos esenciales que afectan a la dignidad humana, los derechos post mortem de quienes han fallecido y el derecho a conocer la verdad que ampara a las familias.
