Gobierno de Rajoy: “Si los Mossos hubieran cumplido el 1-O no se hubiese celebrado”

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), TRIBUNAL DEL PROCÉS, 04.03.2019. Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo durante la declaración del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto. Efe.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Lo ha dicho este lunes ante el Tribunal del Procés. El ex número dos del exministro de Interior del Gobierno del expresidente Mariano Rajoy, José Antonio Nieto, ha señalado que las protestas del 20-S supusieron un “punto de inflexión”, ya que la ausencia de antidisturbios de los Mossos creó en los concentrados frente a la Consellería de Economía la sensación de que “no había límites”, hasta el punto de que llegaron a “destrozar” los coches de la Guardia Civil, en una muestra “importante” de la violencia que allí se dio, por lo que temió por la seguridad de la comitiva judicial. En este sentido, ha advertido de que la “alineación” del mayor Josep Lluís Trapero -pendiente de ser juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional- con el Govern era “total”, aunque confiaron en que los demás mandos de los Mossos no darían la “espalda” a la orden de impedir el 1-O, si bien “desgraciadamente no fue así”. Madrid (España), martes 5 de marzo de 2019. 

El ex número dos de Interior José Antonio Nieto ha cargado hoy en el Supremo contra los Mossos d’Esquadra, ya que cree que su inacción fue clave para poder celebrar el 1-O, lo que desató el “peor escenario” y obligó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a aplicar el “mínimo imprescindible” uso de la fuerza.

En la testifical más larga hasta el momento en el juicio a la cúpula del “procés”, el ex secretario de Estado de Seguridad ha asumido la responsabilidad del dispositivo para impedir el referéndum y ha desvelado que tres días antes ofrecieron sin éxito al Govern de Carles Puigdemont que se simulara una votación “en plazas o lugares abiertos”, para reconvertirlo en una movilización independentista.

A diferencia del expresidente Mariano Rajoy y del exministro Juan Ignacio Zoido, que se desentendieron del dispositivo del 1-O, Nieto ha asumido la responsabilidad última de su puesta en marcha.

Ha negado que hubiese directrices políticas, ni de ninguna otra instancia, para que a partir del mediodía, cuando las imágenes de votantes ensangrentados llenaban los informativos, los agentes dejaran de utilizar la fuerza, como habían hecho hasta entonces sin que “técnicamente” se hubiesen producido cargas.

Nieto ha denunciado la “ineficacia” y ausencia” de los Mossos, ya que a su juicio “no tenían el más mínimo interés” en coordinarse con las fuerzas de seguridad de Estado ni en cumplir las órdenes judiciales para impedir el 1-O, por lo que la Policía Nacional y la Guardia Civil se quedaron solas ante un “nivel de resistencia mayor” al previsto de los favorables al referéndum, lo que desembocó en algunas situaciones de “violencia”.

“Si los Mossos de forma clara y evidente hubieran manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum no se hubiese celebrado, estoy convencido de que se habría desconvocado”, ha asegurado Nieto, que no ha dado legitimidad a la votación.

En este sentido, ha advertido de que la “alineación” del mayor Josep Lluís Trapero -pendiente de ser juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional- con el Govern era “total”, aunque confiaron en que los demás mandos de los Mossos no darían la “espalda” a la orden de impedir el 1-O, si bien “desgraciadamente no fue así”.

Nieto ha señalado que las protestas del 20-S supusieron un “punto de inflexión”, ya que la ausencia de antidisturbios de los Mossos creó en los concentrados frente a la Consellería de Economía la sensación de que “no había límites”, hasta el punto de que llegaron a “destrozar” los coches de la Guardia Civil, en una muestra “importante” de la violencia que allí se dio, por lo que temió por la seguridad de la comitiva judicial.

Ha reconocido la derrota del Gobierno en el relato del “procés” y ha admitido que los independentistas consiguieron que se diera la vuelta a la realidad, hasta el punto de que se distorsionó “lo normal”, que es que la Policía actúe para evitar un delito y que el resto de los ciudadanos acaten y respeten esa actuación policial.

En la primera sesión en que no han podido comparecer por falta de tiempo todos los testigos citados -cinco de nueve-, ha intervenido también el presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha defendido la actuación de su antecesora, Carme Forcadell -acusada de rebelión-, ya que está convencido de que “no podía hacer otra cosa que admitir a trámite las propuestas” de los grupos “sí o sí”.

De haberse encontrado en su misma situación, Torrent ha precisado que hubiese hecho lo mismo porque lo que se trató con las denominadas leyes de desconexión el 6 y 7 de septiembre de 2017 era de permitir que los ciudadanos de Cataluña pudiesen “decidir libremente su futuro” y ha asegurado: “Tengan presente que volveremos a votar”.

Pese a ello, ha reconocido que la Ley de Transitoriedad nunca fue efectiva, sino que pretendía buscar una “solución política”, buscar un espacio de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, crear un “espacio multilateral” en el ámbito de la Unión Europea y dar seguridad a los ciudadanos y de las instituciones catalanas.

Por el contrario, el entonces vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament Jose María Espejo-Saavedra (Cs), ha asegurado que sus compañeros independentistas en este órgano manifestaban que “no tenían por qué hacer caso a las advertencias del Constitucional”, ya entendían que el tribunal “no estaba por encima de las mesas de los Parlamentos”.

Espejo-Saavedra ha criticado la tramitación “irregular” de las leyes de desconexión por parte de los grupos independentistas, en la que ha dicho que “se decidió suprimir todos los trámites” y se “retorció” el reglamento de la cámara, siguiendo un “plan” establecido, frente al que los grupos constitucionalistas “se dejaron la piel” para que no prosperara.

En la misma línea, el entonces secretario segundo de la Mesa David Pérez (PSC) ha resaltado que había una advertencia “severa” por parte del Constitucional para que no tramitaran iniciativas del plan secesionista y ha sostenido que la Mesa lo tendría que haber acatado.

Han corroborado este criterio el ex letrado mayor del Parlament Antonio Bayona y el secretario general Xavier Muro, quienes han sostenido que la Mesa tenía que impedir la tramitación de las iniciativas en los casos en que su contradicción con la ley fuese “palmaria y evidente”.

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