Efe – El Ejecutivo también han subrayado que el derecho de participación política «no es un derecho ilimitado» y que Sánchez, pese a estar en prisión preventiva investigado por delitos «de especial gravedad», ha podido presentarse a las elecciones autonómicas, ha obtenido un escaño como diputado, y el Juez de Instrucción le ha autorizado a emitir su voto a través de otra persona en los plenos celebrados hasta la fecha en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, los derechos políticos de Sánchez, «están siendo garantizados, con las limitaciones inherentes a su situación de preso preventivo», han concluido. Madrid (España), martes 27 de marzo de 2018. Fotografía: En la imagen, el Político Preso secuestrador de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Jordis (Jordis Sánchez) de la entidad hispanófoba ‘Asamblea Nacional Catalana’ (ANC). Archivo Efe
El Comité de Derechos Humanos de la ONU no ha tomado ninguna decisión sobre la denuncia presentada por el diputado de JxCAT Jordi Sánchez, tan sólo la ha aceptado a trámite y ha pedido al Gobierno que presente su versión de los hechos que se estudian, han explicado fuentes del Ejecutivo.
«Por tanto, la admisión de esta comunicación no prejuzga la actuación del Gobierno ni del Poder Judicial, ni determina la adopción de medidas concretas», han subrayado las fuentes, quienes aseguran que «será debidamente respondida» en el plazo establecido de seis meses.
El Ejecutivo ha respondido así a las afirmaciones vertidas ayer por el abogado de Sánchez en las que daba a entender que el Consejo de Derechos Humanos respaldaba su denuncia y daba instrucciones al Gobierno para que tome las medidas necesarias para que Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos.
En respuesta, las fuentes han explicado que el requerimiento del órgano de la ONU se limita a detallar los argumentos planteados por el también expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), en prisión preventiva desde el pasado mes de octubre, y concede al Gobierno español seis meses para responder.
El propio Comité de Derechos Humanos ha explicado que el requerimiento y la petición de que el Gobierno español garantice los derechos políticos de Sánchez «no implica que se haya tomado una decisión sobre la sustancia».
Además, «la indicación de la adopción de medidas que formula el Comité no es vinculante, ni puede afectar a resoluciones judiciales», han subrayado las fuentes.
Asimismo recuerdan que la restricción de los derechos políticos de Sánchez, ha sido adoptada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y que el Gobierno «no puede, en modo alguno, interferir en las resoluciones judiciales dictadas».
La fuentes también han subrayado que el derecho de participación política «no es un derecho ilimitado» y que Sánchez, pese a estar en prisión preventiva investigado por delitos «de especial gravedad», ha podido presentarse a las elecciones autonómicas, ha obtenido un escaño como diputado, y el Juez de Instrucción le ha autorizado a emitir su voto a través de otra persona en los plenos celebrados hasta la fecha en el Parlamento de Cataluña.
Por tanto, los derechos políticos de Sánchez, «están siendo garantizados, con las limitaciones inherentes a su situación de preso preventivo», han concluido.
