Efe.- Madrid (España), miércoles 7 de julio de 2021. La Policía ha certificado la existencia de indicios de un presunto espionaje al fundador de Wikileaks Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, dónde estuvo refugiado varios años, mientras mantenía reuniones con su equipo de abogados, liderado por el exjuez Baltasar Garzón, o con otros visitantes.
Así consta en un oficio policial, al que ha tenido acceso Efe, en el que se analiza la información contenida en dos dispositivos de memoria USB que fueron entregados el pasado año al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por un testigo protegido en esta causa.
Este procedimiento se abrió al ser admitida una querella de Assange contra la empresa entonces responsable de la seguridad privada de la embajada de Ecuador en Londres (UC Global), y su propietario, David Morales, que está imputado.
La Policía explica en su informe que lo que expone «es el resultado del análisis de los USBs que entregó el Testigo Protegido-1 y que de momento no se ha podido comprobar si estos archivos se encuentran entre el material intervenido en los registros que se realizaron en la empresa UC GLOBAL», material del que anuncian que, «una vez se analice», informarán al juez «oportunamente».
De los archivos ahora analizados, el informe concluye que en el interior de la embajada había 7 cámaras con micrófonos y que contaban con un sistema de streaming que se realizaba directamente al NVR (Network Video Recorder).
También que se «grabaron diferentes vídeos con sonido de Julián Assange reunido con diferentes personas» y también «archivos de audio».
De hecho asegura que se elaboraron informes de reuniones «con diferentes personas e incluso en algunos se cita lo hablado en ellas», y un informe grafológico de Assange (estudio de la personalidad en el momento presente) por parte de la empresa UC GLOBAL.
Concluye también la Policía que se hicieron «copias de la documentación de las personas que David Morales indicó a los operadores de la empresa UC GLOBAL S.L, entre ellos Baltasar Garzón», y de otros abogados de su despacho como Aitor Martínez, así como de «los doctores que asistían a Julián Assange», de cuyas visitas también se elaboró «algún informe».
Las pruebas aportadas confirmarían además que se revisaron los mensajes de WhatsApp del móvil de Charles C Thonson, y que se fotografiaron los dispositivos móviles y las tarjetas SIM de la periodistas italiana Stefania Maurizi.
También la existencia de vídeos sobre las reuniones que mantuvieron en la embajada Assange y Romy Vallejo (Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador), y de informes de las visitas de personas procedentes de Estados Unidos, de los que se adjuntaron fotos de los pasaportes de éstas, como por ejemplo del congresista norteamericano Dana Tyrone Rohrabacher, «siguiendo las indicaciones de David Morales».
Constan asimismo otros informes a los que aludía la querella, como el de una reunión que mantuvieron en Madrid en 2017 Baltasar Garzón y Rafael Correa, al que se le realizó un seguimiento desde el aeropuerto de Madrid hasta supuestamente el domicilio del exjuez, aportando fotografías del encuentro. También uno que se redactó en inglés del exlíder de Podemos Pablo Iglesias.
Entre el material aportado se encuentra asimismo un documento de pago de diez mil euros a la entonces responsable de seguridad de la embajada Gabriela Paiz Jérez, «pero este documento carece de firma». observa la Policía.
La querella expone las sospechas de que Morales pagaba 20.000 euros al mes en metálico a Páliz para evitar que hiciera «reportes negativos» sobre UC.
En cuanto a «los movimientos de dinero», la Policía indica al juez que en «una de las cuentas se ha encontrado un ingreso de 10.000 € procedente de USA del año 2016 en concepto de trabajos».
