Efe.- Madrid (España), miércoles 17 de noviembre de 2022. La fuerte polémica que mantienen el Ministerio de Igualdad y representantes de la judicatura española debido a la revisión a la baja de algunas condenas por crímenes sexuales tras la aprobación de la ley del «solo sí es sí» vive este jueves un nuevo capítulo en el Senado.
En la Cámara Alta han coincidido hoy tanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como la ministra de Igualdad, Irene Montero. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han pedido incluso la dimisión de la ministra.
Montero y los miembros de la judicatura se han vuelto a ver las caras en la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género tras las acusaciones de «machismo» de Igualdad a los jueces por el goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales que se han dado a conocer en las últimas horas en aplicación de la nueva ley.
Los jueces, por el contrario, defienden que la rebaja de las condenas impuestas a algunos agresores sexuales son el resultado de la aplicación estricta de la nueva normativa.
El fiscal general garantiza la protección a las víctimas al revisar condenas
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ratificado en la inauguración del Congreso que la modificación de tipos penales en los delitos sexuales conlleva «como cualquier otra reforma» revisión de condenas y ha garantizado que la Fiscalía, ante cada caso, realizará su trabajo con vocación de proteger a las víctimas y «claro respeto a los principios constitucionales».
La ministra confió ayer en que la Fiscalía emita una circular para unificar criterios, pero en su intervención García Ortiz, que ha subrayado la necesidad de fomentar la confianza en la Justicia, no ha hecho mención a ella.
Sí ha destacado que la violencia sexual está entre los focos de atención de la Fiscalía por el «inmenso daño» que causa especialmente en mujeres y niñas.
A su juicio, la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como del solo sí es sí, ha supuesto un cambio de paradigma al incluir el consentimiento como eje, en linea con los postulados del Convenio de Estambul.
Polémica sobre si hubo o no advertencias previas
Los responsables del CGPJ han recordado que en un informe que elaboró este órgano, contrario al anteproyecto de ley del «solo sí es sí», ya se advertía de que «el cuadro penológico contemplado» para los delitos de agresiones sexuales «suponía una reducción del límite máximo de algunas penas».
Asimismo, han incidido en que se avisó también de que «la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente».
Sin embargo, Montero defendió este miércoles en una entrevista a la Cadena Ser que en los dos años de tramitación de la ley del «solo sí es sí» nadie, ni el resto de ministerios implicados, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo de Estado, ni el CGPJ, advirtió de las posibles revisiones de las penas por los cambios introducidos.
Montero ha rechazado admitir errores en la norma y ha recalcado que las rebajas de penas a delincuentes sexuales se están produciendo por una interpretación incorrecta de la ley del «solo sí es sí» por parte de los jueces, no por su redacción.
Piden la dimisión de Montero
«En un Estado de derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales, aunque sería recomendable que si tales críticas provienen de otro poder del Estado se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional», ha señalado la APM, tras pedir la dimisión de Montero.
Por su parte, FJI pide en otro comunicado la dimisión de la ministra «dada la gravedad de las acusaciones vertidas» y «para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad».
La Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), por su parte, se ha sumado a la petición de esta dimisión por declarar que «jueces machistas, deliberadamente, están beneficiando a personas condenadas por la comisión de delitos contra la libertad sexual».
Igualdad y jueces chocan por la rebaja de penas tras la ley del «solo sí es sí»
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), y la ministra de Igualdad, Irene Montero, este jueves en el Senado. EFE/Fernando Villar
La APM ha considerado que «la acusación de que existe un prejuicio generalizado en el poder judicial contra las mujeres, además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que en toda la UE reclama el valor Estado de derecho».
«Los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y de igual modo con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal», asegura la APM.
