Juicio 9N: Cae en saco roto la teoria de la encausada Rigau, “hubo presiones” a funcionarios

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Imagen de televisión de exconsejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña Irene Rigau durante su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) donde ha negado que presionaran a los directores de instituto para que abrieran las puertas de los centros para la votación golpista del 9N y ha asegurado que en ningún caso tiene conciencia de haber desobedecido al Tribunal Constitucional, porque no recibió ninguna advertencia. la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas -y nueve para Joana Ortega e Irene Rigau-, una pena que la acusación popular ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias eleva a 12 años y que, en ambos casos, impediría a los procesados ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de condena. Efe.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Juicio del golpe 9-N: Según el inspector, se trató de una situación “irregular” ya que se “forzaba” a los directores de centros a hacer una cosa que “no estaba clara: ceder los locales sin saber muy bien cómo”. El inspector también ha denunciado que, antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional —el 4 de noviembre—, la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet —que también comparecerá hoy—, convocó dos reuniones con directores de institutos, donde se les “forzó” para que cedieran los centros para la votación, sin darles instrucciones por escrito. El inspector de Educación Josep Rafael A.D., adscrito al área de Barcelona-Comarcas, funcionario del Gobierno de la Generalidad de Cataluña durante los preparativos del referéndum del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, ha denunciado hoy ante el Tribunal “presiones” a directores de Institutos públicos en Cataluña para abrir las escuelas públicas catalanas durante la jornada del golpe 9N. Barcelona (España), martes 7 de febrero de 2017. Fotografía: Imagen de televisión de exconsejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña Irene Rigau durante su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) donde ha negado que presionaran a los directores de instituto para que abrieran las puertas de los centros para la votación golpista del 9N y ha asegurado que en ningún caso tiene conciencia de haber desobedecido al Tribunal Constitucional, porque no recibió ninguna advertencia. la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas -y nueve para Joana Ortega e Irene Rigau-, una pena que la acusación popular ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias eleva a 12 años y que, en ambos casos, impediría a los procesados ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de condena. Efe.

Al día siguiente de la reunión, el inspector se reunión con la directora del Pompeu Fabra, que le explicó que algunos directores habían pedido en la reunión instrucciones por escrito y que la responsable de los servicios territoriales, Montserrat Llobet, se negó, alegando, según la responsable del centro de Badalona: “Si os lo digo yo, no necesitáis ninguna instrucción por escrito”.

Finalmente, esta directora acabó entregando las llaves en los días previos a la votación porque la Generalidad de Cataluña le remitió un recibo, sin firma y únicamente con un sello de los Servicios Territoriales de Enseñanza, en el que se le eximía de cualquier responsabilidad, aunque según el inspector no suponía ninguna garantía, por lo que le dijo: “Me parece que te han engañado”.

Un inspector de Educación de Barcelona ha denunciado hoy en el juicio por el 9N que el Gobierno de la generalidad de Cataluña “presionó” a directores de instituto para que cedieran los centros para la votación, ante lo que recomendó a las dos escuelas bajo su competencia que no entregaran las llaves sin una orden por escrito.

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se celebra este martes la segunda sesión del juicio al expresidente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, con las primeras testificales, centradas en la apertura de colegios y en los encargos del Gobierno catalán sobre las urnas y la logística de la consulta separatista del año 2014 prohibida por el Tribunal Constitucional.

El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, acompañado de su esposa Helena Rakosnik (i), a su llegada esta mañana al TSJCat donde continúa el juicio por la consulta separatista del 9N de 2014, tras las comparecencias ayer de Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, con las declaraciones de una quincena de testigos sobre la apertura de colegios y encargos del Govern para la logística de la votación. EFE
El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, acompañado de su esposa Helena Rakosnik (i), a su llegada esta mañana al TSJCat donde continúa el juicio por la consulta separatista del 9N de 2014, tras las comparecencias ayer de Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, con las declaraciones de una quincena de testigos sobre la apertura de colegios y encargos del Govern para la logística de la votación. Efe.

El primer testigo en comparecer ha sido el inspector de Educación Josep Rafael A.D., adscrito al área de Barcelona-Comarcas, que ha asegurado que la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa B., que también está previsto que declare hoy, se resistía a entregar las llaves del centro para la consulta ya que no recibía ninguna directriz por escrito.

Ante esta situación, según el testigo, la directora recibió “presiones”, con llamadas de los responsables de Enseñanza para que les entregara las llaves.

Finalmente, esta directora acabó entregando las llaves en los días previos a la votación porque la Generalidad de Cataluña le remitió un recibo, sin firma y únicamente con un sello de los Servicios Territoriales de Enseñanza, en el que se le eximía de cualquier responsabilidad, aunque según el inspector no suponía ninguna garantía, por lo que le dijo: “Me parece que te han engañado”.

El inspector también ha denunciado que, antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional —el 4 de noviembre—, la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet —que también comparecerá hoy—, convocó dos reuniones con directores de institutos, donde se les “forzó” para que cedieran los centros para la votación, sin darles instrucciones por escrito.

El testigo ha explicado que envió un informe al inspector jefe, Francesc Guell, que también declarará hoy, para denunciar estas supuestas “irregularidades”, si bien no recibió ningún tipo de respuesta.

A preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, el inspector ha señalado que la directora de Enseñanza de Barcelona-Comarcas había convocado por correo electrónico el 16 de octubre una reunión con directores de instituto para hablar de la jornada del 9N, en la que, detallaba, “algunos institutos serán sede”.

Ante esta convocatoria, el inspector se reunió con los directores de los centros que estaban bajo su responsabilidad, el Pompeu Fabra y el Isaac Albéniz, ambos de Badalona, para que solicitaran órdenes por escrito.

Al día siguiente de la reunión, el inspector se reunión con la directora del Pompeu Fabra, que le explicó que algunos directores habían pedido en la reunión instrucciones por escrito y que la responsable de los servicios territoriales, Montserrat Llobet, se negó, alegando, según la responsable del centro de Badalona: “Si os lo digo yo, no necesitáis ninguna instrucción por escrito”.

Según el inspector, se trató de una situación “irregular” ya que se “forzaba” a los directores de centros a hacer una cosa que “no estaba clara: ceder los locales sin saber muy bien cómo”.

Posteriormente, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta el 4 de noviembre, este inspector remitió un escrito a las dos directoras en las que, de forma taxativa, les advertía de que no podían permitir el uso del instituto para la votación si no recibían instrucciones concretas por escrito.

De los dos centros que llevaba este inspector, el Isaac Albéniz abrió sus puertas porque había voluntarios para hacerlo, mientras que la directora del Pompeu Fabra “se resistía un poco” a entregar las llaves, pese a que recibió “presiones”, con llamadas de los responsables de los servicios territoriales, según el testigo.

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