Lasvocesdelpueblo y Agencias – El separatismo falta a la verdad y manipula hasta ante el Tribunal que le juzga. En su declaración, desde el banquillo de los acusados por golpe brutalmente a la democracia en Cataluña El pasado 9 de noviembre 2014 (9N), el ex consejera de Enseñanza del gobierno de Artur Más, Irene Rigau, ha desmentido las declaraciones de la otra encausada por el mismo Caso, Joana Ortega, asegurando que mantuvo reuniones con los directores de centros escolares en Cataluña para asegurar la apertura de colegios electorales, cosa que según la vicepresidenta del gobierno catalán Joana Ortega, solo estaba «en manos de los voluntarios» y no del Gobierno de Artur Mas. Y es que ha negado la mayor afirmando que no hubo presiones hacia los directores de escuelas públicas. Un mentira separatista simplemente, la patriota catalana, Dolores Agenjo Recuero, la única funcionaria que resistió hasta final, pese a la brutal presión de secesionismo, manifestó que fue obligada a entregar las llaves del centro pero, no lo hizo. Barcelona (España), lunes 6 de febrero de 2017. Fotografía: Imagen de televisión de exconsejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña Irene Rigau durante su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) donde ha negado que presionaran a los directores de instituto para que abrieran las puertas de los centros para la votación golpista del 9N y ha asegurado que en ningún caso tiene conciencia de haber desobedecido al Tribunal Constitucional, porque no recibió ninguna advertencia. la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas -y nueve para Joana Ortega e Irene Rigau-, una pena que la acusación popular ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP y Manos Limpias eleva a 12 años y que, en ambos casos, impediría a los procesados ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de condena. Efe.
Ante la evidencia, Rigau ha reconocido que se efectuaron reuniones informativas con algunos directores del área de Barcelona, porque plantearon dudas sobre las consecuencias de abrir el 9N, aunque ha aclarado que el único problema lo tuvieron con el IES Pedraforca de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que considera que supone un «caso singular» porque ve un «trasfondo político» en las reticencias mostradas por su directora, Dolores Agenjo Recuero, que mañana declara como testigo.
Aunque ha aclarado que el único problema lo tuvieron con el IES Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que considera que supone un «caso singular» porque ve un «trasfondo político» en las reticencias mostradas por su directora, Dolores A., que mañana declara como testigo.
La ex consejera de Enseñanza Irene Rigau ha negado hoy que presionaran a los directores de instituto para que abrieran las puertas de los centros para la votación separatista del 9N y ha asegurado que en ningún caso tiene conciencia de haber desobedecido al Tribunal Constitucional, porque no recibió ninguna advertencia.
En el juicio por la consulta del 9N, que ha arrancado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Rigau, que únicamente ha respondido a su abogado, Jordi Pina, ha negado haber presionado a los directores de instituto para que colaboraran con la consulta: «Habría sido una contradicción, porque un movimiento con voluntariado no se hace con coacciones», ha esgrimido.
La consejera golpista ha reconocido que se efectuaron reuniones informativas con algunos directores del área de Barcelona, porque plantearon dudas sobre las consecuencias de abrir el 9N, aunque ha aclarado que el único problema lo tuvieron con el IES Pedraforca de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que considera que supone un «caso singular» porque ve un «trasfondo político» en las reticencias mostradas por su directora, Dolores A., que mañana declara como testigo.
Según Rigau, la directora de este instituto, que se negó a ceder el centro para la votación y que en fase de instrucción declaró ante el TSJC que la habían presionado, planteó peticiones en los días previos a la consulta que «iban más allá» de las que solicitaban otros directores.
Por este motivo, según Rigau, en la consellería decidieron «prescindir de este centro» y buscaron otra ubicación. «Se resolvió perfectamente», ha exclamado la consejera golpista.
Según Rigau, cuando la consulta del 9N se transformó en un proceso participativo -tras la primera suspensión por parte del TC-, decidió que se tenía que garantizar que llegara a todos los directores de instituto la información de que la Generalitat, como responsable de los centros, los cedería a los voluntarios para la votación.
Al igual que los otros encausados -el expresidente de la Generalidad y la exconsejera Joana Ortega-, Rigau ha afirmado que el Tribunal Constitucional no les remitió ningún requerimiento advirtiendo sobre las consecuencias que supondría no acatar su resolución del 4 de noviembre, en el que suspendía el proceso participativo, y que tampoco les respondió antes del 9N la petición que plantearon para que aclarara el contenido de su providencia.
Rigau ha recordado que cuando el 4 de noviembre el gobierno catalán recibió la notificación del TC que suspendía la votación del 9N -a través de un correo electrónico-, los servicios jurídicos del ejecutivo catalán plantearon un recurso pidiendo una aclaración porque en la providencia había «puntos oscuros».
«Al cabo de unos meses, siendo diputada y consellera, recibí en mi despacho la visita de un secretario judicial que llevaba un requerimiento (en este caso con advertencia por las votaciones sobre la hoja de ruta separatista del Parlamento catalán) y recuerdo perfectamente que, tras leerla y firmarla, le dije: ¿Esto es lo que no nos enviaron el 9N? Allí entendí que pasaba una cosa distinta», ha rememorado.
Rigau ha señalado que el sábado 8 de noviembre, a las 20.43 horas, recibió un correo electrónico en el buzón genérico de su departamento, en el que la Fiscalía le pedía que aclarara si había dado órdenes a los directores de instituto. «No había ningún requerimiento, sólo me pedían información», ha insistido.
Por este motivo, la exconsejera ha remarcado, a preguntas de su abogado, que no tiene conciencia de haber desobedecido al TC o de haber cometido ningún delito.
Además, ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo días antes del 9N que el proceso participativo en el que la Generalidad había transformado la consulta inicialmente prevista no tendría ningún efecto jurídico, por lo que se quedó tranquila y convencida de que no estaba transgrediendo ninguna norma.
