Redacción – Los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, simpatizantes y miembros del sindicato con mayoría absoluta en el Consejo de Policía, Sindicato Justicia Policial (JUPOL), de la Asociación Profesional de la Guardia Civil Justicia Guardia Civil (JUCIL), —amaba asociaciones creadas por la plataforma Justicia Salarial Policial (JUSAPOL) para defender los derechos sociales de los policías y guardias civiles, entre ellos una equiparación real de sueldos, pensiones, horas extras y asistencias a los juicios— han aprovechado de la campaña electoral de las elecciones a las Cortes Generales españolas del próximo doming, 10 de noviembre de 2019, para reclamar al Gobierno del Reino de España «saliente de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre firmeza» contra las leyes del Parlamento del Pays Vasco y del Parlamento de Navarra, considerando ««abusos policiales»» al trabajo profesional de los agentes de Policía nacional y Guardia Civil en Las Vascongadas del reino de España. Así apuntan fuentes del Comité Ejecutivo nacional De JUPOL y de la Asociación Profesional de la Guardia Civil Justicia Guardia Civil (JUCIL) ésta tarde en dos comunicados al diario digital español Ñ pueblo Lasvocesdelpueblo. Barcelona (España), domingo 3 de noviembre de 2019.
El comunicado hace referencia al trabajo que la asociación JUCIL, sindicato policial JUPOL, junto con su plataforma ‘madre’: Jusapol, están realizando para conseguir la declaración de anticonstitucionalidad de la llamada ley separatista «Ley de Abusos policiales» tanto en el Parlamento Vasco como el Parlamento Navarro.
Cabe destacar que éste trabajo «se está realizando solo y únicamente la asociación JUCIL, el sindicato JUPOL y la plataforma JUSAPOL, sin que
ninguna otra asociación ni sindicato trabaje en ello», concretan fuentes de Jucil Barcelona al digital español Ñ Pueblo Lasvocesdelpueblo.
Desde la mesa de trabajo integrada por Jusapol, Jupol y Jucil, para «la paralización de la aplicación de la ley Vasca de abusos policiales y su homóloga ley Foral Navarra, reclamamos al Gobierno de la Nación que resulte de las próximas elecciones generales, la adopción de las medidas necesarias para la paralización real y efectiva de la aplicación de ambas leyes autonómicas, permitiendo al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la corrección constitucional de las mismas, de forma que se ponga fin a una historia que nunca debió ser, y cuya razón de ser no responde a criterios exclusivamente jurídicos, sino más bien a consideraciones de oportunidad política», apuntan los guardias civiles y policías nacionales en un comunicado hoy al digital español Ñ Pueblo Lasvocesdelpueblo.
Tal y como se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso Jucil, Jusapol y Jupol, tal como reiteran a Ñ Pueblo Lasvocesdelpueblo, durante el trabajo desarrollado por la mesa de trabajo de Jupol y Jucil, «la decisión del Consejo de Ministros de instar la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales no está amparada ni fundamentada en informe jurídico alguno, no habiéndose pronunciado al respecto ni el Consejo de Estado, ni la Abogacía del Estado, ni los Ministerios ni Servicios que se pronunciaron con contundencia durante la fase de fundamentación jurídica de la decisión de presentación del recurso de inconstitucionalidad. Tampoco el contenido de la Ley aprobada el 4 de abril de 2019 en el Parlamento Vasco ha sido objeto de suficiente validación jurídica», han dicho.
En éste sentido, los agentes recuerdan que: el pasado «3 de agosto de 2018 el Congreso de los Diputados acordaba instar la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado en 2017 por el Gobierno contra la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación a las víctimas de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, coloquialmente conocida como ley vasca de abusos policiales, decisión que, sin embargo, no resultó inesperada una vez conocida apenas dos semanas antes la sentencia del Tribunal Constitucional declarando parcialmente inconstitucional la homóloga ley foral navarra», han dicho.
Por lo que, denuncian, «las negociaciones mantenidas durante meses entre el Gobierno de Pedro Sánchez resultante de la moción de censura y el Gobierno Vasco, secreto a voces, giraban especialmente en torno a la posibilidad de levantar el veto constitucional a una iniciativa legislativa compartida en el País Vasco por el PNV y el propio PSOE, y ello a pesar de las reivindicaciones y voces críticas de asociaciones de víctimas del terrorismo, sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil que reivindicaban impedir la aplicación de una ley, que no sólo ahonda en la teoría del conflicto político y de los dos bandos en un relato legitimador de los cincuenta años de terrorismo de ETA, sino que además lo hace invadiendo competencias de carácter estatal y vulnerando derechos fundamentales de miembros de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un procedimiento judicial contradictorio y garantista, y el derecho al honor», puntualizan.
Porque, «sin cuestionar en ningún momento el derecho al reconocimiento y reparación de toda víctima, no se puede pretender reconocer vulneraciones de unos derechos humanos mediante una ley que se fundamente precisamente en la conculcación de otros derechos humanos igualmente merecedores de protección y garantía», agregan los comités ejecutivos de Jucil y Jupol a Ñ Pueblo Lasvocesdelpueblo.
explican que «desde el primer momento», por parte de Jusapol, Jupol y Jucil, «conscientes de la gravedad de las consecuencias que podrían derivarse de la entrada en vigor de las leyes vasca y navarra de abusos policiales, se abrieron distintas líneas de trabajo en una carrera contrarreloj para frenar la aplicación de ambas leyes autonómicas», agregan.
Tras una primera reunión mantenida en octubre de 2018 con el Delegado de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que se compartieron inquietudes y preocupaciones, «se mantuvieron conversaciones con las distintas formaciones políticas democráticas con representación parlamentaria para hacerles llegar nuestras reivindicaciones y valorar la posibilidad de reforzar en el texto de las leyes las garantías de los derechos de tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y derecho al honor» han dicho.
En este sentido, continúan, «se mantuvieron conversaciones con el Partido Popular, con el Partido Socialista de Euskadi, con el Partido Nacionalista Vasco y con Elkarrekin Podemos antes de la aprobación en el Parlamento Vasco el 4 de abril de 2019 de la iniciativa legislativa de modificación de la ley vasca de abusos policiales pactada entre el PNV y el PSE, en un pacto que permitiría la aplicación efectiva de la ley y la presentación de solicitudes de reconocimiento de la condición de víctimas por una Comisión de Valoración de naturaleza administrativa ejerciendo funciones y competencias propias de un órgano de naturaleza judicial, investigando hechos calificados como ilícitos penales».
Una vez aprobada una nueva ley foral navarra, y aprobada el 4 de abril de 2019 la modificación de la ley vasca que permite su aplicación efectiva, «se solicitó amparo al Defensor del Pueblo para que inste recurso de inconstitucionalidad contra ambas leyes autonómicas», afirman.
En la reunión mantenida en junio de 2019 con la Defensoría del Pueblo, «coincidimos en la preocupación que nos provoca la perniciosa aplicación de una ley nada respetuosa con derechos constitucionalmente reconocidos como el derecho a la tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y honor de funcionarios que podrán verse afectados en la tramitación de procedimientos administrativos para investigar hechos constitutivos de delito, en un contexto de legitimación de la historia de ETA por la vía de la teoría del conflicto político y de los dos bandos», puntualizan.
VOX, PP Y CIUDADOS PRESENTAN RECURSOS CONTRA LAS LEYES SEPARATISTAS
«Habiéndose presentado ya recurso de inconstitucionalidad por varios partidos políticos (Ciudadanos, Partido Popular y Vox), desde la Defensoría del Pueblo se opta por reforzar el control de los efectos de la aplicación de ambas leyes autonómicas ya recurridas ante el Alto Tribunal mediante la apertura de expedientes de seguimiento, a la espera del pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal Constitucional».
Por otra parte, con la misma finalidad de poder realizar un seguimiento y control de la aplicación de ambas leyes autonómicas, «se mantienen reuniones con el Defensor del Pueblo de Navarra y con el Ararteko, obteniendo el compromiso de la Defensoría del Pueblo del País Vasco de realizar el seguimiento solicitado, acordando la apertura de un expediente de control informativo y estableciendo un calendario de reuniones en el que ser informados de las conclusiones del trabajo de control y seguimiento realizado», dicen los agentes.
Mientras se mantienen reuniones con instituciones y formaciones políticas, «se sigue trabajando en la apertura de nuevas vías de oposición, recopilando información legal, doctrinal y jurisprudencial que permita fortalecer las iniciativas planteadas». «Así, se presentan ante el Gobierno Vasco alegaciones contra el proyecto de decreto de desarrollo de la ley vasca de abusos policiales», aseguran.
«Habiendo sido convocados por la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco a una reunión en octubre de 2019 en la sede de Lehendakaritza, y tras indicarnos que sólo han recibido alegaciones frente al decreto de desarrollo de la ley vasca de abusos policiales por parte de cinco entidades, de las que tres se corresponden a los integrantes de la mesa de trabajo de Jupol y Jucil, resulta que Jupol es el único sindicato policial y Jucil la única asociación profesional de la Guardia Civil que han presentado alegaciones frente a dicho decreto de desarrollo», han dicho.
Asimismo, sentencian que: «Desde la mesa de trabajo de Jupol y Jucil se seguirá trabajando con constancia y seriedad por presentar aquellas iniciativas y medidas necesarias para conseguir el objetivo final de impedir la aplicación de leyes que impliquen el cuestionamiento de la dignidad y el honor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la vulneración de los derechos de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dos de las instituciones mejor valoradas por la sociedad española».
