La defensa del golpista Trapero pide su absolución. “Es imposible su participación en la gestación de Procés”

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), AÑO 2018. Vista del imputado por rebelión en Cataluña, el mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, el máximo de los encausados jefe de Policía catalana que incurrieron en un delito de rebelión, según los fiscales del caso, al constituir "una pieza clave" para "impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia" "con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista". Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Fiscalía pide 10 años de prisión para el golpista ex mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. La defensa del ex mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, ha cuestionado que la Fiscalía sostenga que con el proceso golpista en Cataluña (Procés) se buscaba la independencia de Cataluña cuando el Tribunal Supremo estableció que el golpe de estado separatista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña (1-O) no tuvo ese fin, sino que fue una “ensoñación” encaminada a “presionar al Gobierno de la nación para negociar una consulta popular”. Madrid (España), martes 16 de junio de 2020. 

En su defensa pidiendo la absolución del ex mayor golpista de los Mozos en la Audiencia Nacional, Olga Tubau ha reprochado a la Fiscalía que haya manejado “a su antojo” la sentencia del Supremo, asegurando que da por probado que el referéndum ilegal perseguía la proclamación de la república independiente de Cataluña, cuando lo que dice es que “no tenía como finalidad la separación del territorio”.

También ha considerado “imposible sostener una participación” del golpista Trapero en “la gestación” del proceso separatista, sin haber tenido “ningún contacto personal, telefónico, telemático” con los “directores del ‘proceso separatista (Procés)'”.

“¿Es creíble que el día 1 de octubre de 2017, de haber estado el mayor Trapero en connivencia con quienes convocaron el referéndum, no hablara ni una sola vez con ellos?”, se ha preguntado.

La letrada separatista ha criticado que la Fiscalía acuse de “coautoría” en el delito de sedición porque de haber sido así debería haberlos juzgado el Tribunal Supremo, que rechazó tres veces agruparlos en la causa al entender que no había una conexión indisoluble de los hechos.

“Algo cruje y cruje tanto que hace difícil defender este planteamiento”, ha señalado Tubau acerca de la calificación jurídica de la Fiscalía, que pide 10 años para Trapero y 4 para la intendente Teresa Laplana por sedición, con la alternativa de multa e inhabilitación por un delito de desobediencia.

La defensa de Trapero, que también representa a Laplana, ha dicho “alto y claro” que lo que ocurrió el 1-O fue “un fracaso político” y “policial”, pero de los tres cuerpos: Mozos, Guardia Civil y Policía Nacional.

Ha cuestionado por ello que los dos últimos hayan investigado los hechos porque a su juicio “tienen un interés directo” en ellos: si se condena a Trapero y se responsabiliza a los Mossos de la celebración del referéndum, “esos otros dos cuerpos policiales verán su imagen restablecida”.

“No se trató ni de una simulación ni de una estafa”, ha defendido en relación con el dispositivo de los Mossos el 1-O la abogada, que a lo largo de su extenso informe ha recordado que “lo que hicieron o dejaron de hacer jamás fue constitutivo de reproche alguno” por el fiscal superior de Cataluña.

“Ahora lo que se hizo se ha transformado en reproche penal”, ha lamentado recordando que la principal acusación en ese sentido es que golpista Trapero remitió las instrucciones de Fiscalía a los políticos, cuando aparecieron en los medios inmediatamente.

También ha defendido que el 20 de septiembre el procesado Trapero hizo actos para “auxiliar” a la comitiva judicial que registraba la Consejería de Economía, y ha dicho: “Si no se hizo más y mejor, no es porque no se quisiera, es porque no se pudo. No querer puede ser delictivo, pero no poder no lo puede ser nunca”.

Aquel día, ha señalado sobre Laplana, la intendente “no tenía “capacidad de mando en los agentes de orden público” y no hay a su juicio elementos para “sostener un acuerdo malicioso entre ella y el resto de acusados”.

Al respecto ha confesado que, desde la “ingenuidad”, abrigaba “la esperanza” de que la Fiscalía retirase la acusación contra ella, que acudió a trabajar “enferma” y por “pura responsabilidad”.

En cuanto al 1-O, ha recordado que Trapero pidió “expresamente” al golpista prófugo de la Justicia expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y a otros cargos del gobierno golpista de la Generalidad de Cataluña en dos reuniones que desconvocasen el referéndum, algo que debe ser “tremendo” para la acusación de la Fiscalía porque demuestra que obedeció el mandato judicial ya antes de la celebración, y “pulveriza la sedición y la desobediencia” de las que le acusa.

Lo mismo cree que ocurre con el dispositivo que el mayor dijo que elaboró por si se le ordenaba el arresto de Puigdemont, un plan que al fiscal le resulta inverosímil y del que, según expuso ayer, Trapero habló por primera vez al testificar en el Supremo, donde “se vino arriba”.

“El mayor no ‘se viene arriba’ en el Tribunal Supremo, hace lo que siempre ha hecho, explicar la verdad”, le ha respondido Tubau, que ha lamentado que utilizara el símil de un terrorista delatando a los miembros de su comando para referirse a la postura de Trapero, tratándose además de un mando policial que ha vivido de cerca el terrorismo -estaba al frente de los Mozos cuando se produjeron los atentados en Cataluña del 17 de agosto de 2017.

Tubau, que ha intervenido durante más de cuatro horas, continuará mañana exponiendo su informe y después será el turno de los abogados del exdirector de los Mossos Pere Soler y del ex secretario general de Interior César Puig, segundo del exconsejero Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición.

Si el tribunal mantiene el calendario establecido, el juicio, que comenzó el pasado 20 de enero, quedará después visto para sentencia, una vez los acusados decidan si hacen uso de su derecho a la última palabra.

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