Efe – La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto dirigido a los fiscales superiores y fiscales jefes para adaptar «la prestación del servicio público de la Justicia por la Fiscalía a la nueva situación derivada de la crisis sanitaria» que ha llevado a decretar el estado de alarma. Madrid (España), martes 27 de octubre de 2020.
Como ya hizo con el decreto que dictó el pasado 10 de marzo, cuatro días antes de acordarse el primer estado de alarma por el Covid, la Fiscalía General del Estado pretende con estas nuevas directrices «reaccionar con prontitud para dar una respuesta proactiva, rápida y eficaz a la incidencia que la actual situación de crisis sanitaria pueda tener en la Administración Justicia».
Con este nuevo decreto, según informa la Fiscalía General en una nota de prensa, se trata de garantizar la prestación del servicio público por parte del Ministerio Fiscal preservando al mismo tiempo la salud de los fiscales y de la ciudadanía, y favoreciendo también la conciliación.
Acuerda además suspender las visitas de inspección presenciales realizadas por las distintas fiscalías territoriales.
El Decreto, indica la Fiscalía, prima la autonomía de los territorios y las jefaturas para ejercer sus competencias organizativas en función de la afectación del servicio público de la Justicia y la evolución de la situación sanitaria.
Para ello establece unos «criterios irrenunciables de actuación»: la protección de la salud de la ciudadanía, de los fiscales y del personal funcionario de las diferentes fiscalías.
Reclama también el decreto un «escrupuloso» seguimiento de las prescripciones y recomendaciones sanitarias y la mejor prestación del servicio, muy particularmente, de los llamados servicios esenciales.
El objetivo es además garantizar la continuidad de la atención al público a través de los medios telemáticos, así como la utilización de las nuevas tecnologías en la celebración de vistas o comparecencias.
De este modo el decreto procede a adaptar las disposiciones de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, del Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, y del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
