El fiscal Anticorrupción considera al Partido Popular (PP) del presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, responsable civil por el pago en negro de la reforma de la sede de su Partido en la calle Génova -atribuidos a los extesoreros Bárcenas y Lapuerta- y pide una pena de cinco años de cárcel para los extesoreros del Partido Popular: Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por delitos fiscales, de apropiación indebida y falsedad documental en el caso de la caja B del Partido Popular. En su escrito de este lunes 27 de abril 2015, el fiscal no ve delito del PP en los donativos de empresarios reflejados en los papeles de Bárcenas porque.
El fiscal da por acreditada la existencia de una caja B del PP que manejaban los dos extesoreros «ajena al control del departamento de contabilidad». Por estos mismos hechos, fundamentalmente el pago de las obras en la sede del PP con dinero procedente de esa caja B, el fiscal pide otros 18 meses de cárcel para el exgerente de la formación Cristóbal Páez, así como multas para todos ellos que oscilan entre los 265.000 euros para Bárcenas y Lapuerta o 102.500 en el caso de Páez.
En el escrito de acusación del caso Bárcenas, el fiscal Antonio Romeral solicita 3 años y 10 meses de cárcel para Gonzalo Urquijo y Belén García, dueños de la empresa Unifica que reformó la sede del PP de Génova.
El juez Pablo Ruz dejó abierta la posibilidad al fiscal de acusar al PP de un delito contra la Hacienda Pública por las cuotas que dejó de pagar en 2008 de las donaciones recibidas de empresarios, pero Romeral considera que no está «debidamente» justificado ese delito.
Romeral recuerda que, en sucesivos informes, la Agencia Tributaria sostuvo que las donaciones anotadas en los papeles de Bárcenas estaba exentas de tributar en el Impuesto sobre Sociedades, y en un último informe del pasado marzo, a petición del juez Pablo Ruz, Hacienda elaboró un nuevo dictamen «simulando» si habría delito de tener que ser declaradas esas donaciones, todo ello relativo al ejercicio de 2008.
A la luz de este último informe, el fiscal entiende que, en el caso de tener que tributar esas donaciones, «la cuota presuntamente defraudada alcanzaría un importe de 25.630,03 euros», por lo que no alcanzaría los 120.000 euros de límite para ser considerado delito y por tanto cree que no se puede acusar al PP de delito fiscal por no estar «debidamente justificado». El fiscal señala que los extesoreros gestionaron «caudales» de los que «no se dejó constancia en la contabilidad que el PP presentaba al Tribunal de Cuentas».
La Fiscalía Anticorrupción señala que durante el tiempo que estuvieron al frente de la Tesorería del PP, Bárcenas y Lapuerta «gestionaron fondos en metálico aportados por donantes de quienes no podían recibir los mismos, de acuerdo con la legislación sobre financiación de partidos políticos vigente en ese tiempo». De igual modo, apunta que solo una parte de los ingresos «accedieron a la contabilidad del partido a través de las cuentas de donativos anónimos mediante ingresos en efectivo que nunca superaban los límites establecidos en la ley de financiación vigente en cada momento».
Romeral también apunta que «el dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo el control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Luis Bárcenas».
<Redacción – Lasvocesdelpueblo y RTVE><foto / APP>
