La Fiscalía de Mariano Rajoy protege a Artur Mas de la cárcel: No ve delito de malversación en 9N

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El presidente de la Generalitat, Artur Mas, al inicio de la reunión semanal de su gobierno. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Primera oferta del PP de Mariano Rajoy Brey a los separatistas catalanistas para una posible abstención a su investidura. El delincuente separatista catalanista antiespañol ex presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas Gavarró y su gobierno se van de rositas. La Fiscalía General del Estado que depende directamente –su nombramiento desde hace más de 4 años— del actual Gobierno del Partido Popular (PP) del presidente en funciones Mariano Rajoy Brey ha asegurado hoy que no hubo absolutamente ninguna malversación de fondos públicos durante la preparación, organización y celebración del golpe de Estado separatista catalanista impulsado desde el entonces gobierno de Artur Mas Gavarró. El fiscal ha rechazado de la Causa del golpe del pasado 9 de noviembre 2014 (9N) el delito de malversación del dinero público que es el único delito que atribuía a los separatistas antiespañoles: Artur Mas Gavarró y sus consejeros: Francesc Homs; Joan Ortega y Irene Rigau, en su querella que acarrea penas de cárcel. La Fiscalía de Mariano Rajoy Brey se saca de la manga la siguiente escusa: Dice que todo el dinero público de todos los españoles despilfarrado durante aquel golpe de Estado separatista por Artur Mas Gavarró se acordó antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera el referéndum de autodeterminación ilegal de Cataluña. Barcelona (España), lunes 18 de julio de 2016. Fotografía: El delincuente separatista excluyente Artur Mas Gavarró, al inicio de la reunión semanal de su entonces gobierno antiespañol. Archivo Efe.

El ministerio público que depende directamente de Mariano Rajoy mantiene solo pequeños delitos que suponen penas de inhabilitación y multa para Artur Mas

Así lo apunta la Fiscalía en un escrito en el que se opone a los recursos presentados por Artur Mas y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el pasado 28 de junio les dejó a las puertas de ir a juicio ante los indicios de que cometieron desobediencia y prevaricación al no acatar la suspensión del golpe separatista del pasado 9 de noviembre 2014 ordenada por el Tribunal Constitucional (TC).

Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez-Ulled sostienen en su escrito que se debe juzgar a Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau por los delitos de desobediencia y prevaricación -que suponen penas de inhabilitación y multa- pero en cambio desisten ahora de acusar a los tres exresponsables antiespañoles frente al gobierno de nuestra Cataluña por un delito de malversación de caudales públicos, que sí formaba parte de la querella inicial y que es el único que acarrea penas de cárcel.

El ministerio público alega que, «desde la imparcialidad y objetividad» que rigen su actuación, han decidido desechar la posible pretensión acusatoria contra Mas, Ortega y Rigau por un delito de malversación, ante las «dudas» sobre su concurrencia.

Los magos de Rajoy protegen a Artur Mas con esta escusa: «El hecho de haber contratado el servicio y comprometido el gasto cuando todavía no existía la suspensión hace que dicho compromiso resultara lícito en este momento»

En concreto, los fiscales apuntan que los gastos relacionados con la organización y desarrollo del golpe de Estado del 9N de 2014 fueron comprometidos con anterioridad a la suspensión del Tribunal Constitucional, por lo que debería haberse suspendido su ejecución o utilización pero no dejarlos de pagar.

«El hecho de haber contratado el servicio y comprometido el gasto cuando todavía no existía la suspensión hace que dicho compromiso resultara lícito en este momento», reconocen los fiscales, que opinan que el gobierno catalanista tendría que haber suspendido la ejecución o utilización de los servicios contratados para la celebración de la consulta una vez suspendida por el Constitucional.

«Pero dejar de pagar lo legalmente comprometido es algo distinto, que razonablemente habría conducido a las reclamaciones de los contratistas», indican los fiscales, que concluyen que la instrucción ha generado un «margen de duda» respecto a la «efectiva concurrencia» de la malversación, por lo que finalmente optan por no acusar a Mas, Ortega y Rigau por este delito, que el Código Penal castiga con penas de entre dos y seis años de cárcel.

Los magos del Gobierno del PP mantienen sin embargo el delito de desobediencia de momento, sin éste delito la causa quedaría archivada

Por el contrario, los fiscales rechazan los argumentos esgrimidos por las defensas de Artur Mas, Ortega y Rigau solicitado que se archive la causa al negar también que cometieran los delitos de desobediencia y malversación. Respecto a la desobediencia, el ministerio público insiste en su tesis de que los acusados «conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos» de la providencia del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre que obligaba a suspender la consulta, ya que era «clara e inequívoca», y, pese a ello, «resueltamente decidieron no acatarla».

En relación con la prevaricación, los fiscales advierten de que los acusados dejaron de suspender oficialmente tanto la convocatoria como las decisiones administrativas concretas adoptadas para que se ejecutara el 9N, hasta el punto que Mas «no sólo no dejó de truncar las actividades jurídico-administrativas en curso sino que excitó su continuación furtiva».

Los fiscales rechazan también el argumento de las defensas de Artur Mas, Ortega y Rigau, que alegaron que el golpe del 9N fue una mera consulta sin carácter vinculante, al considerar que, «pese a su aparente sutileza», este argumento es «inane» a los efectivos pretendidos por los acusados.

«Una vez el Tribunal Constitucional suspende» el golpe de Estado separatista catalanista «no hay cuestión: fuese lo que fuese, estaba suspendido a las resultas de la decisión ulterior del Tribunal sobre el fondo», apuntan los fiscales.