La Fiscalía pide abrir una pieza separada de la corrupción de la ultraizquierda Podemos sobre la cuidadora de la hija de Pablo Iglesias e Irene Montero

.La Fiscalía considera hechos nuevos “la contratación para servicios personales porte de Irene Montero a trabajadores del partido”; así como la cuestiones relativas al abono de las costas (miembros del partido podrían estar cobrando costas en procedimientos particulares cuando les habían representado profesionales del partido)

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), FEBRERO DE 2021. La ministra de Igualdad miembro de la formación de ultraizquierda Podemos y mujer del vicepresidente de Gobierno de coalición socialcomunista de España, pablo Iglesias, Irene Montero Gil, durante un debate en el Congreso de los Diputados. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Fiscalía ha solicitado al juzgado que investiga la gestión de  la ultraizquierda Podemos que abra una pieza separada sobre los documentos aportados por la exletrada del partido Mónica Carmona, entre ellos el que aseguraba que Podemos habría destinado fondos públicos para pagar a la cuidadora de los hijos del vicepresidente de Gobierno de coalición socialcomunista de España, Pablo Iglesias, y de su mujer ministra de Igualdad, Irene Montero Gil. Madrid (España), miércoles 24 de febrero de 2021.

El escrito de la Fiscalía de Madrid, fechado el pasado 17 de febrero y dado a conocer este miércoles por el Ministerio Público, propone la apertura de una pieza separada para investigar si hay delito en lo denunciado por Carmona.

El escrito del Ministerio Público responde al recurso interpuesto por Podemos contra el auto del pasado 3 de febrero por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid acordó la práctica de diligencias tras la documentación aportada hace unas semanas por Carmona, exresponsable de cumplimiento normativo del partido.

Podemos solicitó la expulsión del procedimiento de las manifestaciones realizadas por la testigo en su escrito porque muchos de los hechos referidos no son objeto del presente procedimiento o ya han sido archivados, así como la expulsión del procedimiento de los documentos que envió al juzgado porque estaban en formato papel, sin cotejo con el ordenador que los generó.

En el escrito remitido al juzgado a principios de febrero por Mónica Carmona, que ya declaró en octubre ante el juez asegurando que hubo irregularidades en la gestión de Podemos, la que fue abogada de la formación detalla, entre otros puntos, que recibió una denuncia “interna confidencial” afirmando que la ministra Irene Montero “utilizaba a una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos”.

La abogada no identifica a la persona denunciante, pero asegura que le trasmitió que “Irene Montero utilizaba habitualmente a esta empleada de Podemos para cuidar a su hija”.

Mónica Carmona también refiere en su escrito expedientes relativos a administración desleal, a la contratación supuestamente fraudulenta de actos de campaña o al uso fraudulento de fondos de la caja de solidaridad -un aspecto sobre el que la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir la investigación-.

Ahora la Fiscalía explica que Carmona añade en su escrito “hechos que no fueron inicialmente denunciados, y que ninguna relación guardan con el procedimiento, y que no hacen sino reforzar la idea inicial de animadversión de la denunciante”, pero defiende que no se debe expulsar la documentación del procedimiento.

Sostiene que, al ser el escrito presentado una ampliación de la denuncia original de Mónica Carmona, “es preciso un pronunciamiento sobre los hechos que constituyen ampliación de la denuncia: sobre si revisten caracteres de delito y si deben ser investigados”.

La Fiscalía considera hechos nuevos “la contratación para servicios personales porte de Irene Montero a trabajadores del partido”; así como la cuestiones relativas al abono de las costas (miembros del partido podrían estar cobrando costas en procedimientos particulares cuando les habían representado profesionales del partido).

También cita como novedades en lo denunciado las donaciones a la escuela Pablo Freire y la Fundación 25M desde la Caja de Solidaridad.

El Ministerio Público recuerda en su escrito que, como ya ha expuesto en el procedimiento, “de los hechos denunciados los únicos con relevancia penal eran los relativos al contrato con Neurona, que puede constituir delito electoral”, y sobre el que la ley impone una tramitación urgente, de manera que propone que se abra pieza separada con respecto a los documentos de Mónica Carmona.

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