Lasvocesdelpueblo y Agencias.- La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cite a declarar como «investigada y procesada» a la consejera de Cultura del Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña, Natàlia Garriga Ibáñez, en relación a la organización del golpe de estado separatista del 1 de octubre de 2017 (1-O) por un delito de «malversación de fondos público y desobediencia».
Garriga era investigada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por su labor como Directora de Servicios de Vicepresidencia de Gobierno golpista de la Generalidad de Cataluña en el 2017.
El TSJC asumió la investigación sobre ella al ser nombrada consejera, y ahora la fiscalía quiere tomarle declaración indagatoria, ya que la instrucción está prácticamente terminada.
El resto de la causa, excepto para Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, seguirá en el mismo juzgado.
Garriga había pedido al TSJC que asumiera su causa y la agrupara con la que ya tiene abierta contra Lluís Salvaó y Josep Maria Jové, también ex altos cargos de Vicepresidencia golpista de 2017.
En julio, el tribunal no aceptó esta petición concreta, pero sí que abrió una nueva prenda exclusiva para Garriga.
En concreto, sostiene que la causa contra Salvadó y Jové está en fase de conclusión sumarial y en éste no aparece Garriga.
La resolución aseguraba que la consejera separatista «no tiene legitimación procesal» para solicitar la inhibición y la acumulación a un sumario que ya ha concluido y que se dirige «contra otras personas».
Según la fiscalía, Garriga, como directora de servicios y bajo la dirección del entonces secretario general, Josep Maria Jové, permitió la adjudicación de varios contratos menores para realizar las obras de acondicionamiento de un «call center» anexo al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña (CTTI) para que fuera un centro de recogida de datos de la votación del 1-O.
De hecho, el Ministerio Público recuerda que el 31 de marzo de 2017 Garriga envió varios correos electrónicos a personas diferentes para informarles de este hecho.
Poco antes del golpe de estado separatista del 1-O, Garriga habría hecho de enlace entre Jové y Mercè Martínez, responsable de Proyectos Organizativos y Territoriales de Vicepresidencia, y habría conseguido la cesión de unas naves industriales a Bigas y Riells (Vallès Oriental) para almacenar millones de papeletas y cerca de 6.000 sobres con documentación electoral.
El 6 de septiembre de 2017, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley del referéndum ilegal y no autorizado por la Justicia, la actual consejera de Cultura del Gobierno separatista de Pere Aragonés García habló con Josuè Sallent, director de Innovación del CTTI, y le pidió la contraseña de usuario para acceder a la web referéndum.cat.
Además, le pidió que más adelante debería «eliminarse la exigencia de usuario y contraseña para que todo el mundo pudiera acceder libremente a la web».
