La Fiscalía pide la vía penal contra la golpista Carme Forcadell en un escrito al Tribunal Constitucional

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la presidenta del parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, durante un acto de JxSí . lasvocesdelpueblo.

Redacción – En un escrito al Tribunal Constitucional (TC) de la patria, la Fiscalía General del Reino de España ha pedido la vía penal evitando la desobediencia contra la golpista diputada catalanista autonómica de Juntos Por El Sí (JxSí) y actual presidenta del parlamento regional español en la comunidad autónoma de Cataluña, Carme Forcadell Lluís. El Ministerio Público español insta al Tribunal Constitucional a apercibir a los miembros de la Mesa del Parlamento regional de Cataluña de multas y deducción de testimonio por responsabilidad penal. Barcelona (España), miércoles 31 de agosto de 2016. Fotografía: la golpista presidenta del parlamento regional español en Cataluña y ex concejal de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) de Oriol Junqueras Vies, también quien fue número dos de la candidatura de JxSí y presidenta del colectivo antiespañol catalanista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell Lluís, durante un acto de JxSí . Archivo lasvocesdelpueblo.

Según la Fiscalía: “Si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución” podrá adoptar diversas medidas que van desde la imposición de multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros, acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades incumplidoras, requerir la colaboración del Gobierno para hacer cumplir sus sentencias o incluso “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

Según recoge ‘Europa Press’ este miércoles 31 de agosto de 2016, La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional que informe a los tribunales competentes de la actuación de la golpista presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell Lluís, al considerar que su papel en la aprobación por parte de la cámara autonómica de las Conclusiones de la Comisión de Estudios sobre la separación de parte del territorio Nacional de herencia de cada español que es Cataluña del con el resto de la patria puede tener relevancia penal; han dicho las fuentes jurídicas a ‘Europa Press’.

Recibidos los informes, estas mismas fuentes a ‘Europa Press’, “si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución” podrá adoptar diversas medidas que van desde la imposición de multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros, acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades incumplidoras, requerir la colaboración del Gobierno para hacer cumplir sus sentencias o incluso “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

Los once magistrados que conforman el Tribunal Constitucional acordaron el pasado 1 de agosto suspender la resolución por la que el Parlamento de Cataluña que dio inicio al proceso de secesión y dieron un primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas como las que apunta la Fiscalía y que ya introdujo el Gobierno en su incidente de ejecución. El tribunal empleó entonces, por primera vez, el recientemente reformado artículo 92 de la Ley Órgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

Se requirió entonces a Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la Cámara para que, en el plazo de 20 días hábiles informaran sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio “a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas” en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.

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