Lasvocesdelpueblo y Agencias – En su querella, la Fiscalía sostiene que el 5 de octubre de 2016 los querellados permitieron con sus votos favorables que la Mesa del Parlamento admitiera a trámite dos propuestas de Juntos Por El Sí (JxS) y la CUP que instaban a convocar un referéndum separatista, pese a «tener pleno conocimiento» de que la Justicia a través del Tribunal Constitucional (TC) había prohibido desarrollar cualquier resolución que emanara de la declaración de ruptura del 9 de noviembre, que abría la puerta a una vía unilateral a la secesión. Barcelona (España), jueves 23 de febrero de 2017. Fotografía: La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, esta tarde durante la sesión plenaria tras saberse que la Fiscalía ha presentado una nueva querella contra ella y que se dirige también contra tres miembros de la Mesa de JxS, por desobediencia y prevaricación al permitir que la Cámara aprobara una resolución para celebrar un referéndum de independencia. Efe.
La Fiscalía ha presentado hoy una nueva querella contra la presidenta del Parlamento autonómico de Cataluña, Carme Forcadell, que se dirige también contra tres miembros de la Mesa de JxS, por desobediencia y prevaricación al permitir que la cámara aprobara una resolución para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
La querella, que responde a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de deducir testimonio contra Forcadell y los miembros separatistas de la Mesa por las resoluciones del referéndum, deja fuera al tercer secretario Joan Josep Nuet, de Podemos catalán (CSQP), pese a que este también votó a favor de que se debatiera la propuesta, al entender que no tenía la voluntad de incumplir los mandatos del alto tribunal.
Esta nueva denuncia de la Fiscalía, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que se suma a la que Forcadell tiene abierta por permitir el debate de la hoja de ruta seoarattista, se dirige también contra los otros tres miembros de la Mesa de JxS, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet.
Según fuentes jurídicas, es previsible que esta nueva querella se acabe uniendo a la causa de Forcadell abierta en el TSJC, un proceso cuya instrucción está prácticamente ultimada y pendiente de la decisión de la magistrada Maria Eugènia Alegret de enviarla o no a juicio.
La resolución, aprobada el 6 de octubre del año pasado con los votos de Jxsí y la CUP, instaba al gobierno de la Generalidad a convocar un referéndum de secesión en Cataluña, en septiembre de 2017 como muy tarde.
En su querella, la Fiscalía sostiene que el 5 de octubre de 2016 los querellados permitieron con sus votos favorables que la Mesa del Parlamento admitiera a trámite dos propuestas de JxS y la CUP que instaban a convocar un referéndum, pese a «tener pleno conocimiento» de que el TC había prohibido desarrollar cualquier resolución que emanara de la declaración de ruptura del 9 de noviembre, que abría la puerta a una vía unilateral de secesión en Cataluña.
Los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC y PP, recuerda la Fiscalía, instaron a que la Mesa reconsiderara la admisión de esas propuestas, y también el Letrado Mayor le recordó las advertencias del Constitucional, sin que los querellados rectificaran su decisión inicial.
En el pleno del día siguiente, mantiene la querella, se sucedieron intervenciones de los diputados Albert Botran, de la CUP, y Marta Rovira, de JxS, que ilustraban «la conciencia de situarse al margen del orden constitucional» y, pese a ello, Forcadell «dio paso» a la votación de las resoluciones para convocar el referéndum.
Las decisiones de los querellados, sostiene el ministerio público, «ponen en evidencia su voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio a la Constitución», así como a las prohibiciones del TC.
En opinión del ministerio público, la conducta de Carme Forcadell «evidencia aún más su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales», lo que, añade la querella, «ya había dejado patente» cuando el 27 de julio de 2016 permitió que el Parlamento votara la hoja de ruta separatista, por lo que está siendo investigada por el TSJC.
La votación de las resoluciones a favor del referéndum, añade la Fiscalía, responden además a una «voluntad única y definida» de llevar adelante la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2015, anulada por el Constitucional y que abría la puerta a una declaración unilateral separatista.
«Los querellados posibilitaron la aprobación de una resolución que de manera expresa trata de desvincular a las instituciones de la comunidad autónoma de Cataluña del sistema constitucional, dinamitando la distribución de competencias establecida en el modelo de ordenación territorial del Estado», sostiene el fiscal.
Respecto al diputado de CSQP, la Fiscalía razona que, pese a que permitió en dos ocasiones que se incluyeran en el orden del día las propuestas del referéndum, «no pretendía como los querellados incumplir los mandatos del TC, ni llevar adelante un proyecto político con total desprecio de la Constitución».
Según el ministerio público, Joan Josep Nuet «actuó en la creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones como miembro de la Mesa del Parlamento, considerando que el control que podía ejercer este órgano era meramente formal», y sus votos «no fueron decisivos» para que se admitiera la votación de las propuestas del referéndum.
La Fiscalía deduce esa «falta de voluntad de sumarse al proyecto político de ruptura unilateral con el sistema constitucional» de la «trayectoria» de Nuet como diputado, por lo que recuerda que votó en contra de la declaración de ruptura del 9N y de la hoja de ruta separatista y que se abstuvo en la relativa al referéndum.
La querella pide al TSJC que cite a declarar como investigados a los querellados y, como testigos, al vicepresidente de la Mesa José María Espejo-Saavedra, de Cs; al secretario segundo David Pérez, del PSC; al diputado Carlos Carrizosa, de Cs; y al exdiputado del PP Enric Millo, ahora delegado del Gobierno en Cataluña.
