La Fiscalía se querellará contra “todos” rebeldes separatistas y pedirá “15 a 30 años de cárcel”

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CATALUÑA (ESPAÑA), 27.10.2017. Imagen institucional de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, durante el pleno monográfico del Parlament en respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Efe.

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El fiscal general del Estado prepara una causa general contra todos los rebeldes diputados autonómicos de la cámara regional catalana quienes han votado hoy, viernes 27 de octubre de 2017, “Sí” en la votación de la resolución secesionista de ERC, CUP y Convergencia PDECAT, los 72 secesionistas que han votado a favor de la destrucción de la Unidad Nacional de España esta tarde en el Parlamento de Cataluña. El delito de rebelión, que persigue a los que “se alzaren violenta y públicamente” para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30 años. Madrid (España), viernes 27 de octubre de 2017. Fotografía: CATALUÑA (ESPAÑA), 27.10.2017. Imagen institucional de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, durante el pleno monográfico del Parlament en respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Efe.

La Fiscalía baraja la posibilidad de presentar una querella por rebelión contra todos aquellos que participen en la aprobación de una declaración de independencia para Cataluña, aunque confía en que no llegue el momento de tener que ejercer esas acciones.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) han indicado que la imputación se podrá concretar una vez que se puedan valorar los hechos.

La Fiscalía lleva semanas preparando una querella por un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de cárcel- contra el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ante la hipótesis de que proclamara la independencia, pero hoy ha avanzado que esa acción penal iría dirigida a “todos” los que participen en la aprobación.

Ante la decisión de Puigdemont de trasladar al Parlamento de Cataluña la aprobación de una declaración unilateral de independencia basada en el referéndum ilegal del 1-O, la Fiscalía se plantea ahora la posibilidad de ampliar la responsabilidad a todos aquellos que participen en su votación.

Con la querella contra Puigdemont ya casi ultimada, la Fiscalía General del Estado no ha decidido aún ante qué tribunal la interpondría, lo que depende de los distintos escenarios que se abrirían con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por desobediencia del gobierno de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley.

No obstante, fuentes jurídicas apuntan a que la querella, al menos en el caso de Puigdemont, se remitiría con toda probabilidad al Tribunal Supremo, al considerar que los hechos afectan a todo el territorio español e incluso se han cometido en el extranjero, como es el caso de algunas webs vinculadas al referéndum que estaban alojadas en servidores de otros países.

Otra de las posibilidades es que la aplicación del artículo 155 comporte la inhabilitación de Puigdemont como presidente de la Generalidad e incluso su posible cese como diputado del Parlamento de Cataluña, por lo que perdería el fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y entonces la Fiscalía presentaría su querella por rebelión ante la Audiencia Nacional.

La Fiscalía podría decidir también presentar su querella por rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde la magistrada Mercedes Armas ya instruye una causa por desobediencia, prevaricación y malversación contra Puigdemont y el resto de miembros del Gobierno catalán por los decretos para convocar y organizar el referéndum independentista del pasado 1 de octubre.

El delito de rebelión, que persigue a los que “se alzaren violenta y públicamente” para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30 años.

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