Lasvocesdelpueblo y Agencias – La junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners ha autorizado flexibilizar el régimen penitenciario del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que podrán salir de prisión para trabajar y realizar labores de voluntariado, según ha anunciado la Generalitat este jueves, aunque la decisión está sujeta aún a la ratificación del juzgado de vigilancia penitenciaria. Barcelona (España), viernes 7 de febrero de 2020.
En concreto, se les aplica a ambos líderes soberanistas, condenados a nueve años por sedición durante el procés independentista que llevó a la declaración unilateral de independencia de Cataluña, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que no comporta el cambio de la clasificación de los internos, actualmente en el segundo grado penitenciario.
En el caso de Sànchez, la junta de tratamiento le permite ejercer voluntariado, lo que le permitirá salir de la prisión barcelonesa de Lledoners once horas al día, tres días a la semana, siempre entre lunes y viernes. Por su parte, a Jordi Cuixart, se le permite trabajar y ejercer voluntariado cinco días a la semana -de lunes a viernes-, pudiendo estar fuera de la cárcel nueve horas y media cada jornada.
Los técnicos que integran la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners han acordado aplicar el artículo 100.2 a ‘los Jordis’ cuando ambos han disfrutado de un único permiso de 48 horas y están a la espera de que el juzgado de vigilancia les apruebe un segundo de 72, al que la Fiscalía se opone, de momento en el caso de Cuixart. La Generalitat no informará ni de la fecha del inicio de las salidas ni de las empresas ni entidades de destino de ninguno de ellos, en cumplimiento de la obligación de proteger la intimidad de los internos.
Una vez la junta de tratamiento ha acordado aplicarles el artículo 100.2, lo debe comunicar de forma obligatoria a la juez de vigilancia penitenciaria, sin que esta decisión pase por la Secretaría de Medidas Penales de la consellería de Justicia, en manos de la republicana Ester Capella. El reglamento penitenciario establece que la juez será la que decidirá de forma ulterior a su aplicación si se ratifica o se rechaza la medida.
En este trámite, la Fiscalía puede recurrir la decisión de la junta de tratamiento, como ocurrió por ejemplo con el caso del exdirigente de CiU Oriol Pujol -que finalmente acabó avalando la juez-, aunque no se paraliza la aplicación de este artículo hasta que se pronuncie la justicia. Una vez haya resuelto la juez de vigilancia penitenciaria, la última instancia judicial que puede avalar o revocar la aplicación del artículo 100.2 es la Audiencia de Barcelona.
Cuixart fue el primero de los nueve presos del procés en disfrutar de un permiso de 48 horas -entre el 16 y el 18 de enero pasado-, seguido de Sànchez -del 25 al 27 de enero-, al haber cumplido una cuarta parte de la condena a nueve años por sedición que les impuso el Tribunal Supremo.
En el caso de ‘los Jordis’, la junta de tratamiento también ha propuesto un permiso de 72 horas, que a diferencia de los que no superan los dos días -que son aprobados por la Generalitat-, debe ser avalado por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Por el momento, la Fiscalía ya se ha opuesto a que Cuixart tenga un permiso de 72 horas, al considerar definitivo que no se ha arrepentido, ya que ha asegurado que «lo volvería a hacer», mientras continúa estudiando el caso de Sánchez.
Un total de 405 internos, según el Departamento de Justicia, disfrutan actualmente en Cataluña de la aplicación del artículo 100.2. Además de ‘los Jordis’, también han iniciado los trámites para que se les aplique el 100.2 -artículo que no requiere haber cumplido una cuarta parte de la condena-, el exconseller de Interior Joaquim Forn, condenado a diez años y medio de cárcel.
También la abogada de la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, condenada a doce años, tiene ya a punto la documentación a presentar en la cárcel de Puig de les Basses, en Girona, para flexibilizar su situación penitenciaria con el 100.2, mientras que el exconseller de Exteriores Raül Romeva y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell la entregarán la semana próxima.
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado a la pena más alta, trece años de cárcel, tiene previsto presentar en las próximas semanas los documentos necesarios.
Por su parte, los exconsellers de Presidencia Jordi Turull y de Territorio Josep Rull, condenados a diez años y medio de cárcel, no han iniciado todavía el procedimiento para acceder al 100.2 y su defensa ha declinado aclarar si tienen previsto hacerlo en breve.
