La juez Lamela: La Generalidad señalaba, el Parlamento apuntaba y los Mozos y ANC disparaban

Lasvocesdelpueblo
Los delincuentes sediciosos separatistas, el expresidente catalán actualmente bajo mandato de arresto internacional, Carles Puigdemont (d), con el jefe d ela banda armada separatista Mozos de Escuadra, el delincuente investigado con prohibición de salir de España, el ex Mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero (i). Efe.

Redacción – Documento pdf adjunto. “Los Mozos de Escuadra realizaban actuaciones de espionaje a la Guardia Civil y Policía Nacional” antes y durante el 1-O bajo órdenes del Gobierno catalán para asegurar el golpe del estado del 1-O. Lasvocesdelpueblo ha tenido acceso al Informe pdf de la magistrada Carmen Lamela al Tribunal Supremo sobre la acumulación investigaciones proceso secesionista. Lamela sentencia que los Mozos de Escudara son el brazo “armado” del separatismo. Añade que este cuerpo policial de “17 mil efectivo armados” tuvo una papel “esencial” en el golpe de estado en Cataluña: “En la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”. Madrid (España), miércoles 22 de noviembre de 2017. Fotografía: Los delincuentes sediciosos separatistas, el expresidente catalán actualmente bajo mandato de arresto internacional, Carles Puigdemont (d), con el jefe d ela banda armada separatista Mozos de Escuadra, el delincuente investigado con prohibición de salir de España, el ex Mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero (i). Archivo Efe.

La juez Lamela a favor de una Causa General al Tribunal Supremo por el proceso secesionista. Lamela concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa.

La juez Lamela a favor de una Causa General al Tribunal Supremo por el proceso secesionista

La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, considera que todos los querellados rebeldes sediciosos separatistas: presos exconsejeros de la Generalidad de Cataluña; los encausados miembros de la mesa del parlamento de Cataluña; los capos del brazo armado de la Generalidad de Cataluña en el golpe de esta, los Mozos de Escuadra; y los llamados “Jordis”, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart de Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, señala Lamela, forman parte de una compleja y heterogénea organización de delincuentes en Cataluña.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha remitido al Tribunal Supremo el informe que le fue solicitado por el magistrado de ese órgano judicial Pablo Llarena -que instruye la causa abierta a raíz de la querella que la Fiscalía interpuso contra la presidenta del Parlamento de Cataluña y cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara autonómica- sobre la posible acumulación de los procedimientos incoados en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

Lamela, que instruye la causa contra los exmiembros del Gobierno catalán, considera que los procedimientos se deben acumular en uno solo porque se está investigando a los miembros de una compleja y heterogénea organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario.

En el momento actual, y dada la condición de aforados de varios de los investigados, la competencia para instruir esa causa correspondería al Tribunal Supremo.

La magistrada entiende que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, “sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.

Una organización con reparto de papeles, en ejecución de un plan preconcebido

La juez explica en su informe que de lo actuado hasta el momento se desprenden elementos para considerar que los golpistas investigados forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario.

Informe pdf de la magistrada Carmen Lamela al Tribunal Supremo sobre la acumulación investigaciones proceso secesionista

La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Gobierno catalán, la sociedad civil, con los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

Lamela describe los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan.

Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado.

Juez: La Generalidad señalaba, el Parlamento catalán apuntaba y los Mozos, ANC y Ómnium disparaban

Desde ese reparto de funciones, la instructora argumenta que la actividad de los miembros del Gobierno catalán perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.

Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del “proceso de desconexión”, la misión de los líderes de asociaciones separatistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas.

Como ejemplo, la juez detalla las congregaciones tumultuosas llevadas a cabo con la finalidad de impedir la ejecución de resoluciones judiciales.

ANC y Omnium, según Lamela, “actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Gobierno catalán favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre”.

Papel esencial de 17 mil Mozos de Escuadra de Escuadra, una alta traición

Dentro de esa organización investigada, para Lamela cobra especial relevancia el papel desempeñado por los Mozos D’Esquadra para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados.

“Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mozos de Escuadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban”.

La juez concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mozos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal.

Igualmente, “en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”.

Desvío de fondos públicos y asignación de recursos tecnológicos de la Generalidad para la causa secesionista

Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos.

Pese al veto del Tribunal Constitucional, el Gobierno catalán hizo posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto contrario a Derecho, al haber empleado fondos públicos para la consumación de un acto delictivo.

Y el hecho de que la Intervención General de la Generalidad de Cataluña haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Dª Meritxell Borrás i Solé, quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum” ilegal.

Del mismo modo la juez detalla la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalidad para apoyar la celebración del referéndum ilegal y para comenzar a desarrollar proyectos para la nueva República independiente.

La investigación debe acumularse para comprender en su integridad toda la trama

Una vez analizadas todas las actividades ilegales desarrolladas, constitutivas de distintos delitos (desobediencias, prevaricaciones, malversaciones de caudales públicos, y sedición) cometidos por los distintos miembros y colaboradores de la organización, bajo la autoría intelectual y superior de sus líderes, Lamela concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa.

“La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”, señala.

La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, “razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”.

Por ello, concluye que la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes “es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”.

En su informe, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 incluye los antecedentes procesales, fácticos e investigativos, tal y como le solicitó el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

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