La Justicia española tumba la convocatoria del 1-O, Ley de Referéndum y Sindicatura Electoral

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Vista general exterior del edificio del Tribunal Constitucional. archivo Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Tribunal incluye también al comisario Mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero; máximos responsables de TV3 y Cataluña Radio, Núria Llorach, Vicent Sanchís y Saül Gordillo; y los 947 alcaldes en Cataluña, en su lista de advertencia de “eventuales consecuencias penales“. El Alto Tribunal español «Tribunal Constitucional de España» (TC) ha admitido a trámite todos —un total de 4 recursos— de inconstitucionalidad contra la llamada «Ley del referéndum» del uno de octubre de 2017 en Cataluña (1-O); el decreto de convocatoria del dicho Referéndum (1-O) firmado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y todos los consejeros del Gobierno catalán en el Parlamento de Cataluña; y ha suspendido por unanimidad y de manera cautelar, todos los acuerdos del Parlamento de Cataluña sobre dicha consulta secesionista del 1-O en parte del territorio de España, Cataluña, el próximo uno de octubre. Madrid (España), viernes 8 de septiembre de 2017. Fotografía: Fachada de la sede del alto tribunal español, «Tribunal Constitucional de España» (TC) en una imagen archivo Efe.

La decisión tumba, pues, todos los pasos dados desde el miércoles, 06 de septiembre de 2017, en el Parlamento de Cataluña para poner urnas el 1-O: la Ley del referéndum; los decreto de convocatoria del 1-O; de normas complementarias para la realización del referéndum separatista; también la resolución del Parlamento catalán que designa los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

Además, advierte el presidente Puigdemont, los miembros de su Gobierno y los miembros separatistas de la mesa —además de otros cargos del Parlamento catalán y el Gobierno catalán– que han “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión”. Si lo hacen, se enfrentan a “eventuales consecuencias penales”.

En cambio, no traslada a la Fiscalía General del Estado las actuaciones, tal y como le había pedido el Gobierno de España de Mariano Rajoy —un Ejecutivo español que quería así esconderse como siempre detrás de la toga de los magistrados para no tener que asumir su parte de responsabilidad como Poder Ejecutivo del Estado español—.

Asimismo, los magistrados dejan claro que le toca al Gobierno de Mariano Rajoy asumir esta parte de responsabilidad que le corresponde como Gobierno de la Nación española; aunque la Fiscalía siempre puede llevar a un Gobierno, Parlamento o cualquier ciudadanos que supone un peligro por la seguridad Nacional o unidad Nacional del país. Asimismo, la Fiscalía ya ha anunciado que actuará de mutuo propio ante el desafío secesionista del miércoles al Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Constitución española, reglamento de Parlamento de Cataluña, desobediencia y prevaricación ante sentencias judiciales.

El pleno del Tribunal Constitucional ha reunido de urgencia esta tarde después de recibir los cuatro recursos aprobados por el Consejo de Ministros para parar el referéndum separatista en Cataluña el uno de octubre de 2017.

Tras estudiar los documentos, el pleno ha iniciado la tramitación de todos los recursos e impugnaciones.

Esto supone, según el artículo 161.2 de la Constitución Española, la suspensión cautelar de las medidas recurridas durante cinco meses, a la espera de que el TC dicte sentencia.

La decisión de la Justicia española se ha tomado por unanimidad.

En la práctica, pues, el alto tribunal tumba todos los pasos hechos desde el miércoles en el Parlamento catalán para convocar a los catalanes a las urnas el próximo domingo 1-O en la región española de Cataluña para destruir en un golpe de estado institucional la Unidad de la Nación española.

La suspensión es efectiva desde la fecha de presentación del recurso -jueves 07 de septiembre de 2017- y en ninguno de los casos se pide la suspensión de cargos de Gobierno de la Generalidad de Cataluña.

Tampoco pide la intervención a la Fiscalía general del Estado en Cataluña aunque el fiscal general puede iniciar proceso judiciales sin permiso del Tribunal Constitucional.

El gobierno del presidente Mariano Rajoy Brey había pedido al TC que hiciera deducción de testimonio, es decir, que instara a la Fiscalía a abrir una investigación y activar la vía penal contra el presidente de la Generalidad de Cataluña, todos los miembros de su Gobierno catalán y los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña que dieron luz verde a los acuerdos.

Sin embargo, el alto tribunal no ha incluido en su escrito esta petición del Gobierno de Rajoy —un Ejecutivo que quería así esconderse como siempre detrás de la toga de los magistrados para no tener que asumir su parte de responsabilidad como Poder Ejecutivo del Estado español—. Asimismo, los magistrados dejan claro que le toca al Gobierno de Mariano Rajoy asumir esta parte de responsabilidad que le corresponde como Gobierno de la Nación española.

El fiscal general, José Manuel Maza, ya anunció otra querella miércoles contra miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña por permitir la tramitación de la Ley del referéndum.

El Proceso separatista puede seguir como siempre, puro tacticismo del Gobierno de Rajoy

Ahora bien, lo que sí hará el TC es, siguiendo la petición del Gobierno de Rajoy, notificar -como siempre- la suspensión de todos lo aprobado en la cámara catalana el pasado miércoles 6 de septiembre de 2017 a todos los miembros del Gobierno catalán; a la Mesa del Parlamento de Cataluña; a unos sesenta altos cargos del Generalidad (incluido el mayor de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Trapero) y los 947 alcaldes en Cataluña.

En la lista también constan la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, el director de TV3, Vicent Sanchís, y el de Cataluña Radio, Saül Gordillo, así como los máximos responsables de Función Pública.

En el caso del Gobierno catalán, los miembros de Mesa y de otros altos cargos del Parlamento de Cataluña también se les advierte explícitamente que “tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”.

Si no lo hacen, incurren en “eventuales consecuencias penales”.

Sis impugnaciones en 48 horas

El ejecutivo de Mariano Rajoy ha enviado al TC hasta seis impugnaciones por frenar el 1-O.

Concretamente, se trata de los recursos contra la Ley del referéndum, los decreto de convocatoria del 1-O y de normas complementarias para la realización del referéndum y también la resolución del Parlamento que designa los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

Además, el alto tribunal también ha cursado este jueves dos incidentes de ejecución de sentencia contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros separatistas de la mesa de la cámara catalana.

El ejecutivo de Rajoy pedía al tribunal que actuara contra ellos por haber permitido la tramitación y votación de estas leyes en el Parlamento.

En ambos casos, la decisión no suspende los acuerdos impugnados.

Ahora bien, si que se ha traslado a la Fiscalía para que investigue si los miembros han cometido algún delito penal.

A estas decisiones, se podrá sumar en las próximas horas un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de transitoriedad que debe aprobar esta noche el Parlamento de Cataluña.

El Consejo de Ministros del viernes podría dar luz verde a la decisión.

En la misma reunión, también se prevé otro recurso contra la Ley del Código Tributario de Cataluña.

Si se sigue el guión de los dos últimos días, el TC se volverá a reunir el viernes para valorar, como mínimo, el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de transitoriedad.

La Justicia deja claro que no puede ejercer de ‘Poder Ejecutivo’, función que pertenecer al Gobierno del PP de Mariano Rajoy

Els magistrados del TC han celebrado esta mañana del jueves, 7 de septiembre de 2017, un pleno ordinario, que ha arrancado poco después de las 10:00 horas, y han modificado el orden del día para debatir asuntos de actualidad relacionados con el desafío separatista en Cataluña.

Lo primero que han resuelto es la petición de recusación de los 12 magistrados presentada por la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell.

El TC ha desestimado “por completo y por unanimidad” la petición de recusación y la ha considerado “impertinente y abusiva”, además de considerar que se ha formulado “de manera genérica”.

Por ello, no le ha entrado ni a valorar.

Forcadell ya ha anunciado que recurrirá la decisión.

El letrado de Forcadell, Agustín Carlos, la había presentado de manera “preventiva” antes de que el Gobierno de Rajoy interpusiera un incidente de ejecución de sentencia contra la presidenta y los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña que permitieron la tramitación de la Ley del referéndum separatista del 1-O en Cataluña.

Por lo que el proceso separatista del Gobierno d ela Generalidad puede seguir como siempre por ausencia total del Poder Ejecutivo español del Mariano Rajoy dado que la Justicia no puede ejercer de Poder Ejecutivo.

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