Efe – El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó hoy rechazar el plan estatal para combatir el crimen llamado Operación de Liberación del Pueblo (OLP) por supuestamente poner en práctica ajusticiamientos extrajudiciales y detenciones arbitrarias, entre otras acciones ilegales. Caracas (Venezuela), martes 12 de julio de 2016. Fotografía: Vista general de una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la ciudad de Caracas (Venezuela). Archivo Efe.
El «Acuerdo en rechazo a la inefectividad en el combate del crimen y las graves violaciones de los derechos humanos presentadas en el marco de la denominada Operación de la Liberación del Pueblo OLP» fue aprobado en la sesión ordinaria de hoy después de que un grupo de madres contaran que sus hijos fueron ajusticiados bajo este plan.
El acuerdo toma en cuenta un informe de la ONG venezolana Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) que indica que a un año de ejecución de la OLP se han producido al menos 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales, cerca de 14.000 detenciones arbitrarias, miles de desalojos ilegales y cientos de humildes viviendas destruidas.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) acordó «exhortar al presidente de la república (Nicolás Maduro) al cese de las OLP en todo el territorio nacional». También se exhorta al jefe de Estado al diseño y ejecución «de un verdadero plan de seguridad ciudadana que garantice de manera efectiva la integridad física y los bienes de los venezolanos». Asimismo se solicita a la fiscal general, Luisa Ortega, la apertura de las investigaciones penales correspondientes y la determinación de las responsabilidades de los casos de violación de derechos humanos ocurridas en el marco de la OLP.
Además se insta a los organismos del Estado al resarcimiento efectivo e inmediato de todas las víctimas de la OLP. Un grupo de mujeres de sectores populares en los que se ha aplicado la OLP que tuvo derecho de palabra en la sesión parlamentaria aseguró que sus hijos fueron ajusticiados sin haber sido sometidos a procesos judiciales. También denunciaron que les robaron sus enseres, les tumbaron sus casas y a algunas, incluso, las privaron de libertad por varias semanas.
«Soy una víctima más tanto del hampa uniformada como del hampa común», dijo Brigitte Duarte que narró que su hijo de 17 años murió en mayo pasado presuntamente por causa de disparos de funcionarios policiales en el marco de la OLP. «La mal llamada Policía Nacional Bolivariana le arrebata la vida a mi hijo por solamente ayudar a otro ciudadano que venía herido de un tiroteo», contó y agregó: «No basta con que nos los maten de hambre, no basta con que nos los maten a tiros, sino que ya no sé en quien confiar», dijo.
La diputada chavista Nora Delgado aseguró que «el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, no está dando ningunas órdenes como gobierno para matar a su pueblo». Comentó que «es bastante malintencionado, y poco serio políticamente» traer al seno del Parlamento «un dolor tan profundo como es la pérdida de un familiar para confundir a la opinión pública de que Nicolás está dando órdenes para matar a su pueblo».
«La justicia demostrará cual es la verdad y sea quien sea, lo ha dicho el presidente, caiga quien caiga, nuestro gobierno no será cómplice de ningún hecho delictivo», aseguró. Por su parte, el diputado opositor Carlos Michelangeli dijo que el gobierno ha puesto en marcha 24 planes de seguridad «y todos han fracasado». La parlamentaria Delsa Solórzano agregó que «un operativo que mata inocentes no es un plan de seguridad ciudadana» y pidió que se suspenda.
Según cifras oficiales, Venezuela tiene una tasa de homicidios de 58,1 por cada 100.000 habitantes, lo que en 2015 se tradujo en 17.778 muertos en casos de homicidio intencional o doloso. La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, por su parte, contabilizó en 2015 la cifra récord de 27.875 muertes violentas, lo que sube la tasa de criminalidad a 90 por cada 100.000 habitantes.
