La ultraizquierda pide a sus aliados golpistas y proetarras una tregua y atacar juntos a España tras el covid

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), Palacio Real de Madrid , 06.01.2018. Sus Majestades los Reyes y Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía durante la intervención de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Lasvocesdelpueblo

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Las formaciones antiespañolas que se conjuraron para acabar con España y cada día fomentan el odio hacia su pueblo, desde las instituciones de la Nación con el dinero de los impuestos del pueblo español, siempre con la complicidad del partido corrupto comunista PSOE:  ERC, JxCat y el PNV, EH Bildu, CUP, Compromís, y BNG, junto a ellos los neocomunistas de Más País de cofundador de la ultraizquierda Podemos, Iñigo Errejón, han vuelto a registrar esta mañana en el Congreso la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre “las presuntas ilegalidades cometidas por miembros de la Casa Real” y sus influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí. La alianza gubernamental de ultraizquierda neocomunista (Unidas Podemos) consideró que en plena crisis de la COVID-19 no era el momento de conformar esa comisión, aunque votó a favor de tramitarla, el mismo argumento que mantiene ahora para no firmar tampoco la propuesta. A esos enemigos de la libertad no les importa ni la Corona ni el Rey emérito Juan Carlos de Bobón y tampoco les importa su Majestad el Rey Felipe VI; su estrategia es clara, ensuciar la imagen de España y humillar a su pueblo para justificar ante sus adoctrinados su causa criminal separatista golpista y terrorista. Barcelona (España), martes 9 de junio de 2020.

La petición de los enemigos del Reino de España se presenta “actualizada” un día después de conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca, al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería el rey emérito, Juan Carlos de Borbón.

La última petición de investigación al rey se produjo en abril, con la firma de los mismos grupos que la solicitan ahora, pero su tramitación fue rechazada por la Mesa del Congreso.

La alianza gubernamental de ultraizquierda neocomunista (Unidas Podemos) consideró que en plena crisis de la COVID-19 no era el momento de conformar esa comisión, aunque votó a favor de tramitarla, el mismo argumento que mantiene ahora para no firmar tampoco la propuesta.

Desde el grupo de Unidas Podemos explican a Efe que ellos nunca se han opuesto a investigar al monarca, pero creen que habría que hacerlo una vez pase la crisis derivada de la pandemia y se vuelva a la normalidad.

La nueva petición recoge que la Fiscalía Anticorrupción “habría detectado indicios de presuntos delitos con la presunta implicación del rey emérito y relacionados con blanqueo de capitales, cobros de comisiones y fraude fiscal en la contratación de la segunda fase de la construcción de la línea de ferrocarril de AVE que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí”.

Hace referencia además, por otro lado, a las declaraciones de Corinna Larsen en las que asegura que “habría recibido presiones e incluso amenazas graves por parte de los servicios secretos del Estado y la Casa Real, supuestamente para confiscar documentación comprometedora para el rey emérito”, recoge el texto de los grupos.

Citan también los grupos, según el comunicado con el que han informado de la decisión, a que la propia Corinna Larsen apunta que el actual monarca, Felipe VI, conoce “la campaña de acoso, difamación y persecución contra su persona y su familia”.

Hasta el momento, la petición de investigar al rey siempre ha sido rechazada por la Mesa del Congreso bajo el argumento de que no se puede ahondar en las actividades del rey emérito porque su inviolabilidad es permanente.

Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo asume ahora “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado en España y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución, informó el Ministerio Público.

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