Redacción.- Barcelona (España), martes 29 de noviembre de 2022. La población española lleva tiempo asistiendo a diversos acontecimientos nada habituales, pero lo ocurrido entre los días 24 y 25, de la semana pasada, fue una jornada maratoniana. El día jueves, se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023, en el Congreso de los Diputados, con 187 votos a favor, 156 en contra y una abstención, y enviados al Senado para continuar su trámite. Son los terceros PGE del Gobierno de Pedro Sánchez y el último hasta las elecciones de noviembre de 2023.
En la madrugada del día viernes, salió adelante la Proposición de Ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos, sobre la eliminación del delito de sedición, artículo 544 y sustituido por la modificación del artículo 577 de «desórdenes públicos agravados», del Código Penal, con 187 votos a mano alzada de los diputados de los partidos políticos de: PSOE y Unidas Podemos (152), ERC (13), PNV (6), EH Bildu (5), Más País (2), Compromís (1), BNG (1) y Grupo Mixto (1). En contra 155 votos y la abstención de JxCat (4) y la CUP (2). La reforma está en proceso de enmiendas a la totalidad y deberá ser aprobada por el Congreso, antes de final de año.
Además, se aprobaron con 186 votos a favor las siguientes medidas: los impuestos a las entidades bancarias, a las grandes corporaciones energéticas y el impuesto de solidaridad a los altos patrimonios, que supone un castigo al ahorro y a las inversiones, sobre todo en la comunidad de Madrid. También se admitió la nueva Ley Orgánica de Cooperación internacional, con 201 votos.
El Gobierno central y el catalán, siguen un plan establecido, según lo acordado en la Agenda para el Reencuentro, de 6 de febrero de 2020, y en la última mesa de dialogo, de 27 julio de 2022, sobre la desjudicialización del procés y el fortalecimiento del uso de la lengua catalana.
Aceptado por el Congreso el objetivo del Gobierno central y sus aliados de una reforma del Código Penal, a cambio de la aprobación de los (PGE) 2023, para poderse mantener el tiempo que queda de legislatura hasta las próximas elecciones de noviembre de 2023. Ya lo dijo bien claro, Arnaldo Otegi, de EH Bildu: «Sánchez depende de quienes nos queremos marchar del Estado» y añadió «se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado si los que nos queremos marchar no lo sostenemos».
Por lo visto, según algunos entendidos en leyes, lo realizado no es conforme a derecho, porque una reforma de tan gran envergadura requería ser consultado a los diferentes órganos: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, pero esta ha sido una decisión política a medida de los que cometieron un golpe de Estado, que no sabemos las consecuencias que acarrearán en el futuro y que fue en contra del criterio del Tribunal Supremo y la Fiscalía, que desde el principio creyeron que se trataba de un delito de rebelión, incluidos los indultos concedidos y ahora nos vemos con la derogación del delito de sedición.
Según un comunicado de la Junta Directiva de la Sección de Derecho Constitucional del ICAB (noviembre de 2022), apercibe que en caso que se consiga derogar el delito de sedición, estaríamos frente a una amnistía encubierta de los hechos ocurridos en septiembre y octubre de 2017, donde no estaría permitido por la Constitución, incluyendo los indultos generales, que podría ser cuestionado por los Tribunales.
Una vez pasado el escándalo provocado en la sociedad por la derogación del delito de sedición, probablemente se active de forma visible la rebaja del delito de malversación de caudales públicos, cometidos por algunos de los líderes del procés, entre ellos tenemos a: Oriol Junqueras, Joaquin Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva. Según declaró un miembro de ERC: «este asunto es objeto de negociación y diálogo con los socialistas hace tiempo». Posteriormente se reducirían los tiempos de inhabilitación.
Derogada la sedición, modificada la malversación y reducido el tiempo de inhabilitación, se cumpliría el objetivo perseguido y pronto tendríamos a los líderes independentistas, que atentaron contra la integridad del Estado español, nuevamente participando en las instituciones como si nada hubiera ocurrido el año 2017. Por supuesto que quedarán las cicatrices y las consecuencias: una sociedad cansada de tantos despropósitos; una Cataluña en crisis en todos los aspectos (económica, política, social, educativa, sanitaria); una España debilitada; reducido el Estado de Derecho; incumplimiento de la Constitución española; degradación de la justicia española a los ojos del mundo, etc.
¿A dónde nos puede llevar todo esto? Nos lleva al control por parte del Gobierno central, del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mayoría progresista, y otros órganos que ya controla. Por lo tanto, podemos estar más pronto que tarde, ante un Gobierno con mucho poder, que sería un peligro para la democracia española.
Igualmente, la derogación del delito de sedición, se ha hecho a espaldas de la población española que los eligió para que trabajaran por el bien de España y no en sus intereses partidistas, e incluso en contra de los intereses de los propios votantes del PSOE, como lo muestra en la última encuesta realizada por Gad3, los días 21 y 23, de este mes, dando como resultado que el 65,9% están en contra de la eliminación del delito de sedición y un 76,8% en contra de la rebaja del delito de malversación de caudales públicos. También muchos votantes de diferentes partidos políticos, incluidos algunos del sector independentista catalán están en contra de la medida adoptada.
Por otro lado, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), de Luxemburgo realizó los días 24 y 25 de la pasada semana, la vista sobre la inmunidad parlamentaria del expresidente catalán, Carles Puigdemont. El defensor de la parte europea, el abogado Norbert Lorenz, afirmó: «la institución ha tenido un trato extremadamente abierto hasta el punto de permitirle ocupar el escaño probablemente de manera ilegal”, porque no se habían recibido los documentos de confirmación de la Junta Electoral Central (JEC) española, de las elecciones europeas realizadas en mayo de 2019. Los resultados se darán a conocer durante el primer trimestre de 2023. Las mismas consecuencias tendrán los otros tres eurodiputados. Así mismo, en Cataluña, continúan las reuniones entre el Gobierno de ERC con representantes de JxCat, los Comunes y el PSC, con el fin de llegar a acuerdos para conseguir aprobar los Presupuestos de 2023, “lo antes posible».
Por otra parte, después de todo lo sucedido se hace urgente prevenir qué hacer ante una eventual repetición de un nuevo referéndum «pacifico». Porque en las últimas declaraciones realizadas el pasado domingo por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, declaró: «Para ser capaces de ganar en términos democráticos aquello que algunos quieren impedir con el ejercicio de herramientas profundamente antidemocráticas, el independentismo necesita construir alianzas muy poderosas, para derrotar a los poderes de siempre». La única vía posible para conseguir la independencia es ampliar la base social.
Según María Jamardo (noviembre de 2022), no debemos olvidar que el objetivo final de los independentista es: «poder celebrar un referéndum pactado para Cataluña, a través de un nuevo Estatut y la renovación del Tribunal Constitucional», que con una mayoría progresista controlada por el presidente Pedro Sánchez, si lo podría hacer posible.
En conclusión, los últimos días se ha producido la aceptación en el Congreso, de la proposición de reforma del delito de sedición en beneficio de los infractores del Estado de derecho. En cuanto se calmen las aguas continuarán con la rebaja del delito de malversación y con ello se producirá la reducción de la inhabilitación. Pronto los tendríamos en las instituciones como si nada hubiera ocurrido.
Finalmente, vemos como el Gobierno central va controlando los diferentes organismos públicos, adquiriendo más poder y poniendo en peligro la democracia española. Está claro que el Gobierno español y sus socios que le apoyan siguen una hoja de ruta, y posiblemente consigan la reelección de otros 4 años más. Ellos juntos suman más. A no ser que en las diferentes citas electorales los votantes le pasen factura en las urnas por sus decisiones tomadas en perjuicio del Estado español.
«Sánchez ha abonado el terreno para explorar una reforma constitucional, de la mano de quienes quieren abolir, con la única misión de contentar a sus socios de legislatura. Los únicos con los que, llegado el caso y agotado su mandato podría volver a pactar para mantenerse en la Moncloa», (Joan López, noviembre de 2022).
