Los diputados del «Procés» serán suspendidos de sueldos y funciones por «procesados»

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FOTOGRAFÍA. CONGRESO D ELOS DIPUTADOS (MADRID) ESPAÑA, 20.05.2019. Vista de los delincuentes del golpismo en Cataluña, líderes del 'Procés' procesados y en prisión preventiva, Oriol Junqueras (3d), de ERC, y Jordi Sànchez (4i) y Josep Rull (5d) de JxCat, tramitan sus actas parlamentarias este lunes en el Congreso de los Diputados, previo al pleno de constitución de las Cortes, y pendiente de sus suspensiones tras la pauta marcada por el Tribunal supremo, en cumplimento del Reglamento del Congreso de los Diputados. Efe

Redacción.- Barcelona (España), martes 21 de mayo de 2019. Fuentes jurídicas y parlamentarias del Congreso de los Diputados confirman que «los reglamentos de las Cámaras y la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen esa medida para los parlamentarios procesados en prisión preventiva». «La suspensión no será automática sino que mediará un informe de los letrados de las Cortes que abocará previsiblemente a suspenderles de derechos, sueldo y funciones». El Tribunal Supremo marcó la pauta pero decidirá el Congreso de los Diputados».

VÍDEO. Madrid, 20.05.2019. Declaraciones institucionales del la diputada de VOX, Macarenas Olona sobre ese golpe institucional al Reglamento del Congreso de los Diputados.

Por lo que los 4 delincuentes independentistas, líderes del ‘Proceso’ golpista en Cataluña, conocido como el ‘Procés’, en prisión preventiva y actualmente sentados en el banquillo de los acusados del Procés quienes eran diputados electos desde pasado 28 de abril de 2019 hasta ayer, lunes 20 de mayo de 2019, y convertido en diputados en la cámara alta del Reino de España la mañana de ayer lunes: Oriol Junqueras Vies, exvicepresidente de la Generalidad de Cataluña durante y actual líder de ERC; los consejeros del Gobierno puchista del huido de la Justicia Carles Puigdemont Casamajó hasta la intervención en Cataluña con el artículo 155 de la Constitución Española del 1978: Jordi Turull, Josep Rull; y el secuestrador de los guardias civiles y una secretaria Judicial durante casi un día en la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña, desde las primeras horas de la mañana del miércoles 20 de septiembre de 2017 hasta sobre las 3:30 horas de la madrugada del jueves, 21 de septiembre de 2017, uno de los alias «Jordis», el entonces líder de la principal entidad separatista en cataluña «Asamblea Nacional Catalana» (ANC), Jordi Sánchez, diputado del partido de Puigdemont Juntos por Cataluña (JxCat), ni cobrarán su primer mes de sueldo como diputados porque la primera decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados será sobre el estado de salud de la cámara, jurídicamente hablando.

Además, el artículo 21.2 del Reglamento establece la suspensión para los diputados procesados en prisión preventiva. Y el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la misma medida en el caso de procesados por rebelión en prisión preventiva.

El Reglamento alude a la petición del suplicatorio por parte del Supremo al Congreso para iniciar el procesamiento. Pero eso ahora no sería necesario porque los citados ya están procesados, señalan fuentes parlamentarias.

INDIGNACIÓN TOTAL

Desde VOX, la diputada del partido de Santiago Abascal Conde, Macarenas Olona, tachó de «fracaso de la democracia y del Estado de Derecho» su presencia en la Cámara y culpó a los otros partidos por no evitar preventivamente que cinco «criminales y delincuentes» intenten «reventar el Estado desde dentro de las instituciones», dijo la nueva representante del pueblo español en la histórica cámara española.

«Aquí no tenemos a 4 políticos sino a 4 criminales» que han entrado en la sede de la Soberanía Nacional del pueblo español «para reventarnos desde dentro» —dijo la diputado de VOX que sentenció— en «defensa de España y de nuestro pueblo», los 24 diputados de VOX no van a permitir que «pasen» los golpistas nuevos diputados.

La formación ‘verde’ ya anunció que tomaría medidas al respecto. «Nos parece una ignominia tener que ver a golpistas en el Congreso de los Diputados. Como ha anunciado nuestra diputada Macarenas Olona, VOX promoverá iniciativas que hagan posible que estas imágenes no vuelvan a repetirse en defensa España y del Estado de Derecho», opinó VOX este lunes.

UNA LEGISLATIVA ILEGAL

También Ciudadanos Cs y el PP han puesto los gritos en el cielo mientras los hechos han puesto al PSOE y la ultraizquierda Podemos están contra las cuerdas. El PSOE y Podemos se enfrentan ahora contra su propia medicina y el Reglamento del Congreso de los Diputados.

«Creemos que personas procesadas, que han intentado dar un golpe y liquidar la soberanía nacional, no pueden sentarse en un escaño ni cobrar un sueldo público», sentenció el presidente de Ciudadanos Cs, Albert Rivera.

Tal es así que las Defensas del Procés exigió entonces la «suspensión del Juicio» durante un tiempo y la «libertad de los presos electos» del Procés. Así para evitar que el Congreso de los Diputados se viera obligado a expulsar a los golpistas electos de la cámara en cumplimiento del Reglamento del parlamento español.

Tal como recoge también el rotativo nacional ‘El País‘ en su edición de este lunes, 20 de mayo de 2019:

«La suspensión no será automática sino que mediará un informe de los letrados de las Cortes que abocará previsiblemente a suspenderles de derechos, sueldo y funciones.

Si los delincuentes procesados y en prisión preventivas no son cesados de sueldos y funciones, esta legislativa sería ilegal por ejercerse incumpliendo el Reglamento del Congreso de los Diputados.

Un golpe de estado institucional, será esta legislativa si el PSOE y Podemos, con su Mayoría en la Mesa del Congreso bloqueen las iniciativas parlamentarias y el suplicatorio del Tribunal Supremo para expulsar de la sede la soberanía Nacional a esos «4 delincuentes» que se han burlado d ela Ley y del Reglamento del Congreso.

La primera decisión clave de la nueva Mesa del Congreso será suspender a los cuatro diputados independentistas catalanes que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y se encuentran presos, según fuentes jurídicas y parlamentarias.

Los reglamentos de las Cámaras y la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen esa medida para los parlamentarios procesados en prisión preventiva. La suspensión no será automática sino que mediará un informe de los letrados de las Cortes que abocará previsiblemente a suspenderles de derechos, sueldo y funciones. El Supremo marcó la pauta pero decidirá el Congreso.

Poco les durarán las funciones de diputados a Oriol Junqueras, de ERC; Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, de Junts per Catalunya. Los cuatro adquirirán la condición de parlamentarios hoy, cuando se constituyen las Cortes y sus componentes pasan a ser diputados y senadores tras acatar la Constitución. Pero pueden ver suspendidas sus funciones en muy poco tiempo.

No pasarán muchas horas desde este acto hasta la primera reunión esta tarde de la Mesa del Congreso, que se habrá constituido en esta misma jornada con el nombramiento de la socialista Meritxell Batet como presidenta de la Cámara. Fuentes del Congreso anticipan que en esa misma cita se empezará a tratar el proceso para la suspensión de los recién elegidos parlamentarios. Sobre la reunión de esa Mesa estará el escrito del Tribunal Supremo remitido al órgano de gobierno de las Cámaras para que active la suspensión de los parlamentarios catalanes procesados en consonancia con los Reglamentos de las mismas y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como exigirán de entrada PP y Ciudadanos.

Los escaños de los cuatro independentistas presos pueden ser claves para la próxima sesión de investidura del presidente del Gobierno, pues, si son suspendidos —y, por tanto, privados de su derecho a voto— y no renuncian al acta, las mayorías en el Congreso cambiarían y el socialista Pedro Sánchez tendría mucho más fácil ser investido presidente.

Tanto el Reglamento del Congreso como la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen la suspensión de la condición de parlamentarios a quienes estuvieran procesados y en prisión preventiva.

El propio Tribunal Supremo marca esa pauta aunque, para no interferir en el poder legislativo, insta a que sea la Mesa la que ejecute la suspensión. El derecho de participación de los parlamentarios se verá afectado “en la medida en que se pretenda su ejercicio de una manera incompatible con la situación cautelar de privación de libertad en la que este momento se encuentran”, señala el auto del Supremo.

El artículo 21.2 del Reglamento establece la suspensión para los diputados procesados en prisión preventiva. Y el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la misma medida en el caso de procesados por rebelión en prisión preventiva.

El Reglamento alude a la petición del suplicatorio por parte del Supremo al Congreso para iniciar el procesamiento. Pero eso ahora no sería necesario porque los citados ya están procesados, señalan fuentes parlamentarias.

Ese será el camino que tomará la Mesa, según las fuentes jurídicas y parlamentarias consultadas. No habrá conflicto institucional entre poderes del Estado al estar en la misma línea, pero en fuentes parlamentarias reconocen la extrañeza y malestar con la decisión del Supremo, que consideran escapista. Tanto fuentes de la Mesa saliente como de la que se formará hoy coinciden en resaltar la actitud del Supremo de traspasar este polémico asunto al Congreso.

Y los interlocutores recuerdan que no es la primera vez. El alto tribunal ya envió a la Junta Electoral Central la decisión sobre la legalidad de la candidatura de Carles Puigdemont.

Sobre el fondo no hay duda. La decisión de la suspensión se tomará, según todos los indicios, aunque en los prolegómenos algunos partidos han adelantado esa exigencia a la Mesa, como si albergaran dudas de cual será el criterio de la presidenta desde mañana, la socialista Meritxll Batet.

El hecho mismo de que los políticos secesionistas presos puedan adquirir la condición de parlamentarios esta mañana resulta un «escarnio» inasumible y «ofensivo” para el PP. «Más que nunca hay que defender nuestra Constitución, la democracia y las libertades», clamó el presidente del PP, Pablo Casado. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió su «suspensión automática».

Tras constituirse el Congreso y sin esperar a que por la tarde se reúna la Mesa, Ciudadanos presentará un escrito en el Registro para que se les elimine esa condición.

VOX

«Creemos que personas procesadas, que han intentado dar un golpe y liquidar la soberanía nacional, no pueden sentarse en un escaño ni cobrar un sueldo público», sentenció Rivera.

Desde Vox, la diputada Macarenas Olona tachó de «fracaso de la democracia y del Estado de Derecho» su presencia en la Cámara y culpó a los otros partidos por no evitar preventivamente que cinco «criminales y delincuentes» intenten «reventar el Estado desde dentro de las instituciones».

Dudas sobre el escaño

Vox no está representado en la Mesa, que se compone de tres miembros del PSOE y dos del PP, Cs y Podemos. La cita será la primera prueba a la que someterán a ese nuevo órgano de la Cámara todos los partidos en el inicio de esta complicada XIII legislatura.

El PSOE aún no ha dicho nada públicamente pero en fuentes de su dirección se invoca el previsible informe jurídico de los letrados. Será la guía. También lo será para Unidas Podemos, que ayer evitó revelar con claridad cuál será el voto de sus representantes.

Después de la suspensión, el interés de los grupos se fijará en qué deciden hacer los afectados sobre su escaño: si lo mantienen o renuncian y corre la lista para que ocupe su puesto el siguiente.

La portavoz de Junts per Cataluña, Laura Borrás, anticipó ayer que no tienen intención de renunciar por ahora a ninguno sus derechos. Si se mantuvieran firmes en esa posición, ERC y Junts perderían cuatro votos, que también reducirían la mayoría parlamentaria de 176 escaños a 174, por lo que Pedro Sánchez ya no necesitará pedir su apoyo a los independentistas para su investidura.

En el grupo socialista reina el escepticismo sobre esa hipótesis».

También lo recoge Efe

La suspensión de los presos anticipa el primer conflicto de las nuevas Cortes

La suspensión o no de las funciones de los diputados electos que se encuentran en prisión preventiva tiene todos los visos de abocar a las nuevas Cortes que se constituyen mañana a su primer conflicto, pues mientras PP y Cs piden que sean suspendidos, Unidas Podemos, aliado a priori del PSOE en la Mesa, ERC y JxCat se decantan por lo contrario.

La campaña del 26M ha vuelto a quedar relegada por la atracción política y mediática que el Congreso y el Senado han ejercido al recibir a los cuatro diputados catalanes y al senador que están en prisión.

Aún no ha comenzado la legislatura, eso tendrá lugar mañana, pero durante la jornada se han podido intuir la tensión y las discrepancias que marcarán los meses y quizá los años venideros.

El Tribunal Supremo permitió que este lunes Oriol Junqueras y Raül Romeva, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de JxCat, acudieran al Congreso y al Senado a entregar las credenciales que certifican que fueron elegidos por los ciudadanos de Cataluña el pasado 28 de abril, y tras ello, a cumplir los trámites que propicien que a partir de mañana disfruten de los derechos y prerrogativas del cargo.

En torno a las 10.00 horas llegaron al Congreso los cuatro diputados electos (antes lo hizo Romeva en el Senado). Custodiados por un notable operativo policial, fueron a cumplir el mismo procedimiento que han hecho los demás parlamentarios.

Las excepciones han venido de la puesta en escena, pues han podido acceder a las salas habilitadas en compañía de los diputados de ERC, JxCat y EH Bildu, y hasta dentro de ella han podido grabar vídeos y lanzar mensajes a través de Twitter. Los votos de los catalanes, ha proclamado Junqueras, les han hecho «libres».

La custodia policial y la planificación del gabinete de prensa de la Cámara se han ceñido a las instrucciones del Supremo, por lo que no han podido reunirse con parlamentarios de sus propias formaciones o de otras ni han hecho declaraciones a la prensa. El «molt be» de Josep Rull es lo único que los informadores han podido escuchar, Twitter aparte.

Poco más de una hora han tardado los diputados presos, una eternidad comparado con los siete minutos que Romeva ha necesitado en el Senado. El despliegue policial ha servido de ensayo para lo que se avecina mañana.

Porque mañana empieza la XIII Legislatura.

Es por ello que la Diputación Permanente se ha reunido este lunes por última vez para comunicar a la futura Mesa los asuntos que han quedado pendientes y los que ha podido gestionar en este periodo de entre legislaturas.

Ha sido el último acto de Ana Pastor como presidenta de la Cámara, ése y la reunión de la Mesa celebrada antes, durante la que sus integrantes han supervisado precisamente el operativo policial que tendrá lugar mañana.

Fuentes parlamentarias han informado a Efe de que en la sesión se ha analizado una petición cursada por el exdiputado y uno de los abogados de la defensa en la causa del procés, Frances Homs, para que los presos electos puedan mañana reunirse con otros diputados y dar ruedas de prensa. La mayoría de la Mesa, PP, PSOE y Cs, lo ha rechazado.

Así ha terminado una etapa, con la disparidad de criterio sobre los derechos de los diputados catalanes, y así empezará la próxima.

Ciudadanos, por medio de su líder, Albert Rivera, ha anunciado que su partido ya tiene preparado un texto para pedir, en cuanto sea oficial el arranque de la legislatura, la suspensión de los catalanes. «Aquí se sientan los que defienden la soberanía nacional, no los que han intentado liquidar España», ha proclamado.

El PP hará lo mismo, tal y como ha avanzado el presidente del partido, Pablo Casado. Ha tildado de «escarnio» que los cuatro electos en prisión estén mañana en el hemiciclo.

Sin embargo, el futuro secretario primero de la nueva Mesa, si se confirman los acuerdos entre PSOE y Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha recalcado que la confluencia a la que pertenece, la catalana En Comú Podem, defenderá en todo momento los derechos de los cuatro diputados y su «autonomía parlamentaria». Será la posición de Unidas Podemos y es la que ERC y JxCat han solicitado.

La nueva Mesa, que previsiblemente presidirá la socialista Meritxell Batet, tendrá que abordar este asunto en su primera reunión, que podría ser mañana por la tarde o el miércoles.

Porque, además, el Tribunal Supremo ha remitido un escueto oficio al Congreso en el que le delega la decisión de la suspensión.

Sí o sí tendrá que verlo, si bien fuentes parlamentarias auguran que lo más probable es que la Mesa que surja mañana pida un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que precise qué artículos del reglamento darían pie a la suspensión de Junqueras, Rull, Turull y Sànchez. Ese informe, todavía no redactado, subrayan las fuentes, estaría listo la semana que viene.

Hay elecciones autonómicas y municipales el domingo, pero estos días el foco lo acaparan el Congreso y el Senado. El 26M será otra cosa.