Barcelona (Cataluña) España, martes 12 de mayo de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- VOX destapa que «el 84% de los hurtos, el 73 % de los robos con violencia y el 55 % de los asesinatos o tentativas» en Cataluña son cometidos por «extranjeros». «Salvador Illa Roca ha normalizado la inseguridad en nuestras calles y existe una relación clara y directa entre inmigración y delincuencia».
La diputada del Grupo Parlamentario de VOX por Barcelona al Parlamento de Cataluña y portavoz nacional de Sanidad de VOX, María Elisa García Fuster, ha denunciado que, dos años después de las últimas elecciones catalanas, el Gobierno en minoría socialista de Salvador Illa Roca «ha normalizado la inseguridad en los barrios, pueblos y calles de Cataluña».
Durante la rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña, García Fuster ha recordado que «hace dos años, 250.000 catalanes depositaron su confianza en VOX» frente a un Partido Socialista que prometía «cambio, sosiego y normalización” para Cataluña. Sin embargo, ha criticado que, “dos años después y sin haber sido capaces ni siquiera de aprobar unos presupuestos, lo único que ha normalizado el Govern es la inseguridad”.
La diputada de VOX ha asegurado que esta situación «no es casual» y ha citado que «el 84% de los hurtos, el 73% de los robos con violencia y el 55% de los asesinatos o tentativas son cometidos por extranjeros».
Asimismo, ha afirmado que “el 57 % de los detenidos por amenazar a sus parejas son extranjeros, el 59 % de los maltratadores también lo son y más del 60 % de las agresiones sexuales las cometen extranjeros».
Fuster ha subrayado que estos datos «deben analizarse teniendo en cuenta que los extranjeros representan el 18 % de la población en Cataluña», asegurando que existe «una relación clara y directa entre inmigración y delincuencia».
En este sentido, ha afirmado que «no lo dice solo VOX, sino también los datos oficiales del Departamento de Interior y del Departamento de Justicia».
Además, ha denunciado que «más de la mitad de los presos en Cataluña son de origen extranjero» y ha criticado el proceso de regularización impulsado por el Gobierno central.
«Vamos a regularizar a una panda de delincuentes», con los que debería haber «deportación y cumplimiento de condena en sus países de origen», ha asegurado.
La diputada ha lamentado también que el Parlament «se niegue o ponga pegas» a celebrar un debate monográfico sobre inseguridad.
Madres y niños víctimas protestan contra DGAIA organización criminal
Por último, María García Fuster ha asegurado que VOX «seguirá siendo la voz de esos 250.000 catalanes que dijeron basta hace dos años» y también «de todos aquellos que no votaron a VOX entonces, pero que ya ven en la formación la única alternativa y la única esperanza. Cataluña va cuesta abajo y sin frenos en seguridad, educación, sanidad y en muchos otros ámbitos”, ha concluido.
DGAIA
La diputada de VOX también ha denunciado en rueda de prensa la situación de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) tras las investigaciones sobre presuntas irregularidades y ha asegurado que, tras destaparse «contrataciones a dedo, alquileres inflados pagados con el dinero de los catalanes y el cobro fraudulento de prestaciones», la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, «debería haber dimitido».
Según García Fuster, las únicas medidas adoptadas por el Govern han sido «cambiar el nombre de la DGAIA» y «anunciar una auditoría de la que no han sido capaces de dar ni una sola conclusión».
La diputada de VOX también ha criticado que la comisión de investigación parlamentaria esté presidida por el PSC y vicepresidida por ERC, «dos partidos implicados directamente en la trama». Asimismo, ha cuestionado el anuncio de internalizar las prestaciones a ex tutelados a partir de diciembre de 2026, asegurando que «no supone ninguna garantía».
Por último, ha afirmado que «VOX tenía razón cuando pedía desmantelar la DGAIA y empezar desde cero», y ha acusado a la consejera y al Partido Socialista de «poner parches a un barco que se hunde para no destapar toda la trama. La consejera y el PSC son parte clara del problema de la DGAIA y de la tutela de menores», ha concluido.