Redacción.- Sassari (Cerdeña) Italia, lunes 4 de octubre de 2021. La Acusación Popular en el Caso de la Orden Europea de Detención y Entrega (euroorden) contra Carles Puigdemont Casamajó, el golpista huido de la Justicia española, expresidente de la Generalidad sediciosa de Cataluña en octubre de 2017, —representada por la Vicesecretaría Jurídica de VOX, que dirige Marta Castro Fuentes— ha asistido este lunes en la primera Audiencia sobre la entrega del puchista líder de la derecha separatista JxCat a España en el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) Italia. «Nos mantenemos en nuestra función» de Acusación Popular «que es rigurosamente jurídica», ha subrayado la abogada española, desmarcándose así de las interpretaciones políticas lanzadas después de la personación de su cliente (VOX) en el Caso de la entrega de Puigdemont en Sassari como en el Caso contra Puigdemont en el Tribunal General de la Unión Europea, donde la defensa del puchista ha solicitado esta vez medidas Cautelares en lugar de la cautelíarísima; para que el TGUE pare automáticamente el proceso en Italia y escuche a las partes (Parlamento Europeo, Marta Castro (VOX) y la Defensa de Puigdemont).
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«Creo que no tenemos antecedentes de una Orden Europea de Detención y Entrega (euroorden)» contra políticos golpistas en la Unión Europea. «El caso» contra Puigdemont en el Tribunal de Apelación de Sassari (Italia), «como comprenden, es extraordinario», agregó Marta Castro Fuentes este lunes en declaraciones a la prensa frente al Tribunal de Sassari, tras asistir a la primera audiencia.
Además, ha subrayado la vicesecretaria jurídica de la formación presidida por Santiago Abascal Conde, «un golpe de estado no es habitual que lo tengan que ver los Tribunales ni unos procesados» políticos separatistas «por unos delitos tan graves, que lo tangan que ver en una orden de Detención y Entrega», apuntó Castro.
La Acusación Popular cree que el Tribunal Supremo del reino de España «ha sido muy tajante y muy explicativo sobre cuál es el condicionamiento». Por eso, desde la Acusación Popular, «entendemos que el «Pro Actione», que es el derecho a la Acusación Popular» ha estar en este caso, «de la misma manera que hemos estado personados» en la Causa del Procés, «porque nos ampara nuestra Legislación» en su «Artículo 110 de la Ley de enjuiciamiento criminal (…), también nos permite personarnos en cualquier procedimiento que dimana o tenga relación con el mismo», ha ha dicho la vicesecretaria jurídica de VOX. «Por eso, la euroorden trae causa directa de la causa que se está siguiendo en el Tribunal Supremo» en España» -explicó Castro añadiendo- «allí» en el Supremo los servicios jurídicos de VOX son «Acusación Popular» y «¿por qué no lo vamos a ser aquí» en Sassari (Italia) o en el Tribunal General de la Unión Europea?, sentenció Castro.
De Sassari al TGUE
Tampoco no se descarta que el TGUE rechace las medidas cautelares solicitadas por la defensa de Puigdemont y confirme la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, devolviendo el caso a Sassari (Italia), que es lo que la Corte de Apelación de Sassari está esperando para reactivar el caso de la entrega de Puigdemont a España que este lunes ha suspendido.
Concretamente, el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) Italia ha suspendido el caso de la entrega de Puigdemont a España a la espera de que se pronuncie el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la inmunidad de este puchista, respecto al recurso con medidas cautelares que la Defensa de este individuo solicitó ante esta institución judicial europea y respecto a la cuestión prejudicial que el magistrado instructor del Caso Procés, Pablo Llarena, presentó también ante esta institución judicial europea tras las Medidas Cautelarísimas de la defensa de Puigdemont que el TGUE admitió a trámite antes de investigar el caso para después suspender la inmunidad hasta la fecha, alegando una falta de riesgo de detención en la Unión Europea.
El puchista Puigdemont, que no hizo declaraciones a la salida de la Corte que estudió su posible entrega a España, fue detenido el 23 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Alguer por una orden del Tribunal Supremo y fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de Sassari, aunque fue puesto en libertad al día siguiente.
El Supremo pide a Sassari ejecutar las euroórdenes contra Ponsatí y Comín
El magistrado del Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el golpista Carles Puigdemont, ha pedido al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) que ejecute la euroorden contra los eurodiputados golpistas huidos, que también su inmunidad parlamentaria fue suspendida, Clara Ponsatí Obiols y Antonio Comín Oliveres, que están allí acompañando a golpista Puigdemont.
Llarena ha dictados sendas providencias en las que da cuenta a las autoridades judiciales italianas de «noticias periodísticas» que recogían que Ponsatí y Comín, huidos de la Justicia desde octubre de 2017 como Puigdemont, habrían viajado a Cerdeña para apoyar a golpista Puigdemont, citado esta mañana ante la corte de Sassari.
