Redacción.- Madrid (España), miércoles 17 de noviembre de 2021. La vicesecretaria Jurídica Nacional de VOX, Marta Castro Fuentes; la portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio San Martín; y el portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Francisco Javier Ortega Smith Molina; han interpuesto un recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), contra el Acuerdo del Pleno del Consistorio por el que se modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre de 2018, conocido «Madrid 360».
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Ortega Smith ha explicado las tres razones, «políticas y éticas», por las que la formación tiene que luchar para derogar esta Ordenanza del Gobierno municipal del alcalde del PP, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés.
Así, se ha referido al engaño del alcalde de Madrid a todos los ciudadanos, a quienes prometió la derogación de Madrid Central; la ilegalidad de la norma y la injusticia social, que hace que los madrileños que no puedan cambiar de coche sean ciudadanos de segunda. Así, el portavoz del Grupo Municipal VOX ha denunciado que el gobierno municipal ya tiene previsto recaudar cerca de 300 millones de euros con la entrada en vigor de la nueva ordenanza.
Pacto del PP con «comunistas» en Madrid
Por su parte, Monasterio ha criticado que Almeida haya «pactado con comunistas» una norma que va a impedir a más de 300.000 ciudadanos acceder al interior de la M-30.
«Es una norma muy restrictiva», ha advertido Monasterio. Así, «en lugar de proteger a las familias y a los trabajadores, el alcalde ha pactado con comunistas».
Por su parte, la jefa de la Vicesecretaría Jurídica de VOX, Marta Castro Fuentes, se ha referido a las «deficiencias» que presentan los informes técnicos.
Según ha explicado, «es evidente la falta de normativa de calidad».
Y es que para la elaboración de una ordenanza como esta, que ha advertido, «entra en vigor el 1 de enero, hay que tener en cuenta los análisis que acrediten la necesidad de la norma». Sin embargo, en esta ocasión «no se cumplen los requisitos».
Este recurso es consecuencia de la modificación de la representación en el Ayuntamiento, ya que, tras la salida de cuatro concejales del Grupo Municipal Más Madrid, el Ayuntamiento permitió a estos integrar el Grupo Mixto, en lugar de pasar a ser concejales no adscritos, tal y como señalaban los equipos Jurídicos de la Asamblea de Madrid.
Esta decisión del Consistorio se basó en un informe del secretario del Ayuntamiento que contradecía a los servicios Jurídicos de la Asamblea, tal y como denuncia el recurso presentado.
Así, se solicitan medidas cautelarísimas mientras se resuelve la nulidad del Grupo Mixto de la que se derivaría la nulidad de la Ordenanza municipal.
El escrito explica que la creación del Grupo Mixto produjo una «evidente alteración de la actividad del Consistorio» y también de los «votos».
También supone la modificación de la composición de las comisiones permanentes ordinarias, de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación Española (CE), de la Comisión Especial de Cuentas y de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, «que se lleva a cabo mediante la elevación al Pleno, el pasado 30 de agosto, de las Propuestas de Acuerdo de la Presidencia del Pleno para el pleno extraordinario de 3 de septiembre de 2021».
Destaca la formación que preside Santiago Abascal Conde que cuando se convoca el Pleno extraordinario y urgente para el día 7 de septiembre, se hace sin «cumplir los requisitos legalmente establecidos, afectando con ello los derechos fundamentales contemplados en el artículo 23 de la CE, y la seguridad jurídica que contemplan el respeto del principio de legalidad».
Así, el 8 de septiembre de 2021, se convoca la Sesión extraordinaria y urgente, Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad Sesión, cuyo orden del día era: punto primero, la ratificación de la urgencia de la sesión.
El segundo punto era, precisamente, la aprobación de «Madrid 360».
Y para la aprobación de esta ordenanza se permitió a los exconcejales de Más Madrid presentar enmiendas.
Es por ello que ahora VOX solicita al TSJM proceda a suspender de manera cautelarísima la entrada en vigor de Madrid 360 y afectará a quienes residan en Madrid y quienes quieran acceder a la ciudad desde cualquier punto de la región y, por ende, de España. Además, de afectar a un derecho fundamental como es la libertad de movimiento. Precisamente, Castro ha insistido hoy en este punto.
Así, VOX pretende evitar las consecuencias que produciría la ejecución de una ordenanza que «por no cumplir con los requisitos legales requeridos, no hubiera debido incorporarse como norma», tal y como refleja el escrito.
Y es que las consecuencias, recuerda la formación, «podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación».
