Mas rechaza la sentencia del TC y afirma: “el NO del TC solo nos deja el 27-S como única vía” para declarar la independencia

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Mas rechaza la sentencia del TC y afirma el NO del TC solo nos deja el 27-S

El presidente del gobierno separatista en Cataluña, Artur Mas Gavarró, ha rechazado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de este miércoles, 25 de febrero 2015, y ha afirmado que “el NO del (TC)” al golpe separatista del 9-N a la democracia española “solo nos deja las elecciones anticipadas catalanas con el carácter plebiscitario del próximo 27 de septiembre 2015 (27-S) como única vía para consultar el pueblo de Cataluña” y poder declarar la independencia de la comunidad autónoma española de Cataluña.

“Es casi imposible dirigir la política catalana de manera solvente”, después de tantos años, “si no resolvamos” por una vez la cuestión de conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de Cataluña, ha asegurado Artur Mas Gavarró al inicio de su conferencia en el Círculo de Economía de este miércoles, 25 de septiembre 2015, en Barcelona, en rechazo a la decisión por “unanimidad” del Pleno extraordinario del TC celebrado esta mañana en Madrid. Una decisión que ha declarado nulo y sin efecto “a la convocatoria del referéndum del 9N” separatista catalán y la “ley de Consultas No Referendarias” aprobada por el régimen separatista de Artur Mas para cometer “su desobediencia” al Estado de Derecho de España.

El presidente separatista catalán y altos cargos su gobierno: su vicepresidenta, Joana Ortega, y su consejera de Educación, Irene Rigau, fueron denunciados ante los Tribunales por “haber cometido un delito de desobediencia a resoluciones judiciales cometido por parte de autoridades públicas que conlleva entre medio año y dos años de inhabilitación para cargo público, además de multa de tres a doce meses -de sueldo-. En función de la investigación, el TSJC, también, considera que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau habrían cometido delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. En total, los tres delitos sumarían inhabilitación o suspensión de cargo público por un máximo de 15 años y multas de hasta dos años de -sueldo-“, según auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del pasado 8 de enero 2015.

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