Redacción – Ya se han realizado los acuerdos de gobierno, se han formalizado las investiduras en los Ayuntamientos y estamos a la espera del último anclaje en las Comunidades autónomas. Ahora toca con seriedad empezar a dirigir las Instituciones, siempre con la intención del bien común y de la convivencia. Imprescindible cumplir el primer preámbulo, respetar la ley pues sin ella no cabe el equilibrio social. Sant Cugat Del Vallés (Barcelona) España, miércoles 26 de junio de 2019.
Pululan noticias contrapuestas desde algunos centros de emisión periodística, basta escuchar al político y oír a continuación la repetición hecha por el informador, para creer que ha habido un aderezo pertinente, no coincide el verbo emitido con el que llega al ciudadano no presente en el momento del comunicado. Esta distorsión siembra en el ánimo un desequilibrio que en ocasiones lo doblega y lo reconduce hacia intereses ajenos.
Por todo lo dicho, la pluralidad informativa debe ser defendida al máximo, es el magma que genera la libertad. Y la libertad es emitir juicios, a lo mejor diversos, heterogéneos y necesarios para que el ciudadano escoja el que crea veraz u oportuno dentro del marco legal diseñado en la Constitución. Asumida esta reflexión, se debe enfatizar en la rectitud del periodista y la lealtad a la noticia. Puede diferir en matices pero no cambiar el sentido del acontecimiento o de la opinión emitida.
Pronto, dentro de pocos meses, tendremos a nivel nacional nuevo Gobierno y será en ese instante cuando empiece a funcionar el último engranaje del Estado. Mucho hay que apuntalar, renovar y hasta cambiar. A lo largo de estos años de asentamiento democrático han habido importantes aciertos acompañados también de errores no menos notables por su transcendencia, siendo el más negativo para la integridad del modelo parlamentario, el no respetar la ley.
Nos hemos acostumbrado a que desde los poderes públicos a través de variados procedimientos y algunos muy sofisticados, se atropelle lo establecido en la legislación. No nos sorprende que hasta se ignoren las reiteradas sentencias dictadas por los tribunales. Los delitos difieren mucho según quien los cometa: un político o un ciudadano de a pie; para aquel se facilita que prescriban los quebrantamientos y cuando no puede ser así, se impone una pena bastante rebajada pero si todo falla, el indulto correspondiente, por el contrario para el simple votante la justicia es sagrada e implacable. Esta metodología es un mal precedente, orientar a la juventud bajo estos parámetros puede llevarnos al suicidio social.
En democracia no es cuestionable el imperio de la ley, debe acatarse lo señalado en ella y todos los niveles del Estado están obligados a cumplirla y hacerla cumplir. No todo vale para conseguir lo que nos gusta satisfacer, siempre hay un límite, si no fuera así sería inviable la vida en común. Prima el que restauremos la libertad del poder judicial y con ella conseguiremos añadir ese deber de respeto que merece. El recurso a una sentencia si se considera, está implicita en el proceso y eso es una garantía. Estamos en el momento adecuado para volver a recuperar lo que entraña ese tercer poder y sus decisiones.
El equilibrio y la independencia son dos pilares básicos para dictar sentencia por el delito o por el contrario eximir al acusado.
Emigrantes ilegales, okupas de viviendas, narcotraficantes, manteros y otros más, son figuras que deberían desterrarse o como mínimo no ser alentadas desde los que ostentan responsabilidades de Estado. Los controles debidos no son puestos en marcha y el ciudadano se siente zarandeado entre el ajustarse a lo legal y el campear a sus anchas con grandes quebrantos para el modelo social, cultural y legal que nos respalda. Nuestras ciudades pierden en algunos barrios la seguridad que debe estar cubierta por parte de los gestores públicos del día a día.
Se han trucado los valores cívicos pero no es de extrañar después de haber visto años atrás a un alcalde de la Ciudad condal perdonar los gastos de consumo a los que se suelen adueñar de la vivienda ajena, con el único fin de tener una legislatura tranquila, o de enterarnos que la reina de los acosos había llegado a ser la primera dama del Consistorio barcelonés.
Nunca es tarde para emprender el camino conforme a las reglas democráticas y pronto habrá una oportunidad para corroborarlo: la sentencia sobre las tomas de decisión de la Cámara autonómica catalana que apostó por la secesión de España.
Ana María Torrijos
