Orden de alejamiento de 500 metros para las protestas pacíficas en Galapagar

.En sus testimonios, la pareja Pablo Iglesias e Irene Montero, vicepresidente y ministra de igualdad -respectivamente-, desvincularon lo que ocurre en las puertas de su domicilio con los escraches políticos
.El juez Ha atendido de ese modo a la petición del representante de la Fiscalía, porque la acusación que ejercen los miembros del Ejecutivo pedía que el alejamiento fuera de tres kilómetros

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), AÑO 2020. Los dirigentes de la formación de ultraizquierda Podemos, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y su mujer y ministra de Igualdad, Irene Montero. Efe

Efe – Un juez de Collado Villalba ha dictado una orden de alejamiento de 500 metros para Miguel F., el hombre al que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han denunciado por acoso por su continua presencia frente a su domicilio en la localidad madrileña de Galapagar. Madrid (España), martes 29 de diciembre de 2020.

El juez ha acordado esta medida cautelar a propuesta de la Fiscalía tras la declaración del acusado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba, según han indicado a Efe varias fuentes presentes en la misma.

En concreto, el juez ha dictado orden de alejamiento de 500 metros respecto al domicilio o al lugar de trabajo de Iglesias y Montero durante el tiempo que dure la instrucción judicial, además de impedirle comunicarse con ellos por cualquier medio o a través de personas interpuestas.

Ha atendido de ese modo a la petición del representante de la Fiscalía, porque la acusación que ejercen los miembros del Ejecutivo pedía que el alejamiento fuera de tres kilómetros.

Iglesias y Montero ratificaron ayer la denuncia que interpusieron contra Miguel F. por los delitos de acoso, coacciones, desobediencia a la autoridad y revelación de secretos. El vicepresidente y la responsable de Igualdad aseguraron sentir “miedo” y explicaron al juez que en ocasiones las protestas despiertan a sus hijos.

En sus testimonios, desvincularon lo que ocurre en las puertas de su domicilio con los escraches políticos.

En su defensa, Miguel F. ha argumentado que simplemente ha ejercido su derecho a la protesta, descontento por la actuación de Iglesias como vicepresidente segundo del Gobierno en la gestión de las residencias y en otros aspectos relacionados con la pandemia.

En su declaración, en la que se ha negado a responder al fiscal y a la abogada de los demandantes, el acusado ha reconocido que se subió a una roca a grabar el interior de la vivienda de Iglesias y Montero y ha admitido que acude reiteradamente con pancartas al domicilio, consciente de que allí viven tres menores.

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