Ordenarán la detención de Puigdemont si no acude a declarar y Bélgica le entregará a España

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El fugitivo ex presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajò, en una imagen reciente en el Parlamento de Cataluña, antes d ela disolución d ela cámara catalana el pasado viernes 27 de octubre por el Gobierno central en cumplimiento de las medias de la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española, aprobadas en el Senado el mismo día. Archivo Efe. 

Lasvocesdelpueblo y Agencias – ¿Qué ocurre si Puigdemont no acude a declarar? La juez podría ordenar la detención de Puigdemont si no acude a la Audiencia Nacional. La policía belga tendría entonces que detener a Puigdemont y sus exconsejeros del Ejecutivo separatista de la Generalidad de Cataluña. Si rechazan la entrega a España, la justicia belga tendrá 60 días para decidir sobre el futuro de los fugitivos delincuentes internacionales de Juntos Por El Sí (ERC y PDECAT).  Madrid (España), jueves 2 de noviembre de 2017. Fotografía: El fugitivo ex presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont Casamajò, en una imagen reciente en el Parlamento de Cataluña, antes d ela disolución d ela cámara catalana el pasado viernes 27 de octubre por el Gobierno central en cumplimiento de las medias de la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española, aprobadas en el Senado el mismo día. Archivo Efe. 

En esto precisamente juega el hombre que llamaba a los catalanes a hacer de escudos humanos y recibir porras policiales ante los colegios electorales ilegales el 1-O y a los Mozos de Escuadra a desobedecer la Justicia, sentencias y jueces. Cuando ha llegado la hora de dar la cara para toda esa gente, Carles Puigdemont y consejeros más separatistas del PDECAT han fugado y abandonado al ex Mayor y la intendente de los Mozos de Escuadra, Josep Lluís Traperos y Teresa Laplana, respectivamente, junto a los separatistas a su suerte.

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsejeros han sido citados a declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación este jueves y viernes en la Audiencia Nacional.

La incógnita que se abre ahora es saber si acudirán o no después de que Puigdemont haya explicado que no regresará de Bélgica hasta que no tenga “garantías” de un “juicio justo” en España.

El expresidente se encuentra en Bruselas desde este lunes junto a cinco de sus exconsejeros.

Si no se presenta, la juez de la Audiencia Carmen Lamela -que ya investigaba al ex Mayor de los Mozos y a los Jordis, el presidentes de ANC y Òmnium (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) y que ha asumido la nueva querella de la Fiscalía contra el ex Gobierno catalán- podría ordenar directamente su detención a petición del Ministerio Público.

También cabría la posibilidad de que la magistrada le ofrezca una segunda citación, según los expertos consultados por Europa Press.

En el caso de que el expresidente y sus exconsejeros separatistas no acudan, la Fiscalía podría pedir a la juez que libre las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y, de aprobarlas la magistrada, las autoridades belgas tendrían que proceder al arresto de Puigdemont y sus consejeros, informa Efe.

Pasarían entonces a disposición de un juez belga, que decidiría si los mantiene en prisión o los deja en libertad hasta que se resolviera la ejecución de la euroorden.

La decisión final sobre su entrega a España tendría que tomarse en un plazo máximo de 60 días a partir del arresto.

Las euroórdenes, un sistema ágil de entrega.

Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea de 2002.

El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.

La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación.

En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.

60 días a partir de la detención para decidir

Según el ordenamiento jurídico belga, los seis ex altos cargos catalanes serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.

Si los reclamados aceptasen su entrega a España, esta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de 15 días.

Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de 15 días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.

Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.

La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.

En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, esta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de 60 días a partir de la detención.

El fugitivo sediciosos Puigdemont confirma que no acudirá a declarar a la Audiencia Nacional para dar la cara

Carles Puigdemont ha confirmado este miércoles que tanto él como cuatro de sus exconsellers permanecerán en Bruselas y no acudirán mañana a la Audiencia Nacional, donde están citados para declarar acusados de rebelión, sedición y malversación.

En un comunicado en el que se presenta como presidente del “Gobierno catalán legítimo” de Cataluña, Puigdemont apunta que “en ningún caso los consejeros y el presidente que se quedan en Bruselas contemplan eludir la justicia, sino que justamente la reclaman, y responderán a las citaciones (…) de acuerdo con los mecanismos que ya están previstos en la UE en estas circunstancias”.

Este comunicado, en el que Puigdemont denuncia un “juicio político”, se hizo público después de una jornada en la que su abogado belga Paul Bekaert anunció que el expresidente de la Generalitat pedía declarar ante la Audiencia Nacional desde Bélgica, donde permanece, aunque no hay imágenes suyas desde anoche, cuando se le vio salir del hotel en el que se alojaba en Bruselas.

La incomparecencia de Puigdemont podría llevar a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que se ha hecho cargo de la investigación contra el expresidente y los 13 exconsejeros, a enviar una orden europea de detención a la justicia belga para una futura extradición a España.

Quien sí tiene previsto ir a declarar es el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de los exconsejeros, tal y como señala Puigdemont en el comunicado, en el que justifica que este grupo sí acuda a la Audiencia Nacional “como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas”.

En principio, permanecen en Bruselas Clara Ponsatí, Meritxell Borràs, Antoni Comin y Meritxell Serret, tras regresar ayer a Barcelona Dolors Bassa, Joaquim Forn y Lluís Puig.

También están citados mañana y el viernes a declarar, en este caso ante el Tribunal Supremo por ser aforados, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara, todos los cuales han dicho que acudirán a la citación.

Tanto los citados en la Audiencia como en el Supremo, la Fiscalía les considera responsables del proceso de independencia en Cataluña desde que comenzó su andadura en el 2015.

Los miembros de la Mesa Joan Josep Nuet (EUiA) y Anna Simó (ERC) han sido los primeros en llegar a Madrid desde la barcelonesa estación de Sants, donde unos 200 simpatizantes separatistas se han concentrado para arroparles, mientras que otra decena, que portaba banderas españolas, ha coreado consignas como “Puigdemont, a prisión”.

La estrategia de Puigdemont ha sido censurada por Nuet, representante en la Mesa del Parlament de Cataluña Sí Que Se Puede, que ha opinado que al negarse a acudir ante la Audiencia Nacional “puede hacer que las personas que estén mañana citadas acaben en prisión preventiva”.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela instruirá la querella por su relación con la causa que tiene abierta por sedición y que cuenta con cuatro investigados: el que fuera mayor de los Mozos de Escuadra Josep Lluís Trapero; la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión preventiva desde el 16 de octubre.

De hecho, nada más admitir a trámite la querella citó a Puigdemont y 13 exconsejeros para mañana y el viernes, a las 09.00 horas, y también para la celebración de una vistilla de medidas cautelares tras su declaración.

Al respecto, la Fiscalía se plantea pedir prisión incondicional ante el riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas (hasta 30 años de cárcel por rebelión), y de reiteración delictiva.

La magistrada acordó también fijarles una fianza civil de 6.207.450 euros, que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza.

La premura con la que se han recibido las citaciones de la Audiencia Nacional ha generado las quejas de algunos exconsejeros, como el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, que ha asegurado que la citación le había llegado esta misma mañana, y que debía comparecer “en menos de 24 horas” ante la Audiencia Nacional.

En la misma línea, también a través de Twitter, el exconseller Junqueras aseguraba: “He recibido la notificación. ¿El Estado de derecho y la democracia española es esto? Trabajemos entre todos los demócratas para restaurar la democracia”.

Paralelamente, cuando se cumple un mes del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, Puigdemont ha recordado esa cita y ha asegurado en un tuit: “A pesar de la violencia y las amenazas pasadas y presentes, seguimos trabajando. ¡Orgullo de pueblo!”.

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