Proposición No de Ley que exige la gratuidad del Bachillerato

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), AÑO 2019. Un grupo de estudiantes realizan los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Efe

Redacción.- Madrid (España), martes 16 de noviembre de 2021. Grupo Parlamentario VOX en Madrid. Madrid, 4 de noviembre de 2021. Plaza de la Asamblea de Madrid, 1. 28.018 Madrid. A la Mesa de la Asamblea de Madrid. Dña. Rocío Monasterio Portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Madrid en la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 205 y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate ante el Pleno de la Cámara:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Educación Secundaria, tanto el primer ciclo como el segundo, son etapas educativas fundamentales para el desarrollo económico y social de España. Como señala el Informe Español Panorama de la Educación Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) 2021, la segunda etapa de educación secundaria es el nivel mínimo para abordar con éxito el acceso al mercado de trabajo y es requisito para acceder a la educación superior.

Sin embargo, como indica este mismo informe «España tiene un déficit de titulados en segunda etapa de educación secundaria». En 2019, la tasa de escolarización de la población entre 15 y 19 años en España es del 87,0 %, por debajo de la media de la UE22 (88,1 %). Este mismo año, por primera vez, el número de alumnos que se han matriculado en Bachillerato en la Comunidad de Madrid ha sido superado por los que lo han hecho en Formación Profesional.

La igualdad de oportunidades entre todos los españoles, la posibilidad y capacidad de promoción laboral y social, así como el desarrollo económico de España, están todas ellas directamente relacionadas con el nivel educativo de sus ciudadanos. Por ello, la expansión de la educación debe ser política básica de las sociedades avanzadas como España, y en este caso, de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, en nuestra Comunidad, coexisten dos modelos educativos, la red pública y la privada sostenida con fondos públicos, que amparan el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, tal como recoge el artículo 27 de la Constitución Española. Sin embargo, en el caso del Bachillerato los alumnos que cursan sus estudios en la red de educación privada sostenida con fondos públicos pasan, en la mayoría de los casos, al régimen de enseñanza privada en sus mismos centros.

Una vez terminada la etapa de Educación Secundaria Obligatoria cursada en estos centros, la opción de las familias y alumnos pasa, bien por abandonar el centro de estudios donde han venido educándose durante años para pasar a centros públicos, bien mantenerse en los mismos pero pagando entre cuatrocientos y quinientos euros mensuales, aumentando de manera importante que pasan al esfuerzo económico de las familias.

A este respecto cabe destacar que el esfuerzo económico privado en Educación primaria, secundaria y postsecundaria de las familias españolas, alcanza el 13% mientras que en el resto de los países de la Unión Europea es del 5%, una diferencia del 8% que recae directamente sobre las economías familiares.

La igualdad de derechos de todos los estudiantes, con independencia del modelo educativo público o privado financiado con fondos públicos, la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los españoles y la importancia de no repercutir económicamente la educación de sus hijos a las familias, equiparando el esfuerzo económico de los españoles al de resto de ciudadanos de la Unión Europea, hacen necesaria la extensión de la gratuidad del Bachillerato. Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX en Madrid presenta la siguiente:

Proposición No de Ley

La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a; La gratuidad del Bachillerato a todos los estudiantes que cursen los estudios en centros privados sostenidos con fondos públicos.

La portavoz, Rocío Monasterio San Martín