Agencias – La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría Antón, ha dicho hoy que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la moción golpista de las candidaturas separatistas excluyentes en el Parlamento autonómico de Cataluña: Juntos Por El Sí (JxSí) y Candidatura de Unidad Popular (CUP) si el lunes 9 de noviembre 2015 se aprueba en el Parlamento catalán y «en ese mismo minuto» pedirá su suspensión, de manera que nadie podrá ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa iniciativa. Madrid, 6 noviembre 2015. <Fotografía: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Sanidad, Alfonso Alonso (d), y Justicia, Rafael Catalá (i), durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Foto/efe>.
Antón, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha dejado claro que si el TC acepta el recurso y suspende la moción, ni la Generalitat catalana ni ninguna institución pública pueden realizar ninguna actuación contraria a la suspensión. Y que, si la realizan, el Gobierno del Partido Popular (PP) o quienes puedan impugnar tal actuación, podrán llevar a cabo las decisiones que estimen oportunas «con proporcionalidad y prudencia».
A juicio de la dirigente del partido de la gaviota, la extremista presidenta del Parlamento autonómico de Cataluña, Carme Forcadell Lluís, es tanto jurídica como políticamente la primera persona que «sin ningún género de dudas» debe sentirse aludida por el aviso del Tribunal Constitucional de que la Cámara autonómica debe velar por el cumplimiento de la Constitución. En este sentido, ha precisado que el TC recoge algo insólito en su auto de ayer, que es «una advertencia», al hacer notar que el Parlamento catalán tiene la obligación de velar por el respeto a la Constitución en el debate de la propuesta golpista de JxSí y CUP.
Si no lo hace, entonces el TC podrá tomar las decisiones que estime oportunas, ha sintetizado respecto a la decisión del Alto Tribunal de permitir que se celebre el pleno con el argumento de que «es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución», ha dicho Antón.
En todo caso, y si se aprueba la resolución secesionista en los términos actuales o similares, el Gobierno recurrirá al TC de manera inmediata, previo informe del Consejo de Estado, urgirá la suspensión de la moción y nadie podrá «ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración», ha confirmado.
Antón: «La inmediatez del Gobierno será absoluta». «Y que a nadie le quepa duda de que esa declaración no producirá ninguno de sus efectos», ha dicho. Además, la dirigente del PP indicado que España es un Estado de derecho y una democracia consolidada y por lo tanto no permitirá que «cualquier ciudadano y menos un gobierno se salte la ley».
Para Antón: «En España funciona el Estado de derecho, sus mecanismos funcionan y hay un Gobierno dispuesto a usarlo», ha dicho, antes de insistir: «Este Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la ley, la unidad de España, la soberanía y la igualdad de los españoles». Antón ha destacado que el Gobierno se siente «arropado» por un conjunto de fuerzas políticas, partidos nacionales e instituciones sociales que apoyan la estrategia del cumplimiento de la ley y el respeto a la legalidad y la unidad.
«Cada actuación que pretendan llevar a cabo al margen de la Constitución y las leyes tendrá una respuesta por parte del Gobierno y del Estado, porque este tema es un asunto de Estado», ha añadido. También ha explicado que si finalmente el TC la declara nula, será «como si no hubiera existido», tal y como ocurrió con la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán en enero del 2013, y no podrá desplegar ninguno de sus efectos.
Si alguna institución intentara llevarlos a cabo -ha alertado la vicepresidenta- existen mecanismos «variados y amplios», cuya aplicación dependerá de cómo y cuándo se produzca el incumplimiento del TC y atendiendo siempre a criterios de «determinación, firmeza, prudencia y proporcionalidad». Al ser preguntada por si entre esos mecanismos se encuentran los previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Antón ha aclarado que son «cuestiones diferentes».
Una cosa es la situación financiera de una comunidad y las medidas que prevé la propia ley para garantizar la estabilidad presupuestaria y otra el incumplimiento de las decisiones de los tribunales. Respecto a la decisión del TC de admitir a trámite los recursos de amparo de la formación naranja española en Cataluña, Ciudadanos (C’s), PSC y PPC, pero sin impedir el pleno, la vicepresidenta ha considerado que el alto tribunal ha actuado con arreglo a derecho y a sus propios precedentes.
