Efe – La Fiscalía reclamaba 12 años y 62 años de cárcel. La defensa de los comandos independentistas y extrema izquierda, amigo de la ETA del sanguinario Arnaldo Otegi que agredieron a las mujeres, esposas de guardias civiles y sus esposos en un bar de la localidad Alsasua (Navarra) en 2016 recurrió la condena de 2 y 13 años de sus clientes ante Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. La sentencia apreció «las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que los acusados actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos, pero no vio en su acción ningún vínculo con la banda terrorista ETA». Madrid (España), domingo 20 de nero de 2019. Fotografía: ESPAÑA, AÑO 2017. Monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional que retransmitía el juicio a los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua. Efe
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional celebra esta semana una vista en la que revisará la sentencia de este tribunal que condenó a penas de entre 2 y 13 años de cárcel a 8 acusados de participar en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016.
La vista ha sido fijada el miércoles y el jueves para estudiar los recursos de las defensas, que consideran desproporcionadas la penas impuestas, y de la Fiscalía, que pidió que los acusados fueran condenados por terrorismo.
La sección primera de lo Penal condenó en junio a estos ocho sujetos extremistas xenófobos de ultraizquierda e independentistas vascos por participar en la agresión por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero, en contra del criterio de la Fiscalía, descartó que fueran de carácter terrorista pese a la «notabilísima gravedad de los hechos».
Por ello la Fiscalía también ha recurrido la sentencia insistiendo en que la paliza que sufrieron los agentes «fue una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista».
La sentencia apreció «las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que los acusados actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos, pero no vio en su acción ningún vínculo con la banda terrorista ETA».
En cambio, para la Fiscalía los agresores con su acción querían «expulsar a los miembros de la Guardia Civil de un territorio que los acusados consideran suyo de una manera excluyente, atemorizando además a una parte de la población que no piensa como ellos».
Por estos hechos, el fiscal José Perals pidió para los agresores entre 12 años y 62 años de cárcel por delitos de amenazas y lesiones terroristas o, alternativamente, entre 6 y 17 años manteniendo solo un delito de terrorismo y desórdenes públicos.
En su recurso ante la Sala de Apelación, Perals reconoce que en este juicio se enfrentó al «problema consustancial» de las elevadas penas que conllevan los delitos terroristas, pero insiste en que «son las establecidas en el Código penal y de hecho se piden en el grado mínimo».
«Lo que no puede -añade- es dejar de aplicarse un precepto del código penal por considerar que la pena es injusta o desproporcionada».
Las condenas más altas, por atentado y lesiones, recayeron en Ohian Arnanz e Iñaki Abad (13 años), Adur Ramírez y Jokin Unamuno (12 años), así como Julen Goicoechea, Jon Ander Cob y Aratx Urrizola (9 años). A Abad y Arnanz la Audiencia les condenó además por desórdenes públicos.
La única mujer acusada, Ainara Urquijo, fue condenada a 2 años de prisión por amenazas y desórdenes públicos.
