Rodrigo Rato, que nombró Rajoy en la era de Esperanza Aguirre, detenido por presuntos delitos de fraude y blanqueo de capitales

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Rodrigo Rato Figueres, vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía de España (entre 1996 y 2004), durante el gobierno de José María Aznar y expresidente de Bankia, -nombrado por el actual presidente del gobierno del Partido Popular (PP), Mariano  Rajoy Brey, en la era de Esperanza Aguirre, expresidenta de la comunidad autónoma española de Madrid y actual candidata del PP en la alcaldía de Madrid-, abandonó su domicilio en un coche policial tras un registro de tres horas y fue trasladado a su despacho para proseguir la investigación. Rato fue detenido en su domicilio en el centro de Madrid antes de salir, a las 20.15 horas, sin esposar, para continuar otros registros. En concreto, fue trasladado a su despacho, muy próximo a las inmediaciones de su domicilio en el Barrio de Salamanca, donde ha proseguido el registro policial ordenado por el juez, informa Efe.

Rato fue detenido en su domicilio en el centro de Madrid antes de salir, a las 20.15 horas, sin esposar, para continuar otros registros. En concreto, fue trasladado a su despacho, muy próximo a las inmediaciones de su domicilio en el Barrio de Salamanca, donde ha proseguido el registro policial ordenado por el juez, informa Efe. La idea inicial era registrar posteriormente al menos de otra de las propiedades del expresidente de Bankia, entre las que se encontraría una segunda vivienda en Madrid

Agentes de Aduanas de la Agencia Tributaria registraron desde primera hora de esta tarde el domicilio de Rodrigo Rato en Madrid, en una actuación judicial a petición del juzgado de instrucción número 35 de Madrid y a raíz de una denuncia interpuesta hoy por la Fiscalía. En dicha denuncia, la Fiscalía instaba a investigar al exvicepresidente del Gobierno y a otras personas por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

En la denuncia, el Ministerio Público reclamaba el registro de la vivienda del exvicepresidente de forma “inmediata”, por lo que el Juzgado madrileño, en funciones de guardia, envió a agentes de Aduanas para la inspección del domicilio.

Amnistía fiscal. La operación ha llegado después de que trascendiera que Rato se había acogido a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar su patrimonio y que la Agencia Tributaria le estaba investigando para comprobar si existía blanqueo de capitales. Ante la duda del origen de los bienes declarados por el también ex director gerente del FMI, Hacienda incluyó a Rato en un listado de 705 personas sospechosas de haber podido blanquear capitales en la última amnistía fiscal. A partir de ahí, ha sido el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, el encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existen indicios de delito. El patrimonio regularizado por Rato en la amnistía fiscal tendría su origen en el pasado y no estaría relacionado con sus actividades profesionales, sino que podría provenir de la herencia recibida tras la muerte de algunos miembros de su familia, argumentan las fuentes.

Entramado societario sospechoso. Sin embargo, a Hacienda le habría llamado la atención la existencia de una maraña de sociedades, que los expertos tratan de aclarar ahora si ha servido para blanquear dinero y si tiene su origen en la fortuna cosechada por su padre, Ramón Rato. El patriarca de los Rato, propietario del Banco de Siero, abrió en los años 60 una sucursal en Suiza para captar el ahorro de inmigrantes españoles en el país helvético y la vecina Alemania, práctica por la que fue condenado a cárcel por evasión de capitales. Además, supuso el pago de una multimillonaria multa por los bienes acumulados en el extranjero que, en parte, podrían haber acabado formando parte del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, que habría regularizado su situación con la amnistía.

Paraísos fiscales. La publicación digital Vozpopuli informa hoy de que Rato habría comenzado a desmantelar su supuesta red de sociedades vinculadas a paraísos fiscales como Gibraltar o las Islas Vírgenes. En concreto, señala que el registro mercantil británico habría recibido la notificación para liquidar la sociedad Lilac Trading Limited, que estaría dirigida por Rato y que contaría supuestamente con conexiones tanto con Gibraltar como con las Islas Vírgenes Británicas.

En declaraciones ayer a Efe, Rato negó tener o haber tenido sociedades con sedes en paraísos fiscales, al tiempo que aseguraba no tener constancia de estar siendo investigado. El que fuera ministro de Economía y Hacienda con el Gobierno de José María Aznar declinó comentar si se acogió a la amnistía, una noticia que fuentes del Gobierno ya han confirmado. Montoro defiende que la ley está “por encima de amigos”. Esta misma mañana el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó que la lucha contra el fraude fiscal está “por encima de amigos” y “compañeros”, y que el personal de la AEAT tiene que investigar “sin que les tenga que preocupar lo más mínimo el nombre o los apellidos de los posibles defraudadores”.

Montoro insistió en que la lucha contra el fraude y el delito fiscal “ha sido una constante y lo va a seguir siendo”. “Muchas personas se escandalizan y atacan al Gobierno cuando, en los medios de comunicación, aparecen informaciones sobre las actuaciones que realiza la Agencia Tributaria en las que incluso aparecen nombres de personas de relevancia social”, afirmó Montoro. En este sentido, dijo que “a mí, lo que me escandalizaría, sería que estas actuaciones no se hicieran y que personas con relevancia social no pudieran ser investigadas, como ocurrió en ocasiones anteriores”.

Además, Rato está imputado ya por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia. También en la pieza separada en la que se analizan las ‘tarjetas black’ opacas al fisco en la que los exconsejeros de Bankia y de Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros, informaron fuentes jurídicas.

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