Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), viernes 16 de diciembre de 2022. El Gobierno de coalición de España, formado por PSOE y Unidas Podemos que preside el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón,confía en que el Tribunal Constitucional (TC) no suspenda el lunes la reforma del Código Penal que incluye cambios en la elección de miembros del propio tribunal de garantías, para que pueda ser aprobada el jueves, fecha fijada para el pleno del Senado que la tiene que ratificar.
Este viernes, el día posterior a la aprobación por el Congreso, varios ministros han llamado a la responsabilidad a los magistrados del TC, que aplazaron su decisión al lunes, para que no paralicen un procedimiento legislativo en curso, algo sin precedentes en la democracia española, que, sin embargo, desean PP, Vox y Ciudadanos.
En el Senado se han reunido este viernes la mesa y la junta de portavoces de su Comisión de Justicia y han fijado un trámite exprés: cabrán enmiendas hasta el lunes por la tarde y el martes por la mañana la comisión tendrá vía libre para incluir en la agenda del pleno del jueves una reforma penal que suprime la sedición como delito y rebaja la pena a las malversaciones sin ánimo de lucro.
En la misma ley se incluye una eliminación de la mayoría de tres quintos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional cuyo cargo haya caducado al menos tres meses antes, con la que el Gobierno aspira a un desbloqueo de la renovación del tribunal, ante el que recurrieron PP y Vox.
La vicepresidente primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha apelado este viernes al «sentido común y a la responsabilidad» de los miembros del TC para recuperar el «respeto» entre instituciones.
Otros compañeros de gabinete, Félix Bolaños, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez, han puesto el foco en la responsabilidad del PP, el primer partido que pidió al TC que impidiese mediante una medida cautelarísima que se votara el jueves la reforma penal en el Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunciará a buen seguro este sábado al respecto, ya que participará en un acto preelectoral en Valencia, la misma ciudad desde donde este viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado de «día negro de la democracia española» a la votación de la reforma penal en el Congreso, de la que sus diputados se ausentaron.
A su juicio, los socialistas han cruzado el límite de saltarse la Constitución, mientras el presidente andaluz, Juanma Moreno, cree que se trata de una «ocupación y usurpación del poder judicial», motivo por el que ha defendido que el PP no retire el recurso al TC, como le ha pedido Bolaños.
Un «asalto institucional al estado democrático» es como lo ha calificado Ignacio Garriga, secretario general de Vox, partido que este viernes ha solicitado al TC que suspenda la tramitación de la ley en el Senado hasta que resuelva el recurso de amparo, así como ha pedido la paralización también a la mesa de la cámara alta.
La presidente de Cs, Inés Arrimadas García, ha considerado equiparable la actual reforma penal con «el golpe de estado» del Parlamento de Cataluña de hace cinco años.
Por el contrario, el líder de Más País, Íñigo Errejón, no ve semejanzas con lo ocurrido entonces en Cataluña y sí cree que el «punto de no retorno» para la democracia pudo haber llegado si el TC hubiese impedido votar al Congreso, un hecho «que no tiene parangón» y tras el cual serían inciertos los siguientes pasos.
Un exvicepresidente del TC, Eugeni Gay, ha dejado clara su opinión de que el tribunal de garantías puede revisar las leyes aprobadas pero no debería impedir su procedimiento previo, ya que, ha expuesto: «No hay un poder superior al del Congreso de los Diputados».
