Sánchez hace limpieza ideológica de abogados de Estado vinculados al caso ‘Procés’ y 1-O

Lasvocesdelpueblo
MUNDO, AÑO 2018. El presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante un acto, fingiendo una falsa alegria. Efe.

Redacción – El Ejecutivo del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, está intentando por todos los medios purgar a todos los principales abogados de la Abogacía del Estado quienes han participado en todos los recursos del Estado contra el golpismo en Cataluña ante el Tribunal Constitucional. El presidente Sánchez ha encargado esta misión ideológica de su Gobierno a la ministra de Justicia Dolores Delgado. Preguntado por esta maniobra, fuentes oficiales del Ministerio de Justicia de un Gobierno de Sánchez que sigue negándose a contestar si indultará o no a los presos independentistas después de su condena por la Justicia en el juicio oral, asegura que: “no van a realizar ninguna valoración sobre esos hechos”. “Ni una sola palabra”, enfatizaron. Por su parte, los abogados del Estado afectados por la purga ideológica del Gobierno de Sánchez tampoco quisieron hacer declaraciones sobre el incidente tras ser requeridos por el diario ‘El Mundo’. Barcelona (España), jueves 1 de noviembre de 2018. Fotografía: MUNDO, AÑO 2018. El presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante un acto, fingiendo una falsa alegria. Efe.

Así recoge este jueves, 1 de noviembre de 2018, el rotativo nacional ‘El Mundo’. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, intentó apartar en verano a los principales abogados del Estado que han intervenido en los asuntos vinculados con el proceso independentista de Cataluña. El pasado mes de agosto, en plena polémica por la defensa institucional del juez Pablo Llarena ante las maniobras del huido delincuente Carles Puigdemont en Bélgica, Delgado comunicó su destitución al responsable de los asuntos penales de la Abogacía, Edmundo Bal, y al subdirector general de los Servicios Contenciosos, Luis Gonzaga Serrano.

Según este rotativo, la notificación les fue comunicada por la mañana a estos dos juristas clave en las causas abiertas por la crisis catalana, que cuentan con un prestigio incontestable dentro de la institución. Sin embargo, horas después el Ministerio rectificó su decisión y procedió a notificarles que continuaban en sus puestos.

Esto medio de comunicación se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para conocer los motivos que llevaron a la ministra a adoptar esta decisión, así como su posterior rectificación en un lapso de tiempo tan breve. Fuentes oficiales de Justicia, según ‘El Mundo’, se limitaron a asegurar que el Gobierno “no va a realizar ninguna valoración sobre esos hechos”. “Ni una sola palabra”, enfatizaron.

Por su parte, los abogados del Estado afectados tampoco quisieron hacer declaraciones sobre el incidente tras ser requeridos por este periódico.

La decisión de la ministra se produjo, según aseguran a este diario fuentes próximas a los protagonistas, al hacerse públicos informes de la Abogacía del Estado que dejaban en evidencia a Dolores Delgado.

Los informes recomendaban la posición contraria a la que había adoptado el Gobierno en relación con la defensa del juez Pablo Llarena ante la demanda promovida en Bruselas por un grupo de dirigentes independentistas encabezado por el ex president Carles Puigdemont. La demanda cuestionaba la imparcialidad del magistrado del Tribunal Supremo en la instrucción del proceso del 1-O a lo largo de una investigación que consideraban “arbitraria”. 

Uno de los informes de la Abogacía del Estado, rubricado por uno de los purgados temporalmente, sostenía que se daban “los requisitos previos para autorizar la representación y defensa del juez Llarena” por parte del Estado.

El escrito hacía referencia -según ‘El Mundo’- a la “relevancia especial que para España tiene el fondo de la demanda”, ya que cuestionaba “la independencia y soberanía de un órgano jurisdiccional español y del magistrado al que se le atribuye la potestad jurisdiccional, a través del reexamen de sus actuaciones por un órgano jurisdiccional extranjero con previsible quebrantamiento de los principios de inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución de actos soberanos”.

En el informe, el subdirector de los Servicios Contenciosos llegaba a esgrimir que si el Estado no asumía la defensa del magistrado “podría afectar a la política exterior” de nuestro país.

Este posicionamiento rotundo reflejado por Gonzaga Serrano chocaba frontalmente con el criterio de la ministra, que se había mostrado partidaria de no defender al magistrado o de hacerlo de forma muy limitada.

La filtración del informe, ajena a los abogados del Estado referidos, provocó la reacción virulenta de Delgado. La crisis también afectó al Departamento de Prensa de Delgado, que fue reestructurado.

El Ministerio de Justicia había sostenido en un principio que la demanda de Puigdemont y sus ex consejeros incluía “referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”. Es decir, que Delgado abría la puerta a no defender a Llarena ante la demanda de Puigdemont.

La difusión posterior de los informes y las duras críticas de asociaciones de jueces y fiscales llevaron a que la ministra tuviera que rectificar y asumir las tesis iniciales de la Abogacía. “Desde el primer momento, la intención del Gobierno y de esta ministra ha sido defender inmunidad de la jurisdicción española y del juez demandado”, acabó afirmando la ministra.

El indulto, la alta traición del PSOE

El Poder Judicial sin duda hará su trabajo. Los fiscales y la Fiscalia general del Estado parecen estar y lo harán hasta final, excepto sorpresa de última hora. Se prevé que la Fiscalía pida prisión y se querelle por los delitos de Rebelión, malversación, desobediencia, etc. contra los líderes del ‘Procés’ —procesados por rebelión y malversación por el juez instructor Pablo Llarena del Tribunal Supremo— mañana viernes 2 de noviembre de 2018.

La Acusación Popular, ejercida por VOX no fallará. Los abogados de la formación ‘verde’ española presentarán su escrito de acusación el próximo lunes 5 de noviembre de 2018. Y tal como avanzaron en su acto multitudinario del 7 de octubre de 2018 en la cubierta madrileña del Vistalegre, VOX pedirá las máxima condenas que prevé el Código Penal español para los procesados delincuentes independentistas.

Todo apunta que la presión del Gobierno de Sánchez sobre los fiscales para que borren de sus escritos a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo los delitos de Rebelión y malversación de fondos públicos haya fracasado. De hecho, Ciudadanos Cs de Albert Rivera estaria negociando los presupuesto del Gobierno de Sánchez. El primer paso ha sido permitir las cuentas del presidente Sánchez en la Mesa del Congreso de los Diputados. La formación de Rivera también habría quitado su veto, enmiendas a la totalidad, a los presupuestos de Sánchez y solo presentaría ahora enmiendas.

También, ha habido acercamiento del Gobierno de Sánchez hacía el grupo parlamentario del PP para negociar los presupuestos. Aunque el Ejecutivo de Sánchez quiera mantener, eso sí el acuerdo inicial con el partido de Pablo Iglesias, Podemos. Lo que parece no estar gustando mucho al líder de Podemos que ha advertido al Ejecutivo de Sánchez de que los acuerdos están para cumplirse. Iglesias ha avisado a Sánchez que “no volviera a equivocarse de aliados” de nuevo como ocurrió en diciembre de 2015 durante las negociaciones del pacto de gobernabilidad. 

Por lo que el ‘plan B’ de Sánchez sería ahora solo recurrir al “indulto” de los futuros condenados independentistas. El presidente Sánchez lo haría en plena campaña electoral de las elecciones generales de 2010 para captar el voto independnetista.

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