Efe – La directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, ha destacado que con el plan de choque de 600 millones aprobado por el Gobierno se podrá atender a personas sin hogar, con la posibilidad de activar el apoyo del Ejército a demanda de los ayuntamientos a través de sus comunidades autónomas, «ante cualquier necesidad que tengan que no puedan abordar directamente». Madrid (España), sábado 21 de marzo de 2020.
El Gobierno y las comunidades autónomas han repartido el fondo de 300 millones de euros para reforzar los servicios sociales, que se han declarado como «servicios esenciales» para garantizar la asistencia de los más vulnerables, y han acordado flexibilizar «las cualificaciones» del personal de los servicios sociales para que puedan reforzarse las contrataciones ante la situación generada por el coronavirus.
Lo ha explicado el secretario de Estado de Derechos Sociales; Nacho Álvarez, que ha comparecido tras el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, celebrado telemáticamente este viernes, junto al director general del Imserso, Luis Barriga; el director general de Infancia, Gabriel González-Bueno; la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea; y el director general de Discapacidad, Jesús Celada.
Álvarez ha destacado la «enorme colaboración» de las comunidades autónomas para llegar a acuerdos en torno a las medidas para reforzar los servicios sociales, como la flexibilización de la titulación requerida hasta ahora para el personal de residencias y de servicios sociales, a los que ha expresado el reconocimiento del Gobierno por su trabajo diario «en primera línea».
También se ha abordado en la reunión la urgencia de facilitar a esos trabajadores equipos de protección, así como hacer los test para determinar si están contagiados, tal y como ha explicado el director del Imserso. «Estamos barajando distintas posibilidades para implantar esa pruebas con todo el personal de los servicios sociales, porque necesitamos saber cuál es su estado salud en cada momento», ha dicho Barriga, que no ha podido concretar cuándo se hará.
El secretario de Estado ha reconocido la «común preocupación» de las administraciones por la llegada de esos equipos de protección y se ha comprometido a su distribución inmediata cuando estén disponibles.
Sobre la flexibilidad en la contrataciones para los trabajadores de las residencias, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, ha explicado que se podrían «contratar de forma excepcional a personas que carezcan de titulación pero que acrediten experiencia en el cuidado de personas dependientes», con el objetivo de reforzar los equipos que asisten a los residentes especialmente en las zonas rurales donde falta más personal.
Por su parte, Nacho Álvarez ha asegurado que el Gobierno seguirá aprobando medidas de apoyo a familias como las monoparentales, para las que ha anunciado que el Ministerio de Seguridad Social está trabajando «propuestas de prestaciones para aquellas familias que deben quedarse en casa».
Por su parte, la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, ha destacado que con el plan de choque de 600 millones aprobado por el Gobierno se podrá atender a personas sin hogar, con la posibilidad de activar el apoyo del Ejército a demanda de los ayuntamientos a través de sus comunidades autónomas, «ante cualquier necesidad que tengan que no puedan abordar directamente».
Este plan de choque, o «escudo social», de 600 millones de euros que aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes incluye los 300 millones repartidos hoy para reforzar la atención de personas mayores, personas sin hogar, personas dependientes y personas con discapacidad, mientras que los otros 300 millones se podrán utilizar al flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos inviertan su superávit en atención social.
El siguiente cuadro refleja las cantidades que recibirá cada comunidad autónoma.
