El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite en su reunión de este miércoles el recurso que el gobierno del Partido Popular de mariano Rajoy Brey presentó contra la ley de Acción Exterior separatista aprobada por el Parlamento regional de Cataluña. Del mismo modo que ocurrió con el golpe separatista del 9N, la admisión a trámite implica la suspensión automática de la norma para un periodo mínimo de cinco meses, tal como solicito el gobierno del PP en el recurso la petición de que se aplique el artículo 161.2 de la Constitución Española, que deja sin efecto cualquier norma autonómica que impugne el Estado. Esta decisión no supone un posicionamiento de fondo de los magistrados respecto a la norma, que discutirá en pleno en las próximas semanas.
«En ningún caso se cerrarán». Así de contundente ha contestado José Manuel García-Margallo Marfil, ministro de Asuntos Exteriores del PP, al ser preguntado por las intenciones del gobierno del presidente del PP, Rajoy, respecto de las nuevas embajadas separatistas abiertas y las que plantea abrir Artur Mas y Oriol Junqueras en el resto del mundo. Margallo hizo estas declaraciones ante empresarios en un coloquio en el Círculo Ecuestre, el pasado martes 17 de marzo 2015.
El recurso del Estado constaba en el orden del día del pleno del TC de esta semana y el consejero separatista catalán y portavoz del gobierno de Artur Mas Gavarró, Francesc Homs, ha anunciado su admisión a trámite durante el pleno del Parlamento regional de este miércoles, 15 de abril 2015. Francesc Homs ha recordado que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó que la norma se adecua a la Constitución Española y el Estatuto catalanista del año 2006.
la portavoz del gobierno del PP, María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, anunció el recurso el pasado 6 de marzo 2015, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros, porque entiende que en la medida que «Catalunya no es un estado» no puede desarrollar una acción diplomática, tal como -a su entender- recoge el texto aprobado en el Parlamento con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias catalanista. Además, el recurso del gobierno del PP tenía el aval del Consejo de Estado, la ley vulnera los artículos 149.1 tercero de la Constitución que reserva al Estado la competencia exclusiva en relaciones internacionales, y el 97 que atribuye al gobierno la dirección de la política exterior.
Según fuentes de agencias catalana de noticias, los magistrados han notificado al gobierno separatista, al Parlamento regional de Cataluña y al gobierno del PP este mismo miércoles su acuerdo de admitir a trámite el recurso. El gobierno catalanista excluyente de Artur Mas y el Parlamento autonómico de Cataluña disponen ahora de la posibilidad de presentar alegaciones contra esta decisión. El recurso incluye una petición expresa para que se aplique el artículo 161.2 de la Constitución Española, que establece que cualquier recurso del Estado contra una ley autonómica implica, automáticamente, la suspensión cautelar de la norma durante cinco meses. El Tribunal Constitucional puede emitir sentencia en este plazo o bien decidir y argumentar, antes de que expiren los cinco meses, si levanta o mantiene la suspensión.
La Ley separatista excluyente de Acción Exterior y de relaciones con la Unión Europea define las líneas generales de actuación, las estructuras organizativas y los mecanismos de planificación y gestión de la acción exterior de la comunidad autónoma española de Cataluña. En su desarrollo, el gobierno separatista de Artur Mas Gavarró puso en marcha las dos nuevas delegaciones de Roma y Viena, que ya han sido recorridas también por la vía administrativa por el Gobierno. Amplió de esta manera la red de la que ya disponía en Bruselas, Washington, París, Londres y Berlín.
Según el gobierno del PP, la ley catalana va en contra de lo que marca la Constitución y la ley de acción exterior española, que establece que la dirección de la política exterior del Estado corresponde al gobierno, porque «busca desarrollar una diplomacia pública de Cataluña «pero» como que Cataluña no es un Estado no es un sujeto internacional y no tiene capacidad para establecer estas relaciones diplomáticas». Además, el Estado considera ilegal la apertura de las delegaciones de Roma y Viena y la intensificación en las tareas de interlocución exterior y buena parte del decreto del 23 de diciembre de 2014 que modificaba el grado de representación de la delegación de Bruselas.
Además, José Manuel García-Margallo Marfil, ministro de Asuntos Exteriores del PP, al ser preguntado por las intenciones del gobierno del presidente del PP, Rajoy, respecto de las nuevas embajadas separatistas abiertas, dijo: «En ningún caso se cerrarán», afirmó Margallo del PP, hace solo un mes. <foto / Dani Duch>
<redacción – ‘Lasvocesdelpueblo y acn>
