Torra denuncia la «imparcialidad del Tribunal catalán» y su «aniquilación» por la JEC

FOTOGRAFÍA. PARLAMENTO DE CATALUÑA (BARCELONA) ESPAÑA, ENERO DE 2020. El inhabilitado por el Tribunal superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año y medio de y multa de 30 mil euros y expulsado del Parlamento de Cataluña expresidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra Pla (Quim Torra), junto a su vicepresidente, Pere Aragonés (i), durante un pleno en el Parlamento de Cataluña. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – «En ningún caso unos hechos como los atribuidos a Torra darían lugar, en ninguna sociedad democrática de nuestro entorno, a la pérdida de la condición de diputado o de presidente», alerta el recurso, que sostiene que la condena es «absolutamente excepcional» y «sin parangón» en el entorno europeo. El delincuente expulsado del Parlamento de Cataluña solicita al Tribunal Supremo que, mientras no resuelva su recurso, deje en suspenso los efectos de su condena, entre ellos la pérdida de su condición de diputado en el Parlamento de Cataluña, que acordó la Junta Electoral Central (JEC) y avaló la Sala contencioso-administrativa del alto tribunal, aunque puntualiza que «no mantener el escaño no le impide seguir al frente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña». «Estamos ante decisiones que, revestidas de resoluciones administrativas y judiciales, no han pretendido sino apartar ilegal e ilegítimamente a Torra de los cargos que democráticamente ostenta», expone el recurso, que denuncia que los miembros de la Junta Electoral Central (JEC) actuaron «animados por su deseo de aniquilar a sus enemigos políticos«, aprovechándose de su «infinito poder». Madrid (España), martes 4 de febrero de 2020. 

El inhabilitado por el Tribunal superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año y medio de y multa de 30 mil euros y expulsado del Parlamento de Cataluña expresidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra Pla (Quim Torra) ha recurrido ante el Tribunal Supremo su condena de inhabilitación por desobediencia, argumentando que la sentencia persigue apartarle «ilegal e ilegítimamente del cargo y constituye una palmaria persecución política».

En su recurso, presentado este martes ante el Tribunal Supremo, Torra denuncia que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo condenó a año y medio de inhabilitación por negarse a retirar a tiempo los lazos amarillos vulnera hasta once principios legales, entre ellos el derecho a un juez imparcial, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.

El delincuente expulsado del Parlamento de Cataluña solicita al Tribunal Supremo que, mientras no resuelva su recurso, deje en suspenso los efectos de su condena, entre ellos la pérdida de su condición de diputado en el Parlamento de Cataluña, que acordó la Junta Electoral Central (JEC) y avaló la Sala contencioso-administrativa del alto tribunal, aunque puntualiza que «no mantener el escaño no le impide seguir al frente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña».

Los abogados de Torra, Gonzalo Boye y Isabel Elbal, denuncian en el recurso, que han interpuesto al límite de que expirara el plazo, la «diferencia de trato» que creen que su cliente ha sufrido respecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también fue multado por la JEC aunque en su caso no se ha abierto ninguna causa penal.

Ello obedece, según la defensa, al «grado de inquina» que genera Torra, que no se puede desvincular de sus posiciones políticas e ideológicas, lo que supone una «evidente discriminación» que «salta a la vista», provocada por la «absoluta parcialidad» tanto de los miembros de la JEC como del tribunal que le juzgó y condenó.

Y es que, según alega Torra -que dentro de dos días se entrevistará con Sánchez en el Palacio del Gobierno de la Generalidad de Cataluña-, en su caso se ha producido una «palmaria persecución política» en la que ni la JEC ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «no han guardado la más mínima apariencia de imparcialidad».

«Estamos ante decisiones que, revestidas de resoluciones administrativas y judiciales, no han pretendido sino apartar ilegal e ilegítimamente a Torra de los cargos que democráticamente ostenta», expone el recurso, que denuncia que los miembros de la JEC actuaron «animados por su deseo de aniquilar a sus enemigos políticos», aprovechándose de su «infinito poder».

Según el recurso, la «enorme desproporción» de la pena impuesta a Torra, que ya le ha comportado la suspensión de su acta de diputado, no responde sino a la «evidente voluntad» de apartar al delincuente Torra de la «vida política».

«En ningún caso unos hechos como los atribuidos a Torra darían lugar, en ninguna sociedad democrática de nuestro entorno, a la pérdida de la condición de diputado o de presidente», alerta el recurso, que sostiene que la condena es «absolutamente excepcional» y «sin parangón» en el entorno europeo.

Tras denunciar la «falta de imparcialidad» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que juzgó a Torra, el recurso argumenta que la condena que le impuso el TSJC es una manifestación de la «obcecada voluntad» de la sala de apartarle de su condición de presidente y de diputado, «prescindiendo» para ello de cualquier respaldo jurisprudencial.

Especialmente crítico se muestra con el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que presidió el tribunal que le juzgó y condenó y que aseguró antes de que el caso llegara a la justicia que la orden que había impuesto al JEC para que se retiraran los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral era «tan obvia que no tendría que ser necesaria».

En este sentido, la defensa invoca el caso Otegi, en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) «condenó a España por no reconocer la parcialidad de la juez de la Audiencia Nacional» que condenó al líder abertzale, y se pregunta: «¿Qué va a ocurrir en el supuesto en que nos veamos obligados a recurrir hasta dichas instancias europeas?».

Se da el caso de que el TSJC acordó ayer, lunes 3 de febrero de 2020, abrir una nueva investigación a Torra por desoír una orden suya que le obligaba a retirar del Palacio de la Generalidad de Cataluña una pancarta separatista de apoyo a los líderes golpistas, presos del procés, con un lazo amarillo del separatismo en periodo electoral.

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