Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Departamento de Justicia del Gobierno de la Generalitat de Cataluña del presidente Quim Torra ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno por la «discriminación» que consideran que sufre el dialecto catalán al no estar contemplado como mérito en las pruebas de selección de nuevos funcionarios para los juzgados. Barcelona (España), viernes 19 de julio de 2019.
La consellera Ester Capella lo ha anunciado este jueves en comisión parlamentaria, donde ha explicado que los criterios establecidos por el Ministerio de Justicia para superar las oposiciones no incluyen el dialecto catalán como requisito, mientras sí lo es saber una lengua extranjera como el francés, el danés o el alemán.
«Se trata de un menosprecio que no necesita calificativos y luego nos preguntan que por qué somos independentistas y queremos que Cataluña sea una república», ha destacado.
De acuerdo con los criterios de estas oposiciones, las personas que opten a una plaza sumarán puntos si acreditan el conocimiento de una lengua extranjera pero no una cooficial, que sólo servirá para mejorar la posición a la hora de escoger plaza de destino una vez ésta ya haya sido concedida.
No obstante, hasta ahora el conocimiento del catalán también se acreditaba de forma voluntaria una vez conseguida la plaza, ya que las oposiciones a funcionario constaban de un único examen y no había fase de méritos.
«Ya nos dirigimos al Ministerio para que se dieran cuenta del agravio y la vulneración de derechos, pero nos hemos encontrado con un portazo sonoro», ha lamentado después de que el Gobierno se haya negado a modificar las bases alegando que el proceso «debe garantizar las mismas condiciones de igualdad, mérito y capacidad para todos los aspirantes de todos los ámbitos territoriales».
Estas oposiciones, que se harán en otoño, abren 2.497 plazas en Cataluña destinadas a cubrir un tercio de la plantilla de los juzgados y están destinadas a gestores y tramitadores procesales, auxilios judiciales y médicos forenses.
Por ese motivo y para combatir «el uso residual» del catalán en la Justicia -que ha caído por decimocuarto año consecutivo situándose en su mínimo histórico del 7,7 % de las sentencias-, la consellera ha defendido que sea la Generalitat la que convoque las oposiciones.
Por otro lado, Capella ha denunciado la «inversión absolutamente injustificada y desproporcionada» de 400 agentes de los Mossos d’Esquadra para proteger las sedes judiciales tras el ataque sufrido en febrero a varios edificios en protestas contra las causas abiertas por el «procés».
La consellera ha señalado que «el Govern no comparte determinadas acciones como los ataques a los juzgados» pero ve «desproporcionada» la dotación de mossos ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el dispositivo Toga.
Asimismo, ha insistido en denunciar que el Estado no destina una partida finalista a la administración de Justicia de Cataluña y que no revierte la recaudación que hace de las tasas judiciales ni de los depósitos y consignaciones que servirían, ha dicho, para poner en funcionamiento nuevos órganos.
Ha recalcado que la administración catalana está «infrafinanciada», porque el Estado no cumple «con sus obligaciones» y «este dinero no llega a Cataluña», por lo que «la Justicia gratuita y el turno de oficio se hace con recursos propios de la Generalitat».
«El Estado recauda 60 millones de euros en virtud de las tasas judiciales, es decir, hay 400 millones de euros de déficit acumulado desde que se aprobó la ley de tasas», ha señalado antes de agregar también los 14,5 millones anuales que, según Capella, se llegan vía finanzas y consignaciones judiciales.
Asimismo, ha denunciado que a Cataluña le correspondan 10 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras en el resto de España la ratio sea de once y, en otros estados del Consejo de Europa, de 21.
