Lasvocesdelpueblo y Agencias – El presidente independentista ni cumplirá su propia palabra que garantizó, señalando al Defensor de la República Catalana (Sindic de Greuges) ni cumplirá jamás el ultimátum de la Junta Electoral Central (JEC). Todo lo contrario, Torra ha mantenido la pancarta en el mismo lugar ocultando simplemente el Lazo amarillo —tapando la primera pancarta por una nueva y manteniendo el mismo mensaje político del independentismo. Un desafío a la democracia española—. Esta tarde, se reúne la Junta Electoral central (JEC). En caso de que se mantenga la reunión prevista este jueves, bajo la presidencia del magistrado Segundo Menéndez, se abstendrán los dos jueces del Supremo que forman parte del tribunal del juicio del procés, Luciano Varela y Ana María Ferrer. El Gobierno del presidente Pedro Sánchez (PSOE) ya se lavó las manos y cedió a la JEC la autoridad total de actuar tanto con la «fiscalía, las Fuerzas de Seguridad del Estado (en su caso los Mozos de Escuadra) o por la sanción administrativa o bien con las tres opciones». Barcelona (España), jueves 21 de marzo de 2019..
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha sustituido este jueves la pancarta a favor de los «presos políticos» del balcón del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje pero que, en lugar de un lazo amarillo, tiene uno blanco con una franja roja.
Torra cree que con esa burla habría aplicado de esta manera la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) después de que el Síndic de Greuges del independentismo, Rafael Ribó, le recomendara cumplir con la orden de ese organismo de que se retiraran los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat.
Alrededor de las 10:20 horas, varias personas han salido al balcón de la fachada principal del Palau de la Generalitat y han tapado la pancarta con el lazo amarillo con otra que también pide «libertad para los presos políticos y exiliados», pero con un lazo blanco tachado, símbolo que según el independentismo más violento de Europa, «reivindica la libertad de expresión».
Empleados municipales de limpieza sacaron este jueves de madrugada, alrededor de las 3:00, los lazos atados a las vallas que protegen la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza Sant Jaume, pero después otras personas los volvieron a colocar.
Torra desatendió la pasada semana el primer plazo de 48 horas que le había dado la JEC para quitar esos símbolos por ser contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral, y este martes tampoco atendió el ultimátum extra de 24 horas que se le había dado.
Al cumplirse el segundo plazo fijado, este martes a las 15:00 horas, el Gobierno informó a la Junta Electoral Central de que el Palacio de la Generalitat y ocho consejerías del Gobierno catalán continuaban exhibiendo lazos amarillos, conforme a los datos trasladados por la Delegación del Gobierno en Cataluña que dirige Teresa Cunillera.
Inhabilitación y suspensión de sueldo y cargo público para 2 años por desobediencia a la sentencia Judicial o JEC
En un principio, la JEC tiene previsto reunirse esta tarde, a las 17:00 horas, para tomar una decisión sobre los lazos amarillos en los edificios de la Generalitat, después de que el presidente catalán incumpliera el segundo plazo que el órgano electoral había fijado.
En caso de incumplimiento de la orden por parte de Torra, a quien iba dirigida, la JEC podía decidir la apertura de un procedimiento administrativo, con posibilidad de una multa que va de 300 a 3.000 euros, e incluso una investigación judicial si el caso se remite a la Fiscalía al apreciarse un delito de desobediencia.
En caso de que se mantenga la reunión prevista este jueves, bajo la presidencia del magistrado Segundo Menéndez, se abstendrán los dos jueces del Supremo que forman parte del tribunal del juicio del procés, Luciano Varela y Ana María Ferrer.
Hay un precedente por un hecho similar, el de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera ‘estelada’ colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.
