Efe – El mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero ha negado este lunes que se diera protección a investigados por el «procés» por estar en esa situación, si bien ha matizado que tampoco se iba a dejar de darles esa protección por el hecho de estar siendo investigados. Audiencia Nacional (Madrid), lunes 20 de enero de 2020.
Trapero ha hecho esta reflexión al ser preguntado por el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo por las medidas de protección que adoptaron los Mossos con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que fue condenada por el Supremo a 11 años y medio por sedición, y con otros líderes independentistas.
Ha reconocido que sobre Forcadell había medidas de protección teniendo ella ya una querella por desobediencia, pero ha destacado que eso no significaba que ya no fuera la presidenta del Parlament y hubiera que dejarla desamparada.
También ha admitido que, estando ya investigada, se autorizó un barrido para detectar posibles micrófonos en el despacho de Forcadell, pero ha negado que esa actuación estuviera dirigida a «detectar ningún tipo de investigación policial», como mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación.
A este respecto ha explicado que en cargos de ese nivel, desde hace uno 10 o 15 años, «periódicamente se hace una requisa de los despachos» para detectar algún tipo de «medio técnico», pero no «por investigación policial, sino por personas del ámbito privado» que han podido colocarlos para obtener algún tipo de información.
El fiscal le ha preguntado entonces si no se planteó «la inconveniencia de esas actuaciones en ese momento» y ha respondido que ese tipo de actuaciones parten de una petición de la unidad de escoltas, que lo piden cuando ven que ha pasado ya un tiempo sin que se haga.
Esa petición -ha indicado- se transmite a la Comisaria general de investigación criminal, que notifica a los mandos que va a hacer una requisa.
Carballo también le ha preguntado por un correo al comisario de los Mossos Ferrán López, su segundo cuando se produjeron los hechos, sobre si había alguna protección sobre cinco personas: Marta Rovira, Marta Pascal, los líderes separatistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y Xavier Vendrell.
A este respecto ha explicado que se trataba de una petición del exconsejero de Interior Joaquim Forn, que quería conocer si tenían protección en actos públicos en los que pudiera haber mucha gente y se plantearon que hubiese dos policías a su lado ante la posibilidad de algún escrache.
Ha relatado además que Josep María Jové, el que fuera segundo del exvicepresidente Oriol Junqueras y que fue detenido el 20 de septiembre en relación con los registros para frenar el 1-O con la hoja de ruta para la independencia -el documento llamado «Enfocats»- tuvo algunos días esa protección, pero, cuando la pidió por 24 horas, no se le concedió.
