Lasvocesdelpueblo y Agencias – Allí está un líder de ERC con gafas, a la derecha de la imagen, Oriol Junqueras Vies, ante su destino natural: el banquillo, moviendo fichas antes de la convocatoria del referéndum. El acuerdo del Gobierno catalán, tras el fracaso del referéndum del 1 de octubre (1-O), establece que cada departamento podrá encargar a abogados externos la defensa de trabajadores públicos cuando estén afectados por estos supuestos, lo que puede acarrear un coste adicional que, según el nuevo consejero de Presidencia del gobierno catalán y portavoz del Gobierno, Jordi Turull, el Gobierno catalán no ha contabilizado. Barcelona (España), martes 25 de julio de 2017. Fotografía: Palacio del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Barcelona (España), martes 25 de julio de 2017. El vicepresident del Gobierno catalán y consejero de Economía, Oriol Junqueras (d), y el consejero de la Presidencia, Jordi Turull (i), durante la reunión que el gobierno de Cataluña, celebra cada martes en el Palacio de la Generalidad de Cataluña. Efe.
El Gobierno catalán ha acordado hoy garantizar el derecho de defensa de los consejeros del Gobierno catalán, los altos cargos y los empleados públicos de la Generalidad que, por cumplir acuerdos gubernamentales, se enfrenten a procedimientos judiciales derivados del proceso separatista.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno catalán , el nuevo consejero de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, ha remarcado que el Ejecutivo «no dejará solo» a los servidores públicos ante «querellas arbitrarias» por el proceso separatista, sino que «los protegerá».
Este acuerdo incluye a «miembros del Gobierno catalán , altos cargos y empleados públicos», entre los que Turull ha contado por tanto a la titular de Gobernación, Meritxell Borràs, que es objeto de una querella por el proceso de compra de urnas.
Ha subrayado que tendrán garantizada la defensa aquellos consejeros, altos cargos y empleados públicos que tengan que declarar ante tribunales o ante la policía «por cumplir acuerdos de gobierno, por obrar en el ejercicio legítimo de sus funciones y de acuerdo con el interés general de la Generalidad de Cataluña», pero no por otros casos como de corrupción.
El acuerdo establece que cada departamento podrá encargar a abogados externos la defensa de trabajadores públicos cuando estén afectados por estos supuestos, lo que puede acarrear un coste adicional que, según Turull, el Gobierno catalán no ha contabilizado.
Dicho acuerdo asegura para el Gobierno de la Generalidad Cataluña un procedimiento que, según el Gobierno catalán, ya disponen la Administración del Estado y otras comunidades autónomas.
