Redacción.- Barcelona (España), viernes 10 de junio de 2022. El principal partido de la oposición en Cataluña, VOX que preside Santiago Abascal Conde, ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella contra el consejero de Educación de Cataluña, Josep González-Cambray (ERC) por «un presunto delito de desobediencia, contemplado en el artículo 410.1 del Código Penal, al no ejecutar la sentencia que obligaba al Gobierno catalán a garantizar que los alumnos recibieran, al menos, un 25% de las clases en español».
La Vicesecretaría Jurídica Nacional de la formación verde, que dirige Marta Castro Fuentes, y el letrado del partido en Cataluña, Juan Cremades García, recuerdan en su escrito que «el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de apelación que presentó el Gobierno catalán».
De modo que, añaden los miembros de los servicios jurídicos de VOX, «una vez la sentencia fue firme, el querellado contaba con 15 días para dictar las instrucciones y establecer las medidas de control para cumplir la sentencia».
Sin embargo, al no hacerlo «el querellado ha incumplido dolosamente con lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
El jefe de la oposición: «No vamos a permitir que las acciones del gobierno separatista, en abierta rebeldía, queden impunes»
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento catalán -convertido en líder de la oposición después de convertirse en «Consejero de la Oposición» el líder del PSC, Salvador Illa Roca-, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, ha asegurado que «no vamos a permitir que las acciones del Gobierno separatista, en abierta rebeldía, queden impunes».
En la misma línea, el presidente parlamentario de los verdes ha asegurado que «daremos la batalla hasta la victoria final para recuperar los derechos legítimos de todos los catalanes y para que en Cataluña nuestros hijos puedan escolarizarse en español».
Además de incumplir la sentencia en firme, el régimen separatista que ocupa la Generalidad de Cataluña ha aprobado un Decreto-Ley -aún no ha entrado aún en vigor- por el que, en absoluta oposición a la sentencia del TSJC, deja en poder de los centros educativos, y en última instancia del Departamento de Educación, el tratamiento de las lenguas en función de las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado, con supervisión y posterior validación del Ejecutivo de coalición hispanófoba de ERC y JxCat que preside el ‘aprendiz de pequeño dictador’, Pere Aragonès García (ERC).
Los de Abascal explican en su escrito ante el TSJC que se trata de un «evidente fraud legis» para «evitar que se lleve a efecto la sentencia y el auto del TSJC así como prestar la colaboración requerida en el curso del proceso y en la ejecución de la sentencia firme» del mínimo del 25% de clases en español/castellano.
El partido de la Resistencia y de los disidentes catalanes ha solicitado que se admitan «todos los documentos aportados junto a la querella«, así como la «citación del consejero de Educación», Josep González Cambray, «como investigado (imputado)«, y se le tome «declaración como tal».
El principal partido de la oposición en Cataluña solicita también «la hoja histórico penal del querellado» y que «se una a los autos».
Asimismo, Marta Castro Fuentes y Juan Cremades García solicitan que «se requiera a la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cataluña para que remita copia testimoniada del procedimiento de ejecución derivado de su sentencia nº 5201/2020, de 16 de diciembre de 2020″, conocida como la ‘Sentencia del 25 %’ de clases en castellano/español
