Madrid (España)/Bruselas (Bélgica), martes 21 de abril de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Los ilegales presos, —más del 30 % de la población reclusa, es decir, más de 15.000 personas— también tienen derecho a la regularización. VOX denuncia la regularización masiva de delincuentes inmigrantes en cárceles de España; el Gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Sumar, que preside Pedro Sánchez Pérez-Castejón está regularizando a reclusos inmigrantes mientras Europa endurece sus fronteras; los eurodiputados de VOX denuncian ante Bruselas y ante Tribunal Supremo que el Ejecutivo migracionista de Pedro Sánchez Pérez-Castejón elude el Reglamento Eurodac
El Ministerio del Interior ha instruido a las cárceles españolas para ayudar a los presos extranjeros a acogerse a la regularización extraordinaria del Real Decreto 316/2026, ignorando el cruce de antecedentes penales que exige el Reglamento Eurodac.
El eurodiputado Jorge Buxadé Villalba, jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, exige una condena formal de la Comisión Europea y recuerda que el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite el recurso de VOX contra el decreto en menos de 48 horas.
A contracorriente de Europa
En las mismas semanas en que Alemania refuerza los controles en sus fronteras interiores, Francia debate la expulsión acelerada de extranjeros con antecedentes penales, Italia intensifica los acuerdos de retorno con terceros países y el Parlamento Europeo aprueba el Reglamento de Retornos más duro de su historia gracias a Patriots of Europe (VOX), el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de inmigrantes en situación irregular mediante el Real Decreto 316/2026.
La medida, que ya ha colapsado oficinas de extranjería en toda España, da ahora un paso más: el Ministerio del Interior ha ordenado a los centros penitenciarios que faciliten activamente el proceso de regularización a los presos extranjeros, más del 30 % de la población reclusa, es decir, más de 15.000 personas.
La instrucción del Interior a las prisiones
La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social ha remitido a todos los centros penitenciarios una instrucción que les obliga a:
Informar a los internos extranjeros de la existencia del decreto mediante tablones, bibliotecas y escuelas del centro.
Designar un profesional de referencia para acompañar a cada interno en el trámite.
Elaborar un registro estadístico de solicitantes y anotar cada solicitud en el expediente personal del recluso.
Regularización masiva y colapso sanitario: 800.000 personas en lista de espera
Facilitar la documentación «a la mayor brevedad» y ofrecer apoyo lingüístico, admitiendo solicitudes aunque la documentación esté incompleta.
El agujero en el Reglamento Eurodac: una amenaza para toda la UE
Para el eurodiputado Jorge Buxadé, jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, el problema central no es solo político sino jurídico y de seguridad para el conjunto del espacio Schengen. El decreto elude el Reglamento Eurodac —que obliga a cruzar las bases de datos criminales de todos los Estados miembros antes de conceder cualquier estatus legal— al entrar en vigor de forma inmediata, sin dar tiempo a ese cribado. El resultado es que un recluso sin antecedentes en España pero con condenas en Alemania, Francia o Italia puede obtener documentación legal española y circular libremente por el espacio Schengen. «El filtro es inexistente. Estamos poniendo en riesgo la seguridad de toda la Unión Europea», ha advertido Buxadé.
El Tribunal Supremo admite el recurso de VOX en menos de 48 horas
VOX presentó el pasado 17 de abril ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto 316/2026 solicitando su suspensión cautelar.
El alto tribunal lo admitió a trámite en menos de 48 horas, designó ponente al magistrado José Luis Quesada Varea y ha requerido al Gobierno que entregue el expediente administrativo completo en un plazo improrrogable de 20 días.
El recurso alega que la norma excede los límites de un real decreto —materia que requeriría ley orgánica—, y que causará daños irreversibles como la alteración del cuerpo electoral o el colapso de los servicios públicos.
VOX exige a Bruselas una condena formal, no palabras
Desde el Grupo Patriotas por Europa, Buxadé ha anunciado acciones ante el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y Europol para que Bruselas se pronuncie de forma explícita y urgente.
Ha subrayado que la respuesta de las instituciones europeas no puede limitarse a declaraciones de preocupación: «No vale con decir que estoy profundamente preocupado. Exigimos una condena que anime al Tribunal Supremo a proceder a la suspensión inmediata de este real decreto, que constituye el mayor riesgo existencial para España y para la propia Unión Europea».