Barcelona (Comunidad Autónoma de Cataluña) Reino de España, miércoles 14 de mayo de 2025 (Lasvocesdelpueblo).- El Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de Cataluña ha destapado los escándalos que salpican a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), negocios sin control alguno, contrato a dedo, etc., con los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y jóvenes ex tutelados por la Generalitat de Catalunya.
Los de Santiago Abascal Conde han presentado preguntas parlamentarias, solicitado la comparecencia de toda la cúpula de la DGAIA, de la consejera y del secretario general de Derechos Sociales —comparecencias que han sido bloqueadas por los socios del Gobierno en minoría de Salvador Illa Roca, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Socialista (PSC/PSOE)—.
Los 11 parlamentarios regionales de la RESISTENCIA han formulado preguntas orales a la consejera de Derechos Sociales, quien se ha negado a responder.
Aun así, la portavoz adjunta del Grupo VOX Parlament de Catalunya, María Elisa García Fuster, ha asegurado que desde la RESISTENCIA «seguiremos apretando porque no vamos a dejar este tema en manos del Govern de la Generalitat de Catalunya» de Salvador Illa Roca (PSC/PSOE), «que estamos viendo que no está haciendo nada».
«Nos preocupa especialmente lo que se está haciendo con el dinero que debería estar destinado a defender a los más vulnerables, a los niños tutelados y a los no tutelados», dijo.
La disidente catalana ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación una presunta trama estructural de desvío de fondos públicos a través de fundaciones que gestionan el sistema de protección de menores y jóvenes extutelados en Cataluña.
Según García Fuster, «entre 2016 y 2023, el entramado», conocido como «Plataforma Educativa», ha gestionado «más de 300 millones de euros procedentes del Govern de la Generalitat de Catalunya».
Además, organizaciones como «Resilis, FASI, Astres, Gentis o Utopía», entre otras, han recibido «contratos millonarios a dedo, prórrogas automáticas injustificadas y millones de euros para construir un imperio inmobiliario de más de 500 pisos financiado con dinero público».
Estas organizaciones, tal y como ha criticado la diputada, están dirigidas por personas como Ricard Calvo, exdirector general de la DGAIA, quien —tras dimitir por escándalos anteriores— ha sido recolocado en varias entidades del mismo grupo que él mismo contrató desde la Administración y que, a día de hoy, siguen siendo los principales adjudicatarios.
O la exalcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell, de ERC, quien «facturaba 8.000 euros al día por acoger los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), tutelados por la DGAIA en la casa de colonias de su familia, Can Burgarola».
Para la diputada, «el Govern» en minoría del PSC/PSOE «no está haciendo absolutamente nada, y los grupos parlamentarios se dedican a bloquear todas las propuestas para indagar y poder esclarecer el tema, llegando incluso una diputada de ERC a decir que pedir explicaciones a la DGAIA era dar alas a la extrema derecha».
Un ejemplo es el caso «flagrante» conocido recientemente de la niña de 12 años que fue violada reiteradamente durante dos años consecutivos, una menor que estaba a cargo de la DGAIA y que «ha quedado desprotegida».
Desde VOX consideran que lo que se debería hacer es «desmantelar» la DGAIA: «Con todo lo que está pasando, hay que limpiar absolutamente todo, coger el toro por los cuernos y mirar con lupa todas estas entidades que se están lucrando a costa de estos niños».
