Zurdos y antiEspaña rechazan la enmienda de VOX contra Amnistía

0
39
FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 10 DE ENERO DE 2024. La portavoz del Grupo VOX Congreso de los Diputados, María José Rodríguez de Millán Parro. El Pleno del Congreso de los Diputados se ha reunido este miércoles, en una sesión extraordinaria celebrada en el Senado. En el orden del día se incluye el debate y la votación sobre la convalidación o derogación de tres reales decretos-leyes. También se decide sobre el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y se celebra el debate de totalidad de la proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Madrid (Reino de España), miércoles 10 de enero de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- Los zurdos y antiEspaña rechazan la enmienda de VOX contra Amnistía ilegal e inconstitucional, concretamente, los socios de la investidura de Pedro Sánchez Pérez-Castejón han rechazado los textos alternativos de VOX y PP a la llamada «Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional; política y social en Cataluña» con la que el sanchismo va a borrar el delito de sus compinches enemigos de España y de la libertad.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles las enmiendas a la totalidad de texto alternativo presentadas por los Grupos Parlamentarios VOX y Popular a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Al haber superado este debate, la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista continúa su tramitación en ponencia, comisión y Pleno.

El texto alternativo del Grupo VOX ha quedado rechazado con 33 votos a favor y 309 en contra. El presentado por el Grupo Popular, que se sometió a votación pública por llamamiento, también fue rechazado al recibir 171 votos a favor y 178 en contra.

El objeto de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía, cuya toma en consideración fue aprobada en el Pleno del 12 de diciembre y que prosigue con su tramitación parlamentaria, es «dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro», tal y como argumenta el grupo proponente en la exposición de motivos.

De esta manera, la Proposición señala que la amnistía «se configura en el ordenamiento como un medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales» y persigue «un interés general, como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas».

El texto, del Grupo Socialista, se estructura en 16 artículos -agrupados en tres títulos-, dos disposiciones adicionales y una disposición final. Su Título I recoge el ámbito objetivo, que consiste en amnistiar los «actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2013». También quedan amnistiadas otras acciones, desarrolladas en el mismo artículo, «que fueran cometidas entre las fechas mencionadas, aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración».

Textos alternativos

La primera enmienda de totalidad en debatirse y votarse durante el Pleno de hoy, por orden de presentación, ha sido la de VOX, que exponía en su texto alternativo que «el orden constitucional debe dotarse de medios que, con toda firmeza, aseguren la subsistencia de la base social y moral que le sirve de fundamento».

Así, el texto «propone que el Código Penal prevea, con el carácter expreso que exige la legislación criminal, la acción de negociar con personas condenadas judicialmente, o procesadas o sustraídas a la acción de la Justicia por alguno de los delitos sancionados en los títulos XXI, XXII o XXIII del Libro II del Código Penal». Además, incluye «límites a la actividad de los partidos políticos el respeto a la unidad y la soberanía de España, así como no atentar contra su integridad territorial. Los partidos que transgredan esos límites (¿) deben ser considerados ilegales e incursos en causa de disolución».

El Grupo Popular justifica su enmienda en que la Proposición «constituye una enmienda a la totalidad del Poder Judicial, convirtiéndose en la punta de lanza de la continua amenaza a la independencia de dicho Poder».

El texto proponía modificar la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, creando un nuevo capítulo bajo el rótulo «Deslealtad Constitucional», que castigaría «con penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años la autoridad o funcionario público» que «declare la independencia de una parte del territorio nacional o su integración en otro Estado o realice actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración». El proponente incluye en el artículo 547 de dicha ley que cuando «una persona jurídica sea responsable de cualquiera de los delitos establecidos en este Capítulo se le impondrá la pena de disolución».

Tramitación parlamentaria

Al haber superado el debate de totalidad, el texto vuelve a la Comisión de Justicia, que «nombrará en su seno uno o varios ponentes para que, a la vista del texto y de las enmiendas presentadas al articulado, redacte un informe en el plazo de quince días». Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el debate en Comisión (artículos 113 y 114 del Reglamento).

Al tratarse de una proposición de ley orgánica, su aprobación exige mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Si se aprueba, el texto será remitido al Senado, y si, por el contrario, «no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes».