Empresariado catalán, preocupado por incertidumbres que genera el referéndum ilegal de 1-O

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CATALUÑA (ESPAÑA), 27.09.2017. El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joaquín Gay de Montellá, habla en el marco del acto de firma de un convenio con la Cámara de Comercio, Industrias, y Agricultura de Panamá (CCIAP) hoy, miércoles 5 de julio de 2017, en Ciudad de Panamá. Gay de Montellá, dijo hoy a Efe que "aún hay espacio" para el diálogo en Cataluña y que los gobernantes deben tener la capacidad de negociar "pese a las distancias". Efe.

Agencias – El empresariado catalán vive con preocupación e inquietud el clima político y social que se vive a las puertas del referéndum ilegal del 1 de octubre por la incertidumbre que rodea esta convocatoria, suspendida por el Tribunal Constitucional y que el Govern, aún así, se propone llevar adelante. Barcelona (España), miércoles 27 de septiembre de 2017. Fotografía: CATALUÑA (ESPAÑA), 27.09.2017. El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joaquín Gay de Montellá, habla en el marco del acto de firma de un convenio con la Cámara de Comercio, Industrias, y Agricultura de Panamá (CCIAP) hoy, miércoles 5 de julio de 2017, en Ciudad de Panamá. Gay de Montellá, dijo hoy a Efe que «aún hay espacio» para el diálogo en Cataluña y que los gobernantes deben tener la capacidad de negociar «pese a las distancias». Efe.

Aunque la impresión general en el empresariado es que el referéndum no tendría validez legal al estar suspendido, grandes empresas de diversos sectores económicos cuentan con planes de contingencia ante eventuales acontecimientos inesperados, según han admitido fuentes empresariales consultadas por Efe.

No obstante, ninguna gran empresa admite abiertamente que dispone de un «plan B» ante tesituras inesperadas, y optan estas semanas por la más absoluta discreción, si dejar de seguir los recientes acontecimientos con preocupación.

«Vienen unos días complejos y difíciles hasta el día 1. Habrá más tensión», confesaba hace unos días Joaquim Gay de Montellà, presidente de la principal patronal, Foment del Treball, quien proponía a la clase política un nuevo Estatut votado en referéndum en 2019.

Este nuevo Estatut recogería demandas como el reconocimiento de la identidad catalana, un pacto fiscal, más inversiones del Estado y vía libre a que Cataluña tenga representación propia en organismos internacionales y competiciones deportivas.

Más allá de estas declaraciones, la principal patronal catalana ha optado durante las últimas semanas por evitar pronunciamientos públicos hasta pasado el 1 de octubre, convencida de que quizá no tenía sentido hacer un nuevo llamamiento al diálogo entre el Gobierno y la Generalitat constatados los últimos acontecimientos.

También han guardado silencio estos días organizaciones como la Cámara de Comercio de Barcelona o el Cercle de Economía, un potente lobby empresarial que preside Juan José Brugera y en el que están representadas las principales empresas catalanas.

Un motivo de preocupación para la clase empresarial presente en Cataluña es, según las fuentes consultadas, la falta de diálogo entre Gobierno y Generalidad para resolver el contencioso, así como la imagen de falta de seguridad jurídica que puede estar dando Cataluña como consecuencia de este conflicto institucional.

Una de las pocas voces que sí se ha pronunciado abiertamente es el presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, Jaime Malet, que recientemente alertó, en declaraciones a Efe, de que «muchas compañías» tienen «preparados» planes de contingencia para cambiar las sedes sociales de Cataluña a otras zonas de España en función de lo que suceda el 1 de octubre.

«El día en que un empresario reciba una carta que diga que las retenciones del IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades y las pensiones se tienen que pagar tanto en un lado como en otro habrá muchísimos empresarios, pero no americanos, sino de todo tipo, que lo tienen además preparado, que deslocalizarán sus sedes sociales y se irán a Madrid, a Bilbao, a Sevilla o adonde sea», avisó.

En este sentido, el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, aseguró días atrás que no se estaban produciendo movimientos empresariales «de forma efectiva» en respuesta a la tensión política en Cataluña, pero indicó que podía haber «gente» en el mundo económico preparando planes «de contingencia».

Por el momento, la situación política no está penalizando a las cotizadas catalanas, en buena parte, según las fuentes consultadas, porque los mercados no consideran por ahora la independencia de Cataluña como un escenario real.

En esta línea, desde el gobierno catalán se ha insistido en que la economía catalana no está sufriendo las consecuencias del denominado «proceso soberanista» y el vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha lanzado en diferentes foros el mensaje de que no existe ningún tipo de deslocalización de empresas en Cataluña, sino todo lo contrario.

Sin embargo, estas fuentes empresariales avisan que la incertidumbre jurídica y el clima de tensión generados en las últimas semanas pueden pasar factura a medio plazo en Cataluña.

De hecho, esta cuestión se ha colado en los informes periódicos que elaboran entidades internacionales como el banco de inversión estadounidense JP Morgan, que considera que la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña podría ofrecer una «ventana de oportunidad al diálogo» tras el 1 de octubre y abrir un nuevo canal de comunicación entre los gobiernos de Madrid y Barcelona.

La agencia de calificación Moody’s, por su parte, ha advertido sobre las consecuencias negativas para la economía catalana y española que tendría el proceso secesionista, un escenario que no cree que se vaya a producir y que sería irracional.

A través de Pimec, la pequeña y mediana empresa catalana ha defendido la conveniencia de un «referéndum acordado» con el Gobierno central y también de «cumplir con la legalidad» ante el referéndum del 1 de octubre.

No obstante, medio centenar de entidades sectoriales catalanas, entre ellas FemCAT, CECOT o el Centro Metalúrgico, han expresado su «apoyo incondicional» al proceso iniciado por el gobierno catalán y su compromiso a respetar el resultado del referéndum, «sea cual sea».