Efe – Dos años después de un 1-O que anocheció con centenares de heridos, la justicia sigue investigando las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, sin aclarar aún quién las planificó, mientras dirime si la cúpula de Mossos incumplió la orden de impedir el referéndum con una laxa intervención ante la votación. Barcelona (España), lunes 30 de septiembre de 2019.
Apenas cinco páginas tenía el auto en el que, en vísperas del 1-O, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas ordenaba a los tres cuerpos policiales «aunar fuerzas» para actuar conjuntamente e impedir el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.
«Ello pasa, necesariamente, por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, sin afectar a la normal convivencia ciudadana», añadía Armas, en una frase a la que la dirección de los Mossos d’Esquadra se aferró para defender el diseño de su dispositivo para el 1-O: enviar a binomios de agentes uniformados a levantar acta a los centros de votación. De esa forma, sostienen, lograron clausurar sin incidentes unos 400 locales.
La Fiscalía vio en esa planificación policial una complicidad de los Mossos con los planes unilaterales del Govern hacia la independencia, de la que responsabilizó al «mayor» Josep Lluís Trapero, cesado con el 155 y que será juzgado el próximo mes de enero en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión, junto a una de sus intendentes y la cúpula del Departamento de Interior.
Paralelamente, juzgados de toda la geografía catalana abrieron investigaciones por el papel de los Mossos en el referéndum -llegaron a contabilizarse casi una veintena, la mayoría instigadas por denuncias de particulares-, lo que ha llevado a decenas de agentes a desfilar ante el juez imputados por desobediencia.
La mayor parte de esas investigaciones por desobediencia han acabado archivadas, pero otras siguen cerniéndose sobre mandos de la policía autonómica: en Cornellà (Barcelona) es investigada la que fuera la cúpula de Mossos el 1-O, incluido el jefe en la etapa del 155 Ferran López, y en Sabadell (Barcelona) la ahora comisaria superior Cristina Manresa.
La suerte que corran esas investigaciones dependerá, en buena medida, de los hechos que el Tribunal Supremo considere probados en su sentencia del «caso procés», una causa en la que la Fiscalía sitúa a los Mossos d’Esquadra, bajo la dirección del exconseller de Interior Joaquim Forn, como uno de los pilares de la hoja de ruta unilateral.
Frente a la delicada intervención de la policía catalana, la contundencia exhibida por la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a la votación: tras verse abandonados por los Mossos, adujeron los responsables de ambos cuerpos en el Supremo, enviaron a reprimir el referéndum a sus antidisturbios, abocados a abrirse paso entre votantes hostiles ante los que no tuvieron más opción que cargar.
Son varias las investigaciones judiciales que suscitó la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el 1-O, centradas principalmente en los juzgados de Barcelona, Manresa (Barcelona), Amposta (Tarragona) y Girona, unas pesquisas que en total abarcan a cerca de 80 agentes investigados.
Las declaraciones judiciales de los imputados no han servido para aclarar quién diseñó el dispositivo policial y ordenó las cargas, que se iniciaron a primera hora de la mañana en centros de votación de toda Cataluña -algunos de gran peso simbólico, como el pabellón municipal de Sant Julià de Ramis (Girona) donde debía ir a votar Carles Puigdemont- y se interrumpieron a mediodía, con numerosos centros de votación todavía abarrotados.
Tampoco arrojaron luz sobre ese asunto los responsables políticos del Ministerio de Interior que fueron interrogados en el juicio del «procés», desde el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, el coronel Diego Pérez de los Cobos que coordinó el dispositivo de seguridad contra el 1-O o el propio exministro de Interior Juan Ignacio Zoido, que atribuyó las decisiones sobre las cargas a un genérico «los operativos».
Por su parte, en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, donde la investigación está más avanzada, los policía nacionales investigados afirmaron recibir instrucciones de un centro de coordinación, que denominaron «Jefatura de Unidad de Intervención», pero sin especificar quién lo integraba.
Ello ha motivado la imputación de ocho inspectores jefe de la Policía Nacional que dirigieron los dispositivos, por orden de la Audiencia de Barcelona, que a raíz de un recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona obligó al juez a investigar las directrices que se dieron a los agentes.
En la resolución que obligó a imputar a los inspectores -pendientes de declarar ante el juez-, la Audiencia exige aclarar si la Policía Nacional se limitó a cumplir «lo estrictamente ordenado por el TSJC» para impedir el referéndum o si hubo una «utilización desproporcionada de la violencia» contra los votantes.
Convertida ya en jornada épica de las movilizaciones independentistas, el 1-O concluyó con centenares de partes de lesiones en los juzgados -la Generalitat cifró el número de afectados en más de un millar, balance que el Gobierno cuestionó- y un sinfín de imágenes de incidentes que sirvieron de munición, tanto a acusaciones como a defensas, en el juicio del «procés».
